El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) de Tierra del Fuego, uno de los organismos estratégicos de la administración que encabeza el gobernador Gustavo Melella, quedó expuesto en una serie de informes del Tribunal de Cuentas provincial que revelan graves deficiencias de control, registración patrimonial, inventario y respaldo documental durante el ejercicio 2025.

La radiografía oficial es particularmente delicada: los auditores se abstuvieron de emitir una opinión sobre el estado de situación patrimonial del Instituto porque no pudieron reunir elementos de juicio suficientes para determinar razonablemente su situación. Entre los fundamentos aparecen la falta de información sobre créditos otorgados a adjudicatarios de viviendas y terrenos —que representan el 28,79 por ciento del activo—, bienes que no fueron incorporados correctamente, distintos criterios de valuación, inmuebles cuya registración no pudo verificarse y un pasivo corriente subvaluado.

La situación compromete directamente a un área cuya función central es administrar tierras, viviendas, créditos y programas habitacionales en la provincia gobernada por Melella. La presidente del IPVyH es la arquitecta Laura Malvina Montes, sobre quien el propio Tribunal dejó una definición contundente: la máxima autoridad del organismo “no ha dado cumplimiento integral” a las recomendaciones formuladas para fortalecer el sistema de control interno.

Viviendas y tierras que el Tribunal no pudo validar

Uno de los puntos más sensibles está relacionado precisamente con los bienes que constituyen el corazón del Instituto. El informe específico sobre el patrimonio señala que los inmuebles no forman parte del inventario cargado en el sistema GEN Financiero. El organismo aseguró que existe un registro documental administrado por distintas áreas, pero esa documentación tampoco fue puesta a disposición de los auditores para su análisis.

La situación viene de años anteriores. Al producirse la migración de sistemas se realizó una depuración del inventario sin documentación respaldatoria, mientras que los valores originales de algunos bienes fueron modificados con el argumento de reflejar montos considerados más razonables. El Tribunal también detectó diferencias significativas entre la cantidad de bienes registrada actualmente y la informada en el control realizado durante el cambio de autoridades de 2019.

Los problemas no terminan allí. El organismo tiene bienes registrados con diferentes criterios de valuación, no realiza todas las amortizaciones previstas por la normativa y tampoco proporcionó información completa sobre los puntos requeridos. Frente a ese cuadro, la auditoría concluyó que “no es posible emitir una opinión respecto a la razonabilidad de los registros”.

Cientos de millones que no pudieron ser validados

En otra parte de la cuenta de inversión aparece una diferencia por 275.927.111,62 pesos dentro del rubro “Aplicaciones Financieras”. El Tribunal aseguró que no pudo obtener evidencia suficiente para validar los importes y calificó los resultados de la comprobación como desfavorables.

El IPVyH había informado un incremento de la inversión financiera por 3.248,5 millones de pesos, mientras que los auditores arribaron a un monto de 3.075,9 millones. También surgieron diferencias entre lo informado sobre amortización de deuda y disminución de otros pasivos y los datos obtenidos directamente del sistema financiero.

Esto significa que el Tribunal de Cuentas no pudo validar una diferencia de esa magnitud en los estados financieros de un organismo del gobierno de Melella.

Los controles bancarios agregaron otra alerta. Al comparar los libros del Instituto con los extractos bancarios, los auditores detectaron una subexposición de 161.892.238,76 pesos. La diferencia fue atribuida a un error en la exposición de una cuenta en dólares y a diferencias temporales en la registración de débitos y depósitos.

A eso se suma una recomendación para revisar el proceso de contabilización de diferencias de conciliación que, al cierre del ejercicio, ascendían a 1.733.547.276,92 pesos. El dato refleja la magnitud de los registros que el órgano de control considera necesario revisar.

El ejercicio cerrado seguía abierto para modificaciones

Otro elemento llamativo es que los auditores comprobaron que después del 31 de diciembre de 2025 se siguieron realizando modificaciones en los registros del sistema. Más aún: la cuenta de inversión fue formalmente aprobada el 31 de marzo de 2026, pero al momento de confeccionarse el informe del Tribunal el ejercicio 2025 continuaba figurando como “Activo”, lo que técnicamente permitía continuar introduciendo modificaciones.

El Tribunal volvió a dejar constancia del problema al enumerar los hechos posteriores al cierre: pese a que los estados ya habían sido aprobados, el ejercicio permanecía habilitado en el sistema informático.

Nuevamente, los documentos no acreditan que se hayan adulterado intencionalmente los estados después de su aprobación. Pero sí exponen una debilidad evidente en los mecanismos de cierre y seguridad contable del Instituto que depende de la administración provincial de Melella.

Gustavo Melella.

El gobierno no entregó toda la documentación requerida

La auditoría también encontró obstáculos para efectuar su trabajo. El Tribunal dejó escrito que no recibió del IPVyH la información y documentación solicitada para realizar un análisis preliminar e integral, una situación que terminó obstaculizando la confección del propio informe.

Algo parecido ocurrió cuando el organismo de control intentó verificar el cumplimiento de la propia ley de creación del Instituto. Los auditores solicitaron información, reiteraron el pedido en dos oportunidades y, una vez vencidos los plazos sin obtener respuesta, concluyeron que no podían emitir una conclusión fundada.

En el informe general, el Tribunal terminó enumerando seis incumplimientos concretos, entre ellos faltas vinculadas a normas de valuación, ausencia de información complementaria obligatoria y documentación que no fue remitida y que “obstaculizó el ejercicio integral” de las facultades de control.

5.238 millones de pesos en redeterminaciones de precios

El manejo de las obras públicas aporta otro insólito capítulo. Durante 2025 el IPVyH devengó 5.991.043.097 pesos en construcciones. Sin embargo, sólo 458,2 millones —7,65 por ciento— correspondieron a “obra básica”.

Otros 5.238,4 millones, equivalentes al 87,44 por ciento, fueron imputados a redeterminaciones de precios. A su vez, existieron otros 294,3 millones vinculados principalmente a acopio de materiales.

El mecanismo de actualización mediante Unidades de Vivienda (UVI) explica buena parte de esa diferencia y está previsto legalmente. Pero el dato adquiere otra dimensión porque el propio Tribunal registró durante 2025 incumplimientos “recurrentes” y “mantenidos” vinculados al régimen de redeterminación de precios y a la aplicación de índices, observaciones que ya habían aparecido durante 2024.

Gastos improductivos y una “inconsistencia sustancial insalvable”

El informe técnico de obras públicas agrega una expresión difícil de pasar por alto. Entre las actuaciones examinadas durante 2025 aparecen 100.384.269 pesos bajo el concepto “gastos improductivos”, además de 283,6 millones en acopios y 53,9 millones correspondientes a renegociaciones contractuales.

Además, durante el año se analizó una modificación contractual en la que los técnicos del Tribunal dejaron asentada una “inconsistencia sustancial insalvable”. El resumen incorporado a la cuenta de inversión no desarrolla en ese apartado los detalles de la obra ni el alcance económico de esa inconsistencia.

La auditoría técnica aclaró, de todos modos, que las obras inspeccionadas no presentaban en general atrasos significativos respecto de sus planes de trabajo y que no se detectaron problemas que obligaran a observar la calidad de los trabajos ejecutados.

Un problema que viene de lejos

El escenario registrado durante 2025 tampoco surgió de un día para otro. El Tribunal viene reclamando mejoras en el sistema de control interno del IPVyH desde al menos 2017 y 2018.

Siete años después, el informe confeccionado en diciembre de 2025 aseguró que las recomendaciones originales “no han sido adoptadas en su totalidad”. Entre otras cuestiones, permanecían pendientes avances en manuales de puestos, capacitación, evaluación de desempeño y mecanismos de organización interna.

La conclusión terminó señalando directamente a la conducción del Instituto. Para el Tribunal de Cuentas, Laura Malvina Montes no dio cumplimiento integral a las medidas ordenadas para fortalecer el control interno.

De esta manera, los documentos oficiales dejan al descubierto una paradoja incómoda para el gobierno de Gustavo Melella: mientras el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat administra miles de millones de pesos destinados a uno de los problemas más sensibles de Tierra del Fuego, su propio órgano de control admite que no pudo validar integralmente su patrimonio, encontró inconsistencias por cientos de millones, detectó bienes fuera de los registros y volvió a advertir sobre deficiencias que se arrastran desde hace años. (www.REALPOLITIK.com.ar)