Raúl Montenegro, biólogo y presidente de la fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el violento desalojo a la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Misiones por orden del juez Roberto Antonio Sena, el retorno pacífico de las familias a sus tierras ancestrales y el impacto de las políticas extractivistas en el país.

"Es una comunidad que ya contaba con el relevamiento de la ley 26.160 que demuestra su ocupación ancestral. Sin embargo, un privado presentó una reclamación y el juez Sena dictó un desalojo violento e ilegal, ignorando la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y hasta las advertencias de la propia fiscalía provincial. Sacaron a las familias en camiones jaula en un contexto absolutamente cruel", denunció Montenegro.

Pese a la expulsión ordenada por el magistrado, la comunidad decidió resistir en el territorio. "El domingo, de forma totalmente pacífica y con respaldo nacional e internacional, la comunidad retornó a su lugar. Ahora le exigimos a la propia policía provincial que garantice la seguridad de las familias, que son las tenedoras legítimas y preexistentes de esa tierra", agregó.

Intereses corporativos y el debate por la Ley de Tierras 

El titular de FUNAM vinculó este caso con el avance de proyectos extractivos y forestales en detrimento del monte nativo. "Detrás de estos fallos hay una política extractivista que reemplaza la selva por pino de crecimiento rápido. Ya sufrieron embates ilegales de la pastera Arauco y ahora enfrentan a supuestos propietarios. En otros casos, como Tecuaimá o el Valle de Cuñapirú, logramos la restitución de miles de hectáreas tras años de lucha, y este debe ser el mismo camino", sostuvo.

En esa línea, el ambientalista enmarcó el conflicto en el contexto nacional y el intento del Ejecutivo de modificar la legislación ambiental y territorial. "El gobierno de Javier Milei busca pulverizar leyes históricas. Ya lo hizo con glaciares y ahora pretende eliminar los límites de la ley de Tierras para poner el país de remate a corporaciones extranjeras. Hay una amenaza real sobre los recursos hídricos y la soberanía", advirtió.

Por último, Montenegro convocó a la ciudadanía a movilizarse en defensa de los bienes comunes. "El próximo 6 de agosto va a haber manifestaciones en todo el país. Tenemos que demostrarle a los legisladores que no se puede entregar el territorio ni destruir el medio ambiente para satisfacer el negocio de unos pocos", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)