La crisis institucional del Puerto Quequén excede la continuidad de una concesión vencida. El mismo directorio que otorgó sucesivas prórrogas a Terminal Quequén SA terminó eligiendo entre sus propios integrantes a las autoridades encargadas de conducir y administrar el consorcio de gestión, mientras la prometida licitación internacional permanece sin fecha concreta.

La concesión del elevador de la ex Junta Nacional de Granos, entregada por treinta años en 1992, venció en noviembre de 2022. Desde entonces, la empresa continuó operando mediante extensiones sucesivas. La última fue aprobada por dieciocho meses, desde el 1 de junio de 2026 hasta fines de 2027, bajo el argumento de ejecutar obras urgentes y terminar los pliegos licitatorios.

Ese mismo cuerpo designó como presidente interino a Mariano Carrillo, representante del sector gremial, y le asignó además funciones gerenciales dentro del organismo. También promovió al director Gustavo Gavilán, secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento, como gerente operativo del puerto.

Gustavo Gavilán y Mariano Carrillo.

Una conducción elegida por los sectores beneficiados

El punto central es quiénes participaron de esas decisiones. Entre los integrantes del directorio se encuentra Daniel Arce, vinculado ejecutivamente con Terminal Quequén SA y representante de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios; Alejandro Gallego, representante de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y ligado a Glencore; y Mario Goicoechea, representante del Centro de Navegación.

Los tres aparecen mencionados en cuestionamientos históricos por sus relaciones con los sectores que explotan comercialmente la terminal. El proyecto de ley presentado en 2022 por la entonces diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui denunció expresamente que Terminal Quequén realizaba un “importante lobby” dentro del directorio para continuar con la explotación directa del elevador.

La iniciativa identificaba a Arce como gerente de Terminal Quequén, a Gallego como directivo de Glencore —accionista de la operadora— y a Goicoechea como representante de la actividad portuaria. También cuestionaba las “muy acotadas inversiones” realizadas por la sociedad durante treinta años de explotación y advertía que recién había presentado proyectos cuando se aproximaba el vencimiento contractual.

Según fuentes del sector, Carrillo se desempeñaba entonces como asesor de Sánchez Jáuregui, quien además es su pareja. Cuatro años después, fue elegido presidente interino por un directorio integrado por algunos de los actores cuestionados en aquella presentación legislativa.

La paradoja política es evidente: el espacio que en 2022 denunció el lobby de Terminal Quequén terminó administrando el organismo que le garantizó a la empresa varios años adicionales de explotación.

Un puerto sin representante formal de la provincia

La situación también expone la ausencia de una conducción política definida por el gobernador Axel Kicillof. De acuerdo con la estructura institucional del consorcio, la presidencia corresponde al representante del gobierno bonaerense. Sin embargo, Carrillo no fue designado por el poder ejecutivo como presidente permanente, sino elegido interinamente por los propios directores.

En los hechos, la provincia carece de un representante titular designado por el gobernador en uno de sus principales puertos cerealeros. Carrillo reconoció públicamente que su legitimidad institucional es diferente y que, por su carácter provisorio, necesita consultar con las autoridades bonaerenses antes de aprobar los pliegos de la concesión.

La presidencia interina fue avalada por la subsecretaría de Asuntos Portuarios, conducida por Juan Cruz Lucero. De esta manera, el gobierno provincial convalidó una conducción surgida del voto de los representantes privados, gremiales y empresariales que integran el directorio, pero no resolvió la acefalía mediante la designación de una autoridad permanente.

Un informe de La Tecla destacó que siete de los nueve directores representan cámaras, empresas, cooperativas o sindicatos relacionados con la actividad portuaria. El trabajo recogió denuncias por posibles conflictos de intereses y por la participación de Arce tanto en la concesionaria como en el organismo que interviene en sus prórrogas.

Los pliegos que llevan cuatro años sin terminarse

Las autoridades del consorcio sostienen que la licitación internacional es compleja y que requiere estudios técnicos, económicos y financieros especializados. Durante la presidencia de Jimena López se anunció incluso la contratación de una consultora internacional para trabajar sobre el proceso.

Sin embargo, fuentes con experiencia en la administración portuaria recuerdan que los pliegos para la concesión del Sitio 0, iniciada en 2012, fueron elaborados por personal técnico del propio consorcio. Ese antecedente alimenta las dudas sobre las razones por las cuales, pese a haber conocido durante treinta años la fecha exacta de vencimiento, la provincia no logró convocar a una nueva licitación entre 2022 y 2026.

