La crisis del sistema de salud bonaerense vuelve a mostrar una de sus caras más crueles. Mientras el gobierno de Axel Kicillof sostiene un discurso centrado en la defensa de la salud pública, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), conducido por Homero Giles, continúa acumulando deudas con prestadores que atienden a personas con discapacidad y dependen de esos recursos para garantizar servicios esenciales.

A fines de junio, REALPOLITIK reveló que el centro de día Cántaros, ubicado en Villa Elisa, se encontraba al borde del cierre como consecuencia de los atrasos del organismo provincial. La institución había advertido que no podía continuar afrontando salarios, traslados, combustible, alimentos y gastos de funcionamiento sin cobrar por las prestaciones ya realizadas.

Según pudo saber este medio, luego de que el caso tomara estado público, IOMA realizó un pago mínimo que permitió evitar el cierre inmediato. Sin embargo, la respuesta quedó lejos de resolver el problema: el organismo volvió a desaparecer, incumplió los compromisos asumidos y dejó nuevamente al centro en una situación límite.

Más de cien días sin cobrar

La nueva advertencia difundida por Cántaros es contundente: “IOMA adeuda más de 100 días de prestaciones”.

La institución deberá afrontar esta semana el pago de los salarios de sus trabajadores, pero asegura que actualmente no cuenta con los recursos suficientes para garantizar siquiera la alimentación diaria de sus concurrentes.

“No pedimos un favor: reclamamos el pago de un trabajo ya realizado”, expresaron desde el centro, que volvió a exigir una respuesta y un desembolso urgente.

El cuadro resulta especialmente grave porque Cántaros no brinda una prestación secundaria ni prescindible. Allí concurren diariamente 90 personas con discapacidad que necesitan acompañamiento, rehabilitación, alimentación y traslado. La falta de fondos amenaza tanto la continuidad de sus tratamientos como la estabilidad laboral del equipo que sostiene la institución.

Reuniones, promesas y nuevos incumplimientos

Ante la ausencia de soluciones, la dirección de Cántaros envió una carta al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, para advertirle que la situación alcanzó un “límite crítico”.

En el documento, las autoridades explicaron que durante todo julio concurrieron en reiteradas oportunidades a las oficinas de IOMA, mantuvieron reuniones y aceptaron distintas propuestas de pago formuladas por el organismo. “Actuamos con absoluta buena fe, convencidos de que los compromisos asumidos por ese organismo serían cumplidos. Lamentablemente, ninguna de esas propuestas se concretó”, señalaron.

De acuerdo con la presentación, IOMA todavía mantiene pendiente el pago correspondiente a abril de 2026, además de diferencias de enero, febrero y marzo, y otras prestaciones acumuladas desde 2025.

Pese a ese escenario, el centro nunca interrumpió la atención. Durante los últimos meses utilizó recursos propios para financiar salarios, combustible, mantenimiento de vehículos, seguros y todos los gastos necesarios para garantizar el servicio: “Ese esfuerzo ya no puede sostenerse”, advirtieron sus responsables.

Las instituciones terminan financiando al IOMA

El caso expone una modalidad que se repite entre los prestadores bonaerenses: las instituciones realizan las prestaciones, pagan a sus trabajadores, sostienen los traslados y afrontan los costos cotidianos, mientras el IOMA demora durante meses la cancelación de sus obligaciones.

En los hechos, centros de día, profesionales y transportistas terminan financiando con recursos propios a la obra social provincial. Cuando ese margen se agota, deben optar entre endeudarse, retrasar salarios o suspender servicios indispensables.

“No resulta aceptable que quienes cumplimos con nuestras obligaciones debamos financiar indefinidamente una prestación cuya responsabilidad de pago corresponde a IOMA”, remarcaron desde Cántaros.

La institución también advirtió que cada día de demora pone en riesgo la continuidad laboral de sus trabajadores y el derecho de los concurrentes a recibir las prestaciones que necesitan.

Cántaros solicitó al gobierno bonaerense un cronograma de pagos concreto y de efectivo cumplimiento. La aclaración no es menor: de acuerdo con la institución, las autoridades del IOMA ya formularon distintas promesas que nunca llegaron a materializarse.

Ante un nuevo silencio, sus responsables anticiparon que podrían encabezar una movilización hacia la sede del organismo para visibilizar la situación.

La medida involucraría a las personas con discapacidad que asisten al centro, sus familiares, los trabajadores y las instituciones que continúan prestando servicios pese a no recibir los pagos correspondientes: “No perseguimos privilegios ni beneficios extraordinarios. Exigimos únicamente el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a IOMA”, expresaron.

Homero Giles y Nicolás Kreplak.

El desastre del sistema sanitario bonaerense

La situación de Cántaros no aparece como un hecho aislado, sino como otro capítulo del deterioro que atraviesa el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Los afiliados del IOMA denuncian de manera recurrente interrupciones de tratamientos, cobros indebidos, dificultades para conseguir turnos, falta de cobertura, reintegros insuficientes y prestadores que dejan de atender por las deudas acumuladas.

Al mismo tiempo, las instituciones que trabajan con personas con discapacidad deben sostener durante meses prestaciones que el organismo provincial reconoce, pero no paga en tiempo y forma.

La contradicción es cada vez más difícil de disimular. Mientras el ministro Nicolás Kreplak reivindica públicamente el modelo sanitario bonaerense, la obra social que depende de su cartera deja a centros esenciales sin recursos para pagar salarios y comprar alimentos.

Por su parte, Homero Giles continúa al frente del IOMA pese a la sucesión de conflictos con afiliados, profesionales, clínicas y centros especializados. En el caso de Cántaros, el organismo realizó un desembolso mínimo cuando el cierre se volvió inminente, pero luego incumplió las promesas de regularización y volvió a dejar a la institución a la deriva.

El resultado concreto es que 90 personas con discapacidad vuelven a quedar amenazadas por una crisis que no provocaron. Sus familias dependen de un centro que hizo todo lo posible por continuar funcionando, mientras el organismo responsable de financiar las prestaciones dilata respuestas y traslada el costo de su desorden a los sectores más vulnerables.

La deuda del IOMA ya no puede presentarse como una demora administrativa. Cuando una institución no tiene dinero para alimentar a sus concurrentes ni para pagar los salarios de quienes los asisten, el incumplimiento se transforma en abandono. Y en la provincia gobernada por Axel Kicillof, ese abandono vuelve a recaer sobre quienes más necesitan del Estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)