Una resolución firmada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en marzo de 2024 volvió a quedar bajo análisis tras conocerse el recorrido posterior de una de las empresas beneficiadas. Se trata de Alfarma SRL, una droguería que recibió adjudicaciones por más de 38.227 millones de pesos en una licitación pública para abastecer de medicamentos a hospitales provinciales y que, meses después, fue sancionada por la propia administración bonaerense por incumplimientos contractuales.

Con el paso del tiempo, además, su nombre apareció mencionado en el contexto de las investigaciones judiciales que rodean al empresario Ariel García Furfaro y al caso del fentanilo contaminado.

La contratación quedó formalizada mediante la resolución 2083/2024, correspondiente a la licitación pública Nro. 99-0645-LPU23. El expediente fue firmado por el propio Kreplak y convirtió a Alfarma en una de las principales proveedoras del sistema sanitario bonaerense. El desarrollo posterior de los acontecimientos reabrió interrogantes sobre los mecanismos de selección, control y seguimiento de los proveedores del Estado.

El caso adquiere especial relevancia por la magnitud de los fondos comprometidos y porque el ministerio de Salud, tiempo después, reconoció oficialmente incumplimientos contractuales de la empresa. Esa secuencia alimentó cuestionamientos políticos hacia una cartera que administra uno de los presupuestos más importantes de la provincia de Buenos Aires y que concentra las compras de medicamentos para el sistema hospitalario público.

La discusión ya no se limita únicamente al proceso licitatorio. También alcanza a los controles posteriores, la respuesta administrativa frente a los incumplimientos y la continuidad del vínculo comercial entre el Estado bonaerense y una empresa que posteriormente quedó envuelta en uno de los escándalos sanitarios de mayor impacto de los últimos años.

Una adjudicación multimillonaria con la firma del ministro

El 21 de marzo de 2024, el ministerio de Salud bonaerense aprobó el resultado de una de las licitaciones más importantes del área sanitaria. A través de la resolución 2083/2024 se distribuyó la compra de medicamentos entre distintos proveedores, aunque una de las mayores adjudicaciones recayó sobre Alfarma SRL.

La empresa obtuvo contratos por 38.227.525.942 pesos, cifra que la posicionó entre las principales beneficiarias del procedimiento administrativo. La resolución fue suscripta por Nicolás Kreplak, máxima autoridad de la cartera sanitaria y responsable político del expediente.

La firma del ministro lo coloca en el centro de las explicaciones institucionales respecto de los criterios utilizados para adjudicar semejante volumen de recursos públicos, los antecedentes evaluados y los mecanismos previstos para controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el proveedor.

Axel Kicillof y Nicolás Kreplak.

Las sanciones que modificaron el escenario

Meses después de la adjudicación comenzaron a aparecer inconvenientes en la ejecución de los contratos. La provincia inició actuaciones administrativas por incumplimientos relacionados con la provisión de medicamentos destinados al hospital General San Martín.

Como resultado de ese procedimiento, la administración bonaerense dictó la resolución 88/2024, mediante la cual dispuso la suspensión de ALFARMA por seis meses en el registro de proveedores, además de aplicar penalidades administrativas y rescindir parcialmente contrataciones.

Ese antecedente modificó el escenario político. Llamativamente, la misma gestión que había adjudicado más de 38.000 millones de pesos terminó reconociendo oficialmente que la empresa incumplió parte de las obligaciones contractuales asumidas con el Estado.

Compras posteriores y nuevas preguntas

Pese a las sanciones administrativas, la relación comercial entre el ministerio de Salud y Alfarma no concluyó de inmediato. En septiembre de 2024, la disposición 352/2024 autorizó nuevas adquisiciones derivadas del mismo esquema licitatorio.

La resolución aprobó órdenes de compra por 5.383.400.000 pesos, continuidad que volvió a poner bajo observación las decisiones adoptadas por las áreas técnicas del gobierno de Axel Kicillof. La pregunta que comenzó a instalarse es por qué se mantuvieron operaciones vinculadas a un proveedor que ya había registrado incumplimientos reconocidos por la propia administración.

El episodio también podría derivar en pedidos de informes legislativos para reconstruir el expediente completo, identificar las recomendaciones técnicas que respaldaron cada decisión administrativa y conocer qué medidas adoptó el ministerio para garantizar el abastecimiento hospitalario tras las sanciones.

García Furfaro, el caso del fentanilo y el impacto político

La figura de Ariel García Furfaro terminó otorgándole una dimensión completamente distinta al expediente administrativo. El empresario quedó vinculado a distintas investigaciones judiciales y su nombre apareció asociado al escándalo nacional por el fentanilo contaminado, uno de los episodios sanitarios más delicados de los últimos años.

En ese contexto, Alfarma fue mencionada en distintas investigaciones periodísticas y judiciales por sus vínculos empresariales. No obstante, hasta el momento no existe una resolución judicial que establezca que la adjudicación firmada por Kreplak haya integrado las maniobras investigadas en la causa del fentanilo.

La diferencia resulta central desde el punto de vista jurídico. Los hechos comprobados son la existencia de la adjudicación, las sanciones administrativas posteriores y la continuidad parcial del vínculo contractual. Cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada exclusivamente por la Justicia, a partir de la evidencia incorporada en los expedientes correspondientes.

Mientras tanto, el costo político ya alcanzó al ministro bonaerense. La combinación de una contratación multimillonaria, incumplimientos reconocidos oficialmente, nuevas compras posteriores y la aparición de la empresa en investigaciones de alto impacto volvió a colocar bajo la lupa los mecanismos de contratación del sistema sanitario provincial. La principal incógnita ya no gira únicamente sobre la legalidad de la adjudicación, sino sobre la eficacia de los controles que el ministerio de Salud ejerció antes, durante y después de haber comprometido miles de millones de pesos de recursos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)