El Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP), uno de los proyectos productivos administrados por el Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza, acumuló durante dos ejercicios consecutivos irregularidades contables vinculadas con la venta de terrenos, el movimiento de fondos y la valuación de su patrimonio. Pese a las advertencias y a las multas aplicadas previamente, los funcionarios responsables continuaron dentro de la estructura durante el gobierno de Alfredo Cornejo.

Los fallos 18.182 y 18.357 muestran una secuencia que comenzó durante el último año de la administración de Rodolfo Suarez y continuó durante el primer ejercicio completo del nuevo mandato de Cornejo. Entre las anomalías aparecen ingresos y gastos mal expuestos, intereses no registrados, diferencias en la justificación del efectivo y terrenos vendidos que todavía figuraban dentro de la cuenta de lotes disponibles.

La continuidad no fue solamente institucional. Verónica Paveska, subdirectora de Administración, y Jorge Osvaldo Silva, jefe de Contabilidad, fueron multados por el Tribunal de Cuentas debido a las inconsistencias detectadas en la rendición de 2023. Sin embargo, ambos seguían firmando con esos mismos cargos los estados financieros del Fondo publicados oficialmente en julio de 2026.

Una diferencia de más de 10 millones que no pudo explicarse

En el análisis de las cuentas de 2023, la auditoría detectó errores en la determinación de resultados financieros y económicos, deficiencias en la registración de recursos y gastos extrapresupuestarios, proyectos o solicitudes de crédito que no figuraban en el sistema y atrasos en las gestiones judiciales contra deudores.

También encontró que no se habían registrado intereses obtenidos mediante una subasta pública del PASIP y que se había utilizado un coeficiente incorrecto para ajustar por inflación un plazo fijo de 95 millones de pesos.

El plazo fijo había sido constituido en noviembre de 2023, por lo que correspondía aplicar un coeficiente de 1,25. Sin embargo, el Fondo utilizó el índice de marzo, de 2,55. El error alteró el resultado por exposición a la inflación —RECPAM— y repercutió sobre el Estado de flujo de efectivo. 

Aunque los responsables corrigieron parcialmente los cálculos, la auditoría encontró una diferencia que continuó sin explicación: 10.272.868,54 pesos entre la variación neta del efectivo y las causas contables utilizadas para justificarla.

El fallo señaló que esa diferencia podía originarse en tres situaciones: egresos registrados por encima de lo correspondiente, pagos realizados con valores que no pertenecían al fideicomiso o ingresos asentados por debajo de los montos reales. El Tribunal no determinó cuál de esas hipótesis se produjo, pero concluyó que la irregularidad no había sido subsanada. 

Por esa razón, aplicó multas de 50 mil pesos a Paveska y Silva. Pese a ello, aprobó la rendición general y liberó de cargo al resto de los funcionarios alcanzados por la documentación examinada.

Las anomalías continuaron durante el gobierno de Cornejo

El ejercicio 2024 quedó íntegramente bajo el gobierno de Alfredo Cornejo, quien había asumido su segundo mandato no consecutivo en diciembre de 2023. El Fondo para la Transformación y el Crecimiento funciona dentro de la estructura económica y financiera provincial, mientras que la administradora actúa como fiduciaria del PASIP. 

Lejos de quedar resueltos, los problemas contables reaparecieron en la siguiente rendición. Esta vez, el Tribunal detectó inconsistencias en los recursos presupuestarios, diferencias en los ingresos cobrados y graves problemas en la registración de los terrenos del parque industrial.

Uno de los reparos estuvo vinculado con una caída de efectivo de 627.602.014,72 pesos. El Estado de flujo de efectivo presentado por el fideicomiso no permitía conocer de manera detallada las causas de esa variación.

Los responsables entregaron sucesivas correcciones, pero la auditoría volvió a encontrar errores en los coeficientes utilizados para calcular el ajuste por inflación. Recién la cuarta versión presentada fue considerada correcta.

El propio Tribunal cuestionó la reiteración de documentos defectuosos y afirmó que las sucesivas presentaciones generaron un significativo desgaste administrativo, porque cada una tuvo que ser nuevamente revisada por sus profesionales. Aun así, decidió no aplicar sanciones porque la última versión permitió subsanar el reparo. 

Ingresos cobrados que no figuraban en el presupuesto

La auditoría también encontró recursos que habían sido recaudados, pero no aparecían correctamente expuestos en la ejecución presupuestaria.

Una diferencia de 1.427.683,10 pesos correspondía a intereses ganados por préstamos. Otra, de 12.173.650,65 pesos, estaba vinculada con los denominados “Gastos a Recuperar”, es decir, erogaciones que el organismo afrontaba por cuenta de los tomadores de créditos y posteriormente les facturaba.

El Fondo defendió su registración como movimientos extrapresupuestarios. Sin embargo, la auditoría y el Tribunal rechazaron ese criterio y señalaron que esas operaciones debían formar parte del presupuesto.

