La Memoria Anual 2025 del Tribunal de Cuentas de San Juan expone una trama de observaciones sobre Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) que atraviesa el final de la gestión de Sergio Uñac y se proyecta sobre la administración del actual gobernador Marcelo Orrego. El organismo de control terminó por no aprobar la cuenta general de la empresa estatal, después de considerar que subsistían cargos y reparos por decenas de millones de pesos.

El fallo no se limita a cuestionamientos formales. Entre los antecedentes aparecen obras pagadas sin certificados que acreditaran su realización, contrataciones directas, gastos publicitarios sin constancias suficientes de la prestación y procedimientos internos que el propio Tribunal ordenó revisar. En paralelo, el organismo dejó expresamente abierta la posibilidad de atribuir responsabilidades por un acuerdo con la firma privada Krah América