La demora cobra mayor relevancia porque el proyecto de Sánchez Jáuregui ya advertía cuatro años atrás sobre el deterioro de las instalaciones, las limitaciones operativas y la falta de inversiones significativas. El documento señalaba que solo el muelle 4/5 contaba con una cinta de embarque adecuada para las necesidades actuales, pese a que el elevador dispone de dos sitios de atraque.

Por lo tanto, el estado de la infraestructura no apareció con el derrumbe de enero de 2026. Era una situación conocida antes del vencimiento de la concesión y había sido utilizada por dirigentes del propio oficialismo para reclamar que la explotación pasara a manos estatales.

La contradicción entre el derrumbe y la habilitación nacional

Carrillo justificó la última prórroga de dieciocho meses en la falla estructural registrada el 27 de enero, cuando cedió una pared exterior del silo número 1. Según explicó, el episodio obligó a revisar los pliegos y a incorporar obras urgentes que alteraron la ecuación económica de la futura concesión.

Pero pocas semanas después, el propio presidente interino presentó la habilitación definitiva otorgada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación como una certificación de que el puerto había completado sus obras estructurales y cumplía con las condiciones técnicas, operativas y de infraestructura exigidas.

En declaraciones publicadas por La Nación, Carrillo afirmó que el superávit operativo permitió realizar las obras necesarias y que, por primera vez, el puerto tenía “todos los papeles completamente ordenados”. La habilitación nacional fue concedida mediante la resolución 39/2026 y comprendió tanto al complejo portuario como a las terminales que funcionan en su interior, entre ellas Terminal Quequén.

La documentación no necesariamente implica que cada silo se encuentre en condiciones óptimas ni elimina las necesidades de inversión a largo plazo. Sin embargo, deja una contradicción política que las autoridades deberán explicar: si las instalaciones estaban tan deterioradas como para justificar una extensión de dieciocho meses, resulta llamativo que la habilitación haya sido promocionada como el reconocimiento al mantenimiento, las mejoras estructurales y los estándares operativos de la gestión.

Y si las condiciones de infraestructura fueron subsanadas antes de la resolución nacional, tampoco está claro por qué ese problema impide actualmente avanzar con la licitación.

Juan Cruz Lucero, titular del área de Asuntos Portuarios bonaerense.

Publicidad oficial y construcción de un relato exitoso

En paralelo con los cuestionamientos, la conducción desplegó una fuerte estrategia de comunicación para promocionar los números operativos del puerto. La nota publicada por La Nación destacó que Quequén movilizó más de 3,7 millones de toneladas durante el primer semestre, atendió a 154 buques y comenzó a incorporar cargas vinculadas con el proyecto Vaca Muerta Sur.

Las estadísticas son positivas: el volumen creció un 0,62 por ciento frente al mismo período de 2025, el girasol aumentó un 212,4 por ciento y el trigo un 32,6 por ciento. Sin embargo, estos resultados comerciales no responden los cuestionamientos institucionales sobre la concesión, la falta de licitación, la integración del directorio ni el control de las inversiones obligatorias.

Fuentes portuarias denunciaron además una elevada inversión en propaganda y presencia en medios nacionales. También señalaron que algunos gastos comunicacionales podrían canalizarse mediante una cooperativa contratada por el consorcio. Hasta el momento, no se difundió documentación que permita determinar los montos, los proveedores finales ni el mecanismo utilizado, por lo que ese punto requiere acceder a las órdenes de publicidad, facturas y contratos guardadas bajo siete llaves.

Axel Kicillof.

Kicillof sostiene un esquema cuestionado desde 2022

El conflicto ya no puede atribuirse a un episodio imprevisto ni a una demora administrativa menor. La provincia conocía desde 1992 la fecha de finalización del contrato, recibió advertencias sobre la falta de inversiones antes de su vencimiento y tuvo casi cuatro años para organizar una nueva convocatoria.

Mientras tanto, Terminal Quequén continúa operando el elevador, el directorio que aprobó las prórrogas designó a sus propias autoridades ejecutivas y el gobierno de Kicillof mantiene una presidencia interina elegida por los mismos sectores que participan del negocio portuario.

En 2022, Sánchez Jáuregui sostuvo que la explotación privada había avanzado sobre un bien del patrimonio público sin generar beneficios proporcionales para Necochea y Quequén. Su proyecto proponía que las utilidades de una empresa estatal se destinaran a hospitales, obras viales, mitigación ambiental y mejoras productivas.

Cuatro años después, aquella propuesta quedó archivada. Su entonces asesor y actual pareja conduce el consorcio que volvió a extender el contrato de la empresa cuestionada. La licitación sigue pendiente, la provincia continúa sin designar un presidente permanente y quienes debían controlar el negocio terminaron concentrando también la administración del puerto. (www.REALPOLITIK.com.ar)