“Existen recursos que no han sido expuestos en el Estado de ejecución del cálculo de recursos y financiamiento”, sostuvo el fallo. Además, recordó que la legislación provincial impide mantener cuentas al margen del presupuesto. 

La secretaría Relatora había sugerido aplicar una multa por estas irregularidades. El Tribunal volvió a optar por no sancionar, al considerar que no había recaudación pendiente de registración contable, aunque ordenó corregir el procedimiento para los ejercicios siguientes.

Terrenos vendidos que continuaban como disponibles

El punto más delicado aparece en la administración de los lotes del PASIP. Según el Tribunal, la cuenta denominada “Lotes a comercializar” contenía terrenos que ya habían sido vendidos y otros que tenían destinos específicos establecidos por ley.

La cuenta presentaba al cierre de 2024 un saldo de 3.880.333.253,91 pesos. La auditoría sostuvo que estaba sobrevaluada porque incluía más superficie de la que realmente permanecía disponible para la comercialización.

El Fondo había registrado inicialmente 159.547,48 metros cuadrados vendidos. Luego de las observaciones, reconoció que los terrenos comercializados sumaban en realidad 366.078,76 metros cuadrados, más del doble de lo informado originalmente.

La auditoría llegó a una cifra todavía superior: 383.826,61 metros cuadrados. La diferencia se relacionaba con lotes adjudicados, vendidos o entregados en posesión que todavía no habían sido escriturados ni dados de baja correctamente de la contabilidad. 

También se detectó que dentro de “Lotes a comercializar” permanecían registrados terrenos que, de acuerdo con la ley 9023, tenían otros destinos. Entre ellos figuraban un lote de 33.755,15 metros cuadrados destinado a un Centro Tecnológico y otro de 3.641,06 metros cuadrados comprometido para la municipalidad de General San Martín.

Los responsables argumentaron que mantenían esos inmuebles en la misma cuenta para distribuir sobre toda la superficie el costo de las obras del parque. La auditoría rechazó el criterio porque impedía diferenciar los terrenos efectivamente disponibles de aquellos ya vendidos, donados o afectados a otros usos.

Verónica Paveska. 

Una diferencia superior a los 103 millones

Las discrepancias también modificaron el cálculo del costo de los lotes vendidos. El Fondo había registrado un mayor costo de 39.654.459,58 pesos por las obras realizadas en el PASIP. La auditoría calculó que correspondía imputar 143.369.781,03 pesos.

La diferencia alcanzó los 103.715.321,45 pesos. Según el organismo de control, el Fondo había utilizado una superficie comercializable mayor y una cantidad de metros vendidos menor a la real, lo que reducía contablemente el costo asignado a las operaciones ya concretadas. 

El Tribunal concluyó que la cuenta contenía terrenos vendidos y lotes con otros destinos, y que los activos y resultados del fideicomiso no estaban correctamente valuados. Sin embargo, nuevamente evitó aplicar sanciones.

Como argumento, consideró que reconstruir las operaciones era complejo porque debían revisarse registros acumulados desde 2013. Finalmente, ordenó ajustar la contabilidad y reflejar la situación real de los terrenos pendientes de comercialización.

Los mismos responsables continuaron en funciones

La secuencia alcanzó a dos gobiernos radicales. Las irregularidades de 2023 corresponden principalmente al último año de Rodolfo Suarez, aunque la rendición y su regularización se extendieron durante la administración de Cornejo. Las inconsistencias de 2024 se produjeron enteramente bajo el actual gobernador.

Pero mientras cambió el titular del poder ejecutivo, los responsables técnicos permanecieron. Paveska y Silva fueron individualizados y sancionados por el Tribunal por la rendición de 2023. El Boletín Oficial de Mendoza todavía los mostraba en julio de 2026 como subdirectora de Administración y jefe del Departamento de Contabilidad del Fondo, respectivamente.

De este modo, el gobierno de Cornejo mantuvo dentro del organismo a los funcionarios multados y les permitió continuar interviniendo en la confección de sus estados financieros, aún después de que el Tribunal comprobara que las diferencias de 2023 no habían sido explicadas.

El fallo correspondiente a 2024 no publica la nómina completa de autoridades responsables, que permanece dentro de las actuaciones administrativas. Por eso, con la documentación disponible no puede atribuirse individualmente a Paveska y Silva cada irregularidad detectada durante ese ejercicio. Sí puede acreditarse que ambos continuaron ocupando funciones centrales en las áreas responsables de la administración y la contabilidad.

La combinación de los dos fallos deja al descubierto un problema que excede un error aislado: durante al menos dos años, el fideicomiso administró fondos y tierras con registraciones defectuosas, presentó sucesivas correcciones ante el Tribunal y mantuvo terrenos vendidos dentro de una cuenta de activos disponibles. Mientras tanto, los responsables sancionados siguieron integrando la estructura del Fondo bajo la conducción política del gobierno provincial. (www.REALPOLITIK.com.ar)