Mientras el debate se concentra en los tributos nacionales, provincias y municipios incrementan una carga fiscal que deteriora la competitividad, desalienta inversiones y termina afectando el empleo y el crecimiento.

Cada vez que se habla de la presión tributaria en la Argentina, el debate suele concentrarse en los impuestos nacionales: IVA, Ganancias, derechos de exportación o el impuesto al cheque. Sin embargo, existe una parte de la carga fiscal que rara vez ocupa el centro de la discusión pública y que, en muchos casos, termina siendo decisiva al momento de invertir, producir o generar empleo.

La otra cara de la presión fiscal

Mientras el gobierno nacional avanza con una agenda orientada a estabilizar la economía, reducir el déficit y recuperar la competitividad, en numerosas provincias y municipios persiste una estructura de impuestos, tasas y contribuciones que incrementa el costo de producir, encarece las exportaciones y desalienta nuevas inversiones.

La pregunta es sencilla: ¿puede una provincia o un municipio espantar inversiones y contribuir al desempleo? La respuesta es sí.

Con frecuencia, el foco del debate económico se posa sobre las decisiones del gobierno nacional. Sin embargo, muchas veces son los gobiernos provinciales y municipales los que terminan inclinando la balanza a favor o en contra de una inversión. Cada punto adicional de presión fiscal reduce la rentabilidad esperada y, en un mundo donde el capital puede elegir entre distintos destinos, esa diferencia termina siendo determinante.

Los datos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrecen una señal que merece atención. La enorme mayoría de los proyectos presentados se concentra en energía y minería, sectores con márgenes de rentabilidad suficientemente elevados como para absorber una carga tributaria superior. En cambio, la industria manufacturera, la siderurgia y la infraestructura muestran una participación prácticamente marginal.

Los gráficos permiten advertir una realidad elocuente. Allí donde la rentabilidad es extraordinaria, las inversiones logran soportar una mayor carga impositiva. Pero en los sectores donde los márgenes son más ajustados, cada impuesto provincial, cada tasa municipal y cada costo adicional pueden transformar un proyecto viable en uno inviable. En esos casos, la presión tributaria deja de ser un dato contable para convertirse en un factor determinante de la inversión, la producción y el empleo.

El caso de la Ford Everest ilustra con claridad esta realidad. La automotriz evaluó fabricar ese modelo en la planta de General Pacheco para abastecer mercados de exportación. Sin embargo, el proyecto fue descartado porque la estructura impositiva hacía inviable competir con otras plantas del mundo.

Según explicó Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, entre 12 y 15 puntos porcentuales del costo del vehículo correspondían a impuestos. Lo más significativo fue su composición: apenas una parte respondía a tributos nacionales, mientras que la mayor carga provenía de impuestos provinciales —especialmente Ingresos Brutos, cuyo efecto se acumula a lo largo de toda la cadena productiva— y de tasas municipales.

El resultado fue concreto: una inversión que pudo haberse radicado en la Argentina terminó realizándose en otro país. Con ella también se perdieron empleos, exportaciones, proveedores locales y oportunidades de crecimiento.

Ese episodio obliga a replantear una idea instalada. Cuando una inversión se pierde, el problema no siempre es la presión tributaria nacional. Muchas veces el verdadero obstáculo se encuentra en una estructura impositiva provincial y municipal que fue creciendo durante décadas, con escasa coordinación entre jurisdicciones y sin evaluar suficientemente su impacto sobre la competitividad.

La discusión ya no debería limitarse a cómo reducir impuestos nacionales. El verdadero desafío consiste en construir un federalismo competitivo, donde las provincias y los municipios comprendan que una inversión no se decreta: se conquista. Una empresa compara costos, infraestructura, seguridad jurídica, calidad institucional y carga tributaria antes de decidir dónde instalarse. Cada tasa innecesaria, cada impuesto distorsivo y cada trámite burocrático pueden significar una fábrica menos, cientos de empleos menos y millones de dólares que terminan cruzando la frontera.

En el siglo XXI, las provincias argentinas no compiten solamente entre sí. Compiten con Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y con cualquier otro país capaz de ofrecer mejores condiciones para producir. En esa competencia, la presión tributaria local puede ser tan determinante como el tipo de cambio, el costo laboral o la infraestructura.

Si la Argentina aspira a consolidar un proceso sostenido de crecimiento, la discusión sobre competitividad debe involucrar a los tres niveles del Estado. Porque los impuestos de los que menos se habla pueden ser, precisamente, los que más terminan condicionando el desarrollo económico. (www.REALPOLITIK.com.ar)