Hay nombres que cambian con cada elección y poderes que permanecen independientemente del resultado de las urnas. Joseph “Joe” Lewis, magnate británico y propietario de las tierras que rodean Lago Escondido, pertenece a esa segunda categoría. Desde hace treinta años, su presencia en la cordillera rionegrina sobrevive a gobiernos nacionales y provinciales de todos los signos políticos.

Pasaron Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. En Río Negro gobernaron Pablo Verani, Miguel Saiz, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras. Ninguna de esas administraciones consiguió —o decidió— garantizar de manera efectiva un acceso público, razonable y transitable al lago.

La continuidad convierte el caso en algo más profundo que una controversia ambiental o dominial. Lago Escondido constituye una demostración concreta de cómo un poder económico privado puede atravesar cambios electorales, fallos judiciales y discursos sobre soberanía sin perder el control efectivo sobre un territorio estratégico.

El presidente Javier Milei junto a Zulemita Menem.

La compra que nació durante el menemismo

La llegada de Lewis se remonta a 1996, durante la presidencia de Carlos Menem y la gobernación del radical Pablo Verani. La operación comenzó mediante HR Properties Buenos Aires SA, que solicitó autorización para adquirir 7.789 hectáreas ubicadas en una zona de seguridad de frontera.

Por tratarse de un área alcanzada por restricciones especiales, la adquisición necesitaba la autorización de organismos dependientes del Estado nacional. El permiso fue concedido el 2 de julio de 1996 por la entonces Unidad de Proyectos de Radicación de la comisión nacional de Zonas de Seguridad.

Sin embargo, la escritura terminó inscribiéndose en Río Negro a nombre de Hidden Lake SA por más de 8 mil hectáreas, pese a que la autorización original había sido otorgada a otra razón social. Posteriormente se habilitó la incorporación de otras 2.760 hectáreas. Con nuevas operaciones, el grupo vinculado a Lewis pasó a controlar aproximadamente 12 mil hectáreas alrededor del lago.

En el plano provincial, el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro permitió la inscripción durante la administración de Verani. Las diferencias entre la sociedad autorizada originalmente y la firma que finalmente quedó como titular fueron posteriormente señaladas en investigaciones administrativas y judiciales.

La causa penal impulsada por esas presuntas irregularidades terminó cerrándose por prescripción. No hubo condenas ni un pronunciamiento definitivo sobre el mecanismo utilizado para concretar la operación. El paso del tiempo volvió a jugar a favor del empresario.

Carlos Menem.

Cristina, Alberto y Milei: discursos diferentes, resultado idéntico

El kirchnerismo construyó una parte central de su identidad alrededor de la defensa de la soberanía nacional y la recuperación de recursos estratégicos. Sin embargo, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner tampoco se consiguió revertir la compra ni garantizar plenamente el acceso a Lago Escondido.

Con Mauricio Macri, la relación política quedó todavía más expuesta. El expresidente reconoció públicamente su amistad con Lewis y se hospedó en su propiedad. Las visitas generaron denuncias por posibles dádivas y profundizaron la percepción de que el magnate contaba con llegada directa al poder nacional.

Durante la administración de Alberto Fernández, el Estado avanzó más que en etapas anteriores, aunque tampoco alcanzó una resolución efectiva. El ministerio del Interior dictó en septiembre de 2023 la resolución 1603/2023, que declaró lesivas al interés público las autorizaciones concedidas en los años 90.

La decisión se apoyó en antecedentes de la Auditoría General de la Nación, la procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la defensoría del Pueblo de la Nación. El 8 de noviembre de 2023, el ministerio promovió una acción judicial para obtener la nulidad de los permisos que habían posibilitado la adquisición de las tierras.

Pero la presentación llegó sobre el final del mandato de Fernández, casi treinta años después de la compra. La demanda quedó abierta y pasó a manos del gobierno de Milei, que tomó una decisión en sentido contrario.

Néstor y Cristina Kirchner junto a Alberto Fernández.

El acuerdo reservado que benefició a Hidden Lake

El 14 de enero de 2026, en plena feria judicial, representantes del ministerio del Interior y abogados de Hidden Lake SA firmaron un acuerdo conciliatorio para cerrar la acción de lesividad iniciada por el propio Estado.

Por el ministerio intervino el abogado Alejandro Patricio Amaro, mientras que la empresa estuvo representada por Jaime Cibils Robirosa y José Luis Ariel Bianco. El convenio implicó que ambas partes desistieran de sus pretensiones y que el Estado declarara que no tenía nada más que reclamarle a Hidden Lake.

El acuerdo fue homologado el 28 de enero por el juez federal Walter Lara Correa, titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 4. La acción quedó extinguida sin que la Justicia analizara la cuestión central: si las autorizaciones concedidas en 1996 fueron legales o si estuvieron afectadas por una nulidad absoluta.

El expediente fue colocado bajo carácter reservado, lo que impidió inicialmente conocer los términos completos del entendimiento. El secretismo, la firma durante la feria y la velocidad de la homologación alimentaron las sospechas alrededor de una negociación que comprometió intereses vinculados con tierras ubicadas en zona de frontera.

Así, el gobierno de Javier Milei abandonó una demanda que había sido iniciada por el Estado nacional para revisar una de las operaciones territoriales más cuestionadas de la Patagonia. El discurso libertario sobre la inviolabilidad de la propiedad privada terminó imponiéndose sobre cualquier revisión vinculada con el interés público y la soberanía territorial.

Lago Escondido.

Odarda denunció el pacto ante la procuración

La legisladora rionegrina Magdalena Odarda, una de las principales impulsoras del reclamo por Lago Escondido, denunció el acuerdo ante la procuración de Investigaciones Administrativas y pidió investigar la conducta de los funcionarios que participaron de la conciliación.

Odarda solicitó que el ministerio del Interior entregue todos los antecedentes, dictámenes jurídicos y fundamentos administrativos utilizados para justificar el abandono de la demanda. También reclamó que se determinen posibles responsabilidades y que, en caso de corresponder, se promuevan acciones por eventuales delitos.

La dirigente advirtió que el convenio cerró una causa relacionada con unas 12 mil hectáreas ubicadas en una zona de seguridad de frontera, sin que el Estado obtuviera una sentencia sobre la validez de la compra. También pidió revisar judicialmente tanto el acuerdo como la homologación.

La denuncia alcanzó además a la provincia. Odarda cuestionó que la fiscalía de Estado de Río Negro sostuviera que se había enterado de la conciliación a través de los medios, pese a la importancia institucional y territorial del expediente. Para la legisladora, resultaba difícil aceptar que el gobierno provincial desconociera una negociación que involucraba uno de los conflictos más sensibles de Río Negro.

El planteo puso nuevamente bajo observación a Alberto Weretilneck, quien gobierna la provincia por tercera vez y cuyo espacio político domina buena parte de la estructura estatal rionegrina desde 2012.

Weretilneck y la decisión de no poner un peso

El gobernador sostuvo recientemente que construir el acceso por Tacuifí resulta técnicamente inviable y que Río Negro no destinará recursos para realizar el camino. La definición, presentada como una decisión presupuestaria, tiene una consecuencia política concreta: el Estado provincial descarta asumir el costo de garantizar una vía vehicular al lago.

No es la primera vez que Weretilneck utiliza el argumento económico. Ya en 2013 había rechazado la alternativa por considerar excesivos los costos de expropiación, construcción de puentes y mejoramiento de la traza.

El problema es que el conflicto no comenzó en 2013 ni se reduce al precio de una obra. El artículo 73 de la constitución de Río Negro establece que debe asegurarse el libre acceso con fines recreativos a las riberas de los espejos de agua de dominio público. A ello se suman las decisiones judiciales que ordenaron al Estado provincial adoptar medidas para garantizar ese derecho.

Cuando el gobernador afirma que no pondrá un peso, la discusión deja de ser técnica. Es una definición política sobre cuáles son las prioridades del Estado y hasta dónde está dispuesto a confrontar con uno de los empresarios más poderosos del territorio.

Alberto Weretilneck.

Los vínculos rionegrinos alrededor del magnate

La relación entre Hidden Lake SA y el poder político provincial tampoco se limita a decisiones administrativas. En diferentes expedientes vinculados con el acceso al lago aparece el abogado Guillermo Ceballos, quien actuó en representación de Hidden Lake y sostuvo judicialmente que la empresa no impedía el ingreso por la servidumbre existente.

Ceballos ocupó posteriormente funciones relevantes dentro del gobierno rionegrino con Weretilneck como secretario General del Gobierno y hasta fue designado como el abogado personal del mandatario rionegrino. También su hijo, de nombre homónimo, fue titular en la secretaria de Legal y Técnica del actual oficialismo, con un paso previo por la secretaria de Ambiente, organismo a cuyos funcionarios Lewis les dictaba las leyes ambientales de la provincia, según fuentes gubernamentales, cuando distintas comisiones viajaban de Viedma a la zona andina y se hospedaban en la mansión de Lewis. 

Otro nombre inevitable es el de Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón y uno de los principales aliados políticos de Weretilneck en la región. Antes de llegar al municipio, Pogliano trabajó como contador de una empresa vinculada con Hidden Lake y diferentes investigaciones periodísticas señalaron que su estudio fue utilizado como domicilio de sociedades relacionadas con ese entramado empresarial.

El antecedente resulta políticamente relevante cuando quien debe defender los intereses de una comunidad atravesada por el poder territorial de Lewis tuvo previamente relaciones profesionales con empresas de ese mismo grupo.

Bruno Pogliano.

El empresario que sobrevivió a todo el sistema

Lago Escondido expone una continuidad que resulta imposible atribuir a un solo partido. El menemismo autorizó la compra; el radicalismo rionegrino permitió su inscripción; el kirchnerismo no consiguió revertirla; Macri exhibió su amistad con Lewis; Alberto Fernández inició tardíamente una demanda y Milei terminó cerrándola.

En Río Negro ocurre algo parecido. Verani gobernaba cuando se concretó la adquisición. Saiz no modificó la situación. Weretilneck rechazó financiar el acceso y defendió proyectos energéticos vinculados con la propiedad. Carreras tampoco consiguió garantizar el cumplimiento efectivo de los fallos.

Lewis no necesitó gobernar. Le alcanzó con atravesar a quienes gobernaron.

La pregunta, por lo tanto, no es solamente por qué un empresario británico conserva miles de hectáreas alrededor de un lago público. La verdadera pregunta es por qué el Estado argentino, después de tres décadas, continúa mostrándose incapaz de hacer valer plenamente sus propias leyes, su constitución y sus decisiones judiciales.

Tal vez la respuesta no esté en la fortaleza económica de un solo magnate, sino en una red política, empresarial, judicial y administrativa que encontró siempre una razón para postergar el conflicto. A veces fue el costo del camino, otras veces la complejidad jurídica, la prescripción, la falta de competencia o una conciliación firmada en secreto.

Los argumentos cambiaron. El resultado fue siempre el mismo: Joe Lewis mantuvo el territorio, Hidden Lake SA preservó sus intereses y los argentinos continuaron esperando que alguien se anime a abrir definitivamente el camino hacia Lago Escondido. (www.REALPOLITIK.com.ar)