La prometida renovación de la obra social militar bajo el gobierno de Javier Milei terminó recurriendo a una vieja conocida del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). En marzo de 2026, mientras el organismo ya transitaba formalmente su proceso de disolución y liquidación, la administración encabezada por el coronel mayor retirado Ariel Guzmán adjudicó 69.690.162 pesos a DESICOM SRL, una compañía cuyo mecanismo de contratación había sido cuestionado durante años por la propia auditoría interna del instituto.

La operación se realizó mediante una contratación directa por especialidad para prestar durante seis meses —con posibilidad de prórroga por otro período igual— el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo de los módulos de adherentes y recursos humanos de IOSFA. El expediente había sido iniciado durante 2025 y el llamado fue autorizado el 2 de enero de 2026.

La particularidad es que la competencia prácticamente no existió. Antes de efectuar el llamado, la propia gerencia de Sistemas y Tecnología Informática dejó asentada la necesidad de contratar específicamente a DESICOM SRL, alegando que poseía el conocimiento técnico necesario sobre los sistemas institucionales. Con ese argumento, IOSFA encuadró el procedimiento dentro de la figura excepcional de contratación directa “por especialidad”.

Dictamen de evalucación de ofertas.

Cuando llegó el momento de abrir las ofertas, el resultado era previsible: DESICOM SRL fue la única empresa que se presentó. La comisión Evaluadora, integrada por Alejandro Gustavo Muiños, Diego Carlos Becerra y Federico José Grunwaldt, concluyó posteriormente que la propuesta cumplía con los requisitos técnicos y administrativos y recomendó continuar con la contratación.

El monto también merece atención. IOSFA había calculado inicialmente un gasto de 59.348.016 pesos, pero la única propuesta recibida ascendió a 69.690.162 pesos. Es decir, terminó siendo aproximadamente 10,3 millones más cara que la estimación oficial, un 17,4 por ciento por encima de lo presupuestado originalmente.

Finalmente, el 25 de marzo, Guzmán aprobó la adjudicación por los casi 70 millones. El acto administrativo consideró a la propuesta de DESICOM SRL “admisible y conveniente a los intereses del Instituto”.

Acto administrativo de adjudicación.

Una empresa observada que atravesó distintas gestiones

DESICOM SRL no llegó a IOSFA con el gobierno libertario. Su relación con el organismo se remonta varios años atrás y precisamente allí aparece la contradicción más incómoda para el discurso oficial de ruptura con las administraciones anteriores.

Una auditoría interna realizada sobre las contrataciones informáticas de IOSFA ya había advertido problemas respecto del esquema utilizado para mantener los servicios de la compañía. En informes posteriores, el organismo de control insistió sobre la falta de regularización contractual y cuestionó que los pagos continuaran efectuándose mediante mecanismos excepcionales.

En un informe de 2024, la auditoría interna señaló concretamente la “falta de contrato con el proveedor DESICOM SRL que sustente el pago del servicio” y observó la utilización de la figura del legítimo abono para seguir cancelando sus prestaciones. La cuestión no era novedosa: las observaciones sobre el vínculo contractual se venían arrastrando desde años anteriores.

La referencia a los cuestionamientos de DESICOM SRL en la auditoría 2023.

La administración libertaria tuvo así la posibilidad de revisar aquella relación. Eligió otra cosa: volvió a contratar a la misma empresa, esta vez formalizando una contratación directa por especialidad y sin otro competidor.

La compañía tampoco es nueva en el mercado estatal. DESICOM SRL está dedicada al desarrollo de sistemas y consultoría informática y mantiene como domicilio registrado Humberto Primero 626, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires. La firma fue constituida en 1992 por Carlos Roque Foster, Enzo Gabriel Ferrari y Aníbal Eduardo Lema, todos presentados entonces como analistas programadores. En aquella constitución, los tres fueron designados gerentes y Foster quedó a cargo de la representación legal principal.

En la actualidad, Enzo Ferrari se presenta públicamente como socio gerente de DESICOM SRL, mientras que registros oficiales de compras estatales consignan como contacto de la empresa una dirección de correo electrónico a su nombre. La propia empresa asegura que se especializa desde fines de la década de 1980 en desarrollo de sistemas y servicios tecnológicos.

La contratación adquiere una dimensión política adicional por el momento en que fue concretada. El gobierno de Milei había dispuesto mediante el DNU 88/2026 la disolución y liquidación de IOSFA. El propio documento que adjudicó el negocio a DESICOM SRL reconoce que el instituto se encontraba dentro de ese proceso y que Guzmán había sido designado el 19 de febrero como administrador encargado de conducir la transición.

La referencia a los cuestionamientos de DESICOM SRL en la auditoría 2024.

La órbita política superior corresponde al ministerio de Defensa, actualmente conducido por el teniente general Carlos Presti, designado por Milei en diciembre de 2025. Fue precisamente ese ministerio el que nombró a Guzmán administrador del IOSFA luego de que el Ejecutivo resolviera terminar con la estructura existente.

Así, mientras la Casa Rosada volvió a presentar la reorganización de estructuras estatales como parte de su cruzada contra la vieja política, el instituto militar terminó haciendo algo bastante menos novedoso: contratar nuevamente a un proveedor histórico cuyos antecedentes contractuales habían sido objetados por los auditores del propio organismo.

El interrogante se concentra en quienes administraron y administran los recursos públicos: por qué, después de años de observaciones internas, la gestión libertaria consideró que la salida adecuada era volver a elegir a la misma empresa mediante una contratación directa.

La respuesta oficial quedó condensada en pocas líneas: DESICOM SRL tendría un conocimiento técnico especializado que garantizaría la continuidad del sistema. Ese argumento fue suficiente para evitar un procedimiento competitivo más amplio, recibir una sola oferta, aceptar un precio 17,4 por ciento superior al cálculo inicial y comprometer otros 69,7 millones de pesos en un organismo al que, paradójicamente, el propio gobierno ya había decidido liquidar.

Para una administración que hizo de la “casta empresauria”, la austeridad y la ruptura con las prácticas anteriores algunos de sus principales argumentos políticos, el expediente exhibe una continuidad difícil de ocultar: cambió la conducción, se decretó la desaparición del organismo, pero uno de sus proveedores históricos volvió a quedarse con el negocio. (www.REALPOLITIK.com.ar)