Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la alarmante situación del yacimiento Lomas de Olmedo en la provincia de Salta, donde un antiguo pozo perforado por YPF en 1983 sufrió un abandono irregular y genera emanaciones constantes de gases y fluidos contaminantes que matan la fauna local y desplazan a los pobladores.

"Es una tragedia en medio del monte, una zona de conservación especial con especies de árboles y aves vulnerables. El pozo quedó con una válvula que, por la presión de los gases, se soltó y emana hidrocarburos de forma terrible: hay más de 20 hectáreas de bosque prácticamente muerto y animales como zorros, caballos y aves que mueren al tomar contacto con el líquido", advirtió Cruz sobre la inacción estatal y corporativa.

En ese sentido, la especialista explicó que la exconcesionaria President Petroleum se declaró en quiebra tras las acciones administrativas iniciadas por la provincia, tras lo cual la gestión del yacimiento fue transferida a la empresa estatal salteña REMSa. "Remsa toma el manejo comercial por 24 meses, pero no se hace cargo de los pasivos ambientales preexistentes. Mientras esperan una nueva licitación, la situación sigue igual y ya se armó una laguna desde la que corre un arroyuelo de petróleo en medio del monte", enfatizó.

Riesgo de incendios y complicidad en el Norte 

Cruz alertó también sobre el peligro inminente ante las condiciones climáticas del lugar y la presencia de viento zonda. "Un productor de la zona comprobó que el residuo grasoso que queda en la tierra es puro combustible. Con la gran sequía que hay, una mínima chispa provocaría un incendio catastrófico", sostuvo, al tiempo que recordó precedentes similares sin respuesta judicial efectiva, como el pozo tres del yacimiento Caimancito dentro del Parque Nacional Calilegua.

Asimismo, la referente ambientalista vinculó este pasivo hidrocarburífero con el avance sistemático de los desmontes en el Gran Chaco argentino, apuntando contra las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa por la pérdida del ecosistema nativo y el avasallamiento de los derechos de las comunidades originarias. "Se avanza sobre zonas protegidas por ley con la complicidad de empresarios y gobiernos provinciales", criticó.

Por último, remarcó la urgencia de endurecer las sanciones legales para frenar la destrucción de los bienes naturales y la biodiversidad que sostienen el equilibrio ambiental en todo el país. "Nuestra campaña apunta a que tanto los desmontes como los incendios sean considerados un delito penal, porque son verdaderamente un crimen contra el ambiente y la humanidad", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)