El discurso de Javier Milei sobre la profesionalización del Estado y el combate contra las prácticas de la vieja política encuentra un contraste incómodo dentro de su propia estructura educativa. José Manuel Thomas, actual secretario General del Consejo Federal de Educación, llegó al gobierno nacional después de haber conducido durante cuatro años la dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza, una gestión atravesada por observaciones reiteradas.

Thomas encabezó la DGE entre fines de 2019 y diciembre de 2023, durante la gestión de Rodolfo Suárez. Pocos días después de dejar el organismo mendocino, fue elegido secretario General del Consejo Federal de Educación, ya bajo la administración libertaria. El problema para el relato de pureza administrativa del gobierno nacional aparece al revisar qué había ocurrido durante sus últimos tres ejercicios completos al frente de la educación mendocina.

El fallo 17.856 del Tribunal de Cuentas de Mendoza, correspondiente a 2021, consideró que existieron procedimientos administrativos irregulares vinculados con rendiciones de fondos, prestaciones alimentarias, incompatibilidades de personal, haberes liquidados indebidamente, alquileres de establecimientos escolares sin contrato formal y deficiencias de gestión.

Uno de los puntos más delicados fue la liquidación de horas cátedra a personal no docente, incluyendo integrantes de la planta administrativa y celadores. La auditoría sostuvo que no se había acreditado suficientemente la prestación de servicios, ni el carácter docente de varios agentes, y señaló la ausencia de planillas de asistencia o marcaciones horarias.

El Tribunal coincidió en que se había configurado un procedimiento administrativo irregular, por ello ordenó regularizar las situaciones y recuperar los haberes indebidamente pagados cuando correspondiera.

Irregularidades que se repitieron y controles que no llegaron

El cuadro se agravó en 2022. El fallo 18.019 volvió sobre incompatibilidades de personal y sobre una cuestión particularmente sensible: el Tribunal ya había instruido en ejercicios anteriores a la DGE para que estableciera normas y circuitos administrativos claros en materia de liquidación de salarios y control de incompatibilidades, pero esas instrucciones seguían sin cumplirse.

La auditoría señaló que, pese a tratarse de la partida de personal más importante del presupuesto educativo, continuaban faltando normas suficientes para ordenar los procedimientos de liquidación, pago y control. Esa ausencia derivaba, según el fallo, en fallas de control interno y pagos efectuados en contradicción con distintas normas legales.

Más adelante, el informe dejó asentado que los responsables no habían explicado ese incumplimiento y mantuvo la observación como procedimiento administrativo irregular.

El mismo ejercicio reveló además problemas en el recupero de salarios pagados indebidamente. La auditoría detectó créditos por 3,86 millones de pesos de entonces que no habían sido registrados correctamente y verificó que no existían constancias suficientes de los informes mensuales que debía producir el área encargada de recuperar esos fondos.

También aparece un caso que roza directamente a la máxima conducción. En mayo de 2022, una resolución ordenó que las actuaciones por una transferencia errónea a un jardín maternal fueran remitidas al entonces director General de Escuelas, José Thomas, para que se realizara una investigación destinada a deslindar responsabilidades. La auditoría dejó constancia de que no encontró evidencia documental de que ese pase se hubiera concretado.

El fallo demuestra que existía una orden formal de remitirle las actuaciones y que los auditores no encontraron constancia de ese trámite.

A raíz de la rendición 2022, el Tribunal aplicó multas a cinco funcionarios de la estructura de la DGE. Thomas no fue sancionado personalmente. Dos de esas sanciones fueron luego dejadas sin efecto mediante recursos de reconsideración, pero ello no borró las observaciones institucionales ni los procedimientos administrativos irregulares detectados durante aquel ejercicio.

El último año de Thomas y su desembarco en el gobierno de Milei

El fallo 18.185, correspondiente a 2023, muestra que las deficiencias no desaparecieron en el último año de Thomas al frente de la DGE. El Tribunal volvió a detectar procedimientos administrativos irregulares relacionados con subastas de inmuebles, registraciones presupuestarias, inventarios, transporte escolar, fondos pendientes de rendición y fallas de control interno.

También persistieron problemas con las horas cátedra administrativas y se instruyó a recuperar haberes indebidamente percibidos por conceptos asociados a la condición docente.

En prestaciones alimentarias, las observaciones volvieron a quedar subsistentes y el Tribunal ordenó reforzar los controles sobre proveedores y mecanismos internos. También continuaron las deficiencias en inventarios y en la depuración de fondos pendientes.

Pocos días después de cerrar esa etapa, Thomas pasó a ocupar un rol central en el esquema educativo nacional. El contraste resulta evidente: Milei incorporó a su estructura a un funcionario cuya gestión anterior había sido observada durante tres ejercicios consecutivos por procedimientos administrativos irregulares, fallas de control, pagos indebidos e incumplimientos reiterados de instrucciones del órgano de control.

Los fallos describen lo ocurrido bajo la conducción del exfuncionario mendocino devenido en dirigente libertario. Y ahí aparece el problema político para el oficialismo nacional: mientras el mileísmo insiste en presentarse como una ruptura con las prácticas administrativas que adjudica a la “casta”, uno de sus funcionarios educativos más relevantes llegó al cargo después de encabezar una dirección clave, en la que el organismo de control documentó irregularidades sostenidas y deficiencias de control durante varios años consecutivos. (www.REALPOLITIK.com.ar)