El organismo de contralor detectó falta de seguimiento sobre los bienes adquiridos para la transformación digital del sistema sanitario. Además, recomendó establecer controles sobre un programa administrado por fundación Escuela Medicina Nuclear (FUESMEN), fundación que tiene al ministro Rodolfo Montero como vicepresidente.
El Tribunal de Cuentas de Mendoza detectó que el ministerio de Salud y Deportes del gobierno de Alfredo Cornejo no realizó un seguimiento posterior de los bienes adquiridos y distribuidos en el marco del Programa para la Transformación Digital del Sistema Sanitario, una iniciativa que durante 2024 recibió fondos por más de 1.626 millones de pesos.
La observación aparece en el fallo 18.315, que analizó la gestión administrativa, financiera y patrimonial de la cartera encabezada por Rodolfo Montero. Allí, la auditoría señaló expresamente la “falta de seguimiento posterior a la entrega de los bienes por parte del ministerio de Salud y Deportes”.
La advertencia implica que existían actas que acreditaban la distribución de los equipos entre distintos efectores sanitarios, pero no se encontró un control posterior suficiente sobre su instalación, funcionamiento, custodia y registro dentro del patrimonio provincial.
El programa se ejecutó mediante un convenio entre el ministerio de Salud y la fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN), entidad que quedó a cargo de administrar los recursos destinados a la digitalización sanitaria.
Para 2024 se presentó un plan de inversión por 3.079.713.000 pesos. De ese total, el gobierno provincial autorizó 1.626.800.000 pesos, abonados a través de dos órdenes de pago: una por 1.100 millones y otra por 526,8 millones.
El Tribunal también examinó un expediente de rendición que comprendía gastos por 740.639.439,84 pesos. De este modo, entre los fondos autorizados y los gastos incluidos en esa rendición existe una diferencia de 886.160.560,16 pesos.
Esa diferencia podría corresponder a fondos pendientes de ejecución o a rendiciones posteriores. Sin embargo, el documento publicado tampoco explica cuál era su situación, dónde permanecían los recursos ni cuándo debía completarse su justificación.

La gravedad del hallazgo no se limita a la ausencia de seguimiento físico de los equipos. El Tribunal de Cuentas consideró necesario recomendar al ministerio de Salud que reglamentara procedimientos destinados a garantizar: el cumplimiento de los objetivos del programa; la correcta ejecución de los fondos; la rendición de cuentas en tiempo y forma; y la incorporación de los bienes adquiridos al patrimonio estatal.
La recomendación resulta significativa porque el programa ya llevaba ejecutados más de 1.626 millones de pesos. Es decir, después de transferir los recursos y distribuir parte del equipamiento, todavía debían formalizarse mecanismos esenciales para controlar su destino.
El decreto reglamentario y el convenio con FUESMEN establecían que el ministerio debía revisar, controlar y rendir todos los fondos destinados al programa, incluso aquellos administrados por la fundación o por otras entidades públicas y privadas.
Sin embargo, la auditoría comprobó que ese control no había alcanzado al seguimiento posterior de los bienes.

El hallazgo adquiere mayor relevancia institucional porque el ministro Rodolfo Montero, máximo responsable político del organismo encargado de controlar el programa, también ocupa la vicepresidencia del consejo de administración de FUESMEN, la fundación que administra los fondos.
La conducción de la entidad está encabezada por Sergio Mosconi como presidente y Montero como vicepresidente. También la integran Germán Guido Lavalle, María Teresa Damiani, Roberto Miguel Miatello y Ariel Fabián Herrera.
La composición expone una superposición sensible: el funcionario que conduce el ministerio responsable del control también forma parte de la dirección de la organización controlada.
Como revisores de cuentas de la fundación figuran Sebastián Bucemi Roldán, Daiana Jael Lorca y Cecilia Inés Asensio, mientras que la gerencia general está a cargo de Sebastián Parisi.
Este entramado complementa la observación central del Tribunal: los controles sobre los fondos y los bienes no funcionaron de manera suficiente, en un esquema donde las autoridades del ministerio de Salud y FUESMEN mantienen una estrecha vinculación institucional.

Pese a señalar la falta de seguimiento y recomendar la reglamentación de nuevos procedimientos de control, el Tribunal que preside Néstor Parés afirmó que el informe de auditoría había sido producido “sin observaciones”.
Finalmente, aprobó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024 y liberó de cargo a los funcionarios intervinientes, dentro del alcance de la documentación presentada.
El organismo no ordenó una inspección física integral de los equipos, no estableció un plazo concreto para implementar los procedimientos recomendados y tampoco exigió que se precisara públicamente la situación de los fondos todavía no incluidos en la rendición examinada.
La documentación deja así una conclusión difícil de disimular: el ministerio de Salud de Mendoza ejecutó un programa multimillonario de digitalización, pero no pudo acreditar un seguimiento posterior suficiente sobre los bienes adquiridos. Y aunque el Tribunal de Cuentas reconoció esa falla, terminó aprobando las cuentas y liberando de responsabilidad a los funcionarios. (www.REALPOLITIK.com.ar)