La Administración General de Puertos llevó a la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un reclamo de facturas impagas vinculadas a trabajos de mantenimiento en los canales de acceso al Puerto de Buenos Aires, el Canal Sur y el área operativa relacionada con el Puerto Dock Sud. El expediente, identificado como CAF 17825/2020/CS1, no tuvo todavía una definición sobre el fondo del asunto, pero el máximo tribunal resolvió asumir competencia originaria y mantener abierta la discusión judicial.

La causa enfrenta a un organismo nacional con la administración bonaerense. De un lado aparece la Administración General de Puertos, que administra el Puerto Buenos Aires y la Vía Navegable Troncal, con tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento. Del otro, la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del entonces ministerio de Producción bonaerense y la dirección provincial de Actividades Portuarias, área vinculada al sistema portuario provincial y, particularmente, al Puerto Dock Sud.

El punto político sensible es que el hasta ahora silencioso reclamo no se originó durante la gestión de Javier Milei. El fallo de la Corte no identifica quién firmó la decisión administrativa de litigar ni incorpora la demanda original completa. Sin embargo, la carátula del expediente indica que la causa fue iniciada en 2020, durante el gobierno nacional de Alberto Fernández y la primera gestión bonaerense de Axel Kicillof. En aquel momento, la AGP estaba bajo la conducción de José Carlos Mario Beni, cuya designación como interventor fue luego limitada por el decreto 26/2024, que nombró en su reemplazo a Gastón Alejo Benvenuto.

Facturas impagas y mantenimiento portuario

Según surge de la resolución judicial, AGP demandó a la provincia de Buenos Aires para reclamar el pago de facturas que, según la empresa estatal, quedaron impagas tras trabajos de mantenimiento realizados en tramos comunes de los canales de acceso al Puerto de Buenos Aires y al Canal Sur.

El planteo apunta a que esas tareas también habrían beneficiado al Puerto Dock Sud, cuya administración corresponde a la jurisdicción bonaerense. En ese marco, la actora sostuvo que el gobierno de Axel Kicillof “no abonó las facturas correspondientes a los trabajos realizados”, pese a haberse beneficiado con el mantenimiento efectuado.

El expediente no consigna en la resolución analizada el monto exacto reclamado. Ese dato, según se desprende del propio fallo, estaría contenido en el escrito de demanda, que no forma parte del documento analizado por este medio. Lo que sí queda documentado es el objeto del conflicto: una demanda de AGP contra la provincia por facturas vinculadas a tareas de mantenimiento portuario.

Puerto Dock Sud

Los nombres del expediente

La AGP aparece representada en la causa por los abogados Maximiliano Damián Fernández, Gisela Romina Díaz, Silvana Paula Manzano y Brunilda Beatriz Lugano, además de la propia Administración General de Puertos SAU como parte actora. Por la provincia de Buenos Aires interviene el abogado Hernán Martín Castro.

También aparece en el trámite la procuración General de la Nación, con dictamen de la procuradora fiscal Laura Mercedes Monti, quien analizó la cuestión de competencia. Finalmente, la decisión fue adoptada por los ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La provincia de Buenos Aires no solo contestó la demanda, sino que opuso dos defensas centrales: incompetencia y prescripción. En otras palabras, discutió tanto el tribunal que debía intervenir como la vigencia temporal del reclamo de AGP.

El juez federal interviniente entendió que el caso correspondía a la competencia originaria de la Corte Suprema, por tratarse de una controversia entre una entidad nacional con derecho al fuero federal y una provincia. La procuración General dictaminó en el mismo sentido, y el máximo tribunal terminó aceptando ese criterio.

La Corte declaró que la causa corresponde a su competencia originaria, pero no resolvió todavía si la provincia debe pagar. Además, decidió diferir el tratamiento de la prescripción para el momento de dictar sentencia definitiva. Es decir: la discusión sobre si el reclamo está vencido o no quedó abierta para más adelante.

Javier Milei y Alberto Fernández.

Un conflicto heredado que sigue abierto

El dato de contexto es clave: la demanda nació durante una etapa de alineamiento político entre nación y provincia. Sin embargo, el expediente sigue vivo bajo otro escenario: Javier Milei conduce hoy el gobierno nacional, mientras Kicillof continúa al frente de la gestión bonaerense.

En territorio bonaerense, el área de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica sigue bajo la conducción de Augusto Costa, ministro del gabinete de Kicillof. La página oficial bonaerense también ubica dentro de esa cartera a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, actualmente a cargo de Juan Cruz Lucero.

La decisión de la Corte representa un frente judicial relevante para la administración bonaerense. AGP sostiene que realizó trabajos de mantenimiento que beneficiaron a Dock Sud y que las facturas no fueron abonadas. La provincia, por su parte, intentó discutir la competencia y planteó la prescripción del reclamo, aunque esa cuestión quedó pendiente para la sentencia definitiva.

Así, una disputa administrativa nacida en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández y la primera gestión de Axel Kicillof, terminó escalando hasta la Corte Suprema y continúa abierta bajo la administración de Javier Milei. El fondo todavía no fue resuelto, pero el máximo tribunal ya dejó una señal clara: el expediente seguirá tramitando en su competencia originaria. (www.REALPOLITIK.com.ar)