La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa contra el exintendente de la municipalidad de Zárate, Osvaldo Cáffaro, otros exfuncionarios municipales y dos empresarios deberá continuar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín.

La decisión, firmada el 26 de marzo de 2026 por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, puso fin a una discusión de competencia entre la Justicia federal y el Juzgado en lo Correccional número 2 de Zárate-Campana.

El expediente ya fue elevado a juicio oral por una presunta maniobra vinculada con fondos enviados por el exministerio de Planificación Federal para obras de seguridad eléctrica en el municipio.

Cáffaro y otros cinco acusados

Además de Cáffaro, deberán afrontar el proceso los exfuncionarios municipales Pablo Andrés Giménez, Osvaldo Nicolás Caccaviello y Salvador Carlos Ingrassia.

También se encuentran acusados Gustavo Alberto Castillo y Santiago Rottari, quienes aparecen vinculados a C&E Construcciones SA, la empresa contratista que intervino en las obras investigadas.

La acusación comprende los delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, falsificación de documento público y utilización de documentación ideológicamente falsa.

El fallo no determina todavía la responsabilidad penal de los acusados sino que define definitivamente qué tribunal deberá juzgarlos y habilita la continuidad del juicio oral en el fuero federal.

La sede de C&E Construcciones SA.

Una obra por 50,8 millones de pesos

Según surge de la resolución, el Estado nacional había comprometido una suma total de 50,8 millones de pesos para realizar obras de seguridad de energía eléctrica en el marco de la avenida Circunvalación Sur, tramo I, de Zárate.

La investigación sostiene que las tareas que finalmente se ejecutaron no coincidían con las previstas en los acuerdos firmados con el exministerio de Planificación Federal ni con el pliego de la licitación pública 29/2013 convocada por la comuna.

En particular, se investigó el destino del primer desembolso nacional, por 10.164.000 pesos, que habría sido utilizado para una finalidad diferente de aquella para la cual había sido transferido.

De acuerdo con la acusación, Cáffaro y el entonces secretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo Giménez, presentaron posteriormente ante el organismo nacional una nota solicitando un segundo desembolso por 15.246.000 pesos.

A esa presentación habrían adjuntado un certificado de avance de obra con contenido falso, mediante el cual se justificaba la utilización del primer giro de fondos.

La fiscalía sostiene que los involucrados conocían que las obras desarrolladas no guardaban relación con los compromisos suscriptos con la Nación ni con el contenido de la licitación municipal.

Las líneas de alta tensión que no se habrían soterrado

El proyecto original contemplaba el soterramiento de cuatro líneas de alta tensión. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes incorporados al fallo, esas obras no habrían sido realizadas.

La intervención nacional estaba relacionada con el riesgo que generaba el trazado existente para las personas que habían construido viviendas debajo de las líneas eléctricas.

La Cámara Federal de San Martín ya había destacado en 2019 que se trataba de obras vinculadas con el sistema interconectado nacional y con un servicio público de interés directo para el Estado nacional. Ese elemento resultó determinante para sostener la competencia federal.

Cáffaro se enroló en las filas del kirchnerismo pero se autoproclamaba sciolista.

La estrategia de las defensas

Las defensas buscaron que el expediente saliera del fuero federal y fuera remitido a la Justicia provincial. Su argumento central fue que, una vez transferidos por la Nación, los fondos habían ingresado a las arcas de la municipalidad de Zárate. Desde esa perspectiva, consideraban que cualquier irregularidad posterior debía ser investigada y juzgada por los tribunales bonaerenses.

El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín aceptó inicialmente ese planteo y declaró su incompetencia. Sin embargo, el Juzgado en lo Correccional Nro.  2 de Zárate-Campana rechazó recibir la causa. Consideró que la cuestión ya había sido discutida anteriormente y que la presunta presentación de documentación falsa ante un organismo nacional comprometía intereses federales.

A partir de esa negativa quedó planteado un conflicto entre ambos tribunales que finalmente debió ser resuelto por la Corte Suprema.

La Corte dejó la causa en el fuero federal

El máximo tribunal sostuvo que la maniobra investigada habría incluido la presentación de un documento público ideológicamente falso ante funcionarios nacionales con la finalidad de obtener un desembolso de dinero del Estado nacional. Para la Corte, esa conducta habría afectado tanto el normal funcionamiento de los organismos nacionales como las rentas del Tesoro nacional.

Además, los jueces entendieron que todos los hechos investigados se encuentran estrechamente vinculados y que dividir la causa entre distintas jurisdicciones afectaría la administración de justicia.

En consecuencia, resolvieron que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín deberá juzgar la totalidad de la maniobra.

La procuración General también había recomendado mantener el expediente en la Justicia federal, al señalar que la investigación comenzó en 2017 y que trasladarla a otro fuero después de casi nueve años provocaría nuevas demoras.

Con la decisión de la Corte, quedó despejado el principal obstáculo procesal que mantenía paralizada la llegada del expediente al debate oral. Ahora será el tribunal federal de San Martín el que deberá avanzar con el juzgamiento de Cáffaro, los exfuncionarios municipales y los empresarios acusados. (www.REALPOLITIK.com.ar)