El Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) volvió a quedar en el centro de la escena pública por sus vínculos con organismos estatales, universidades y áreas sensibles del gobierno nacional. Sin embargo, una denuncia penal nunca mediatizada, originada dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), muestra que las sospechas sobre la entidad venían de mucho antes y que el esquema ya había sido descripto con crudeza por la propia administración pública.

El documento al que accedió REALPOLITIK fue presentado por Francisco Capozzolo, entonces director de Sumarios de la PSA, y apuntó contra exfuncionarios de la fuerza por presuntas maniobras vinculadas a convenios de asistencia técnica firmados con CEDyAT. La presentación mencionó posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y asociación ilícita.

La denuncia incluyó a nombres de peso dentro de la estructura de la PSA. Entre ellos, Julio Postiglioni, director nacional de la fuerza en 2010; José Luis Sersale, entonces director general de Seguridad Preventiva; Carlos Zabala Di Tomaso, director general de Asuntos Jurídicos; y Maximiliano Novas, director general de Gestión Administrativa. También aparecen señalados funcionarios del período 2013-2015, como Germán Montenegro, Mariana Casares, Nicolás Dapena, María Julia Cordero, Sandra Lebrero, Walter Santiago, Germán Gallego, Ignacio Paganini, Luis Alberto Farías, Gustavo Javier Gómez y Ximena Rojo.

El expediente se originó a partir de una denuncia anónima recibida en enero de 2016, que advertía sobre supuestas anomalías en el manejo de fondos dentro de la PSA. El texto citado en la presentación es explosivo: hablaba de personal designado mediante un “convenio irregular” con CEDYAT, como si la entidad fuera una universidad nacional, y sostenía que esas personas “no prestaban servicio alguno”, “no concurrían a trabajar” y “solo concurrían al cajero automático para cobrar su sueldo y entregar parte de su sueldo a sus superiores”.

La misma denuncia afirmaba que se había establecido “una serie de premios para los funcionarios a través del cobro de ñoquis” y que era tal la cantidad de personas en esa situación que “sería imposible pretender que todos trabajen porque no había lugar físico”. Según el expediente, luego se habría intentado regularizar esa situación trasladando esos contratos a un convenio con la UTN.

A partir de esa presentación, la dirección de Sumarios analizó los convenios suscriptos con CEDyAT. El primero había sido firmado el 1 de septiembre de 2010 por Julio Postiglioni, como director nacional de la PSA, y Maximiliano F. Fitolite, apoderado del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica. El acuerdo tenía como objeto la realización de cursos de capacitación, trabajos de investigación y asistencia técnica y profesional en temas de interés para la fuerza.

Ese convenio marco fue renovado el 18 de abril de 2013 por Germán Montenegro, entonces director nacional de la PSA, ampliando el objeto hacia la “optimización y modernización” de la infraestructura y de los métodos operativos del sistema de seguridad aeroportuaria. A partir de allí, la relación derivó en una cadena de convenios específicos.

Según la denuncia, entre abril y noviembre de 2013 se firmaron diecisiete convenios específicos con CEDyAT por un monto total de 83.796.489 pesos. Los acuerdos incluían programas de asistencia técnica, modernización, infraestructura, recursos humanos, tecnología, gestión institucional y obras.

El punto más sensible es que el propio expediente sostuvo que la PSA debió haber aplicado el régimen de contrataciones del Estado para la adquisición de bienes y servicios. La presentación fue más allá: afirmó que, mediante un convenio marco y diecisiete convenios específicos, se configuraron contrataciones “realizadas de manera irregular” con la finalidad de “eludir las estructuras y procedimientos internos administrativos, garantes de la transparencia en la gestión pública”.

Las observaciones de la Unidad de Auditoría Interna fueron demoledoras. Según el documento, la PSA “evitó aplicar el Régimen de Contrataciones del Estado” y los convenios “encubren la contratación de bienes o servicios” que debieron tramitar por los procedimientos normales de compras públicas. Ese hallazgo fue considerado de impacto alto.

La auditoría también cuestionó que no estuvieran debidamente justificados los motivos para derivar tareas propias de la fuerza a una institución externa, que los precios no contaran con análisis comparativo, que no hubiera presupuesto oficial, que faltaran garantías sobre la razonabilidad de los montos pagados y que la PSA abonara grandes sumas antes de la entrega de los informes finales. Todo ello también fue clasificado como impacto alto.

Uno de los capítulos más graves apunta al predio La Valentina, en Ezeiza. Allí, la denuncia describió un convenio destinado al acondicionamiento, readecuación, remodelación y modernización de instalaciones de la fuerza, por el cual la PSA abonó 7.985.000 pesos. Luego, una acta complementaria vinculada al mismo esquema elevó el monto en otros 12.945.100 pesos.

El expediente dejó una frase que resume el tenor de la acusación: advirtió sobre posibles pagos indebidos por trabajos no ejecutados o ejecutados parcialmente, y señaló “sobreprecios en la construcción realizada en el predio La Valentina”, donde se habrían pagado aproximadamente 3.860 dólares por metro cuadrado, al tipo de cambio oficial vigente al momento de la firma del convenio específico.

El CEDyAT en agenda

La reciente reaparición pública del CEDyAT le da otra dimensión a ese antecedente. El regreso de Rodrigo Sbarra a un cargo sensible del Estado nacional volvió a poner el tema en superficie. El exfuncionario de Mauricio Macri, que integró la conducción administrativa del entonces ministerio de Producción y Trabajo durante el período en que esa cartera multiplicó convenios con CEDyAT, fue designado ahora como secretario de Gestión Administrativa del ministerio de Salud. Su desembarco reactivó viejas preguntas sobre una organización que, pese a sucesivas denuncias, logró mantener vínculos con organismos públicos, universidades y áreas estatales estratégicas.

Ese contexto es relevante, pero no reemplaza el dato central: el expediente de la PSA muestra que CEDyAT ya había sido señalado años atrás por una mecánica muy parecida a la que luego reaparecería en otros organismos. Convenios de asistencia técnica, contrataciones directas, supuesta especialización tecnológica, pagos millonarios, auditorías con observaciones graves y expedientes judiciales que avanzan con lentitud.

Barack Obama y Fabián Ruocco.

La organización, actualmente conducida por Fabián Ruocco, también fue señalada por su capacidad para reconvertirse y permanecer cerca del Estado. A lo largo del tiempo mutó su discurso institucional hacia la innovación, la transformación digital, las unidades de vinculación tecnológica y, más recientemente, la inteligencia artificial, con sellos como INARIA y VinTecAr 4.0.

El problema de fondo no es solamente una asociación civil ni un convenio aislado. Es una matriz de contratación pública que atraviesa gestiones y que utiliza palabras nobles —modernización, asistencia técnica, innovación, inteligencia artificial— para justificar mecanismos que, según las denuncias y auditorías, pueden terminar esquivando controles básicos del Estado.

El expediente de la PSA, hasta ahora prácticamente desconocido, aporta una pieza clave para entender esa historia. Antes de los escándalos más recientes, antes del regreso de viejos funcionarios a lugares estratégicos y antes del nuevo marketing tecnológico, ya existía una denuncia penal que hablaba de “ñoquis”, convenios millonarios, pagos anticipados, elusión de contrataciones públicas y obras a precios difíciles de explicar.

CEDyAT volvió a estar en agenda. Pero el archivo muestra que nunca se había ido del todo. (www.REALPOLITIK.com.ar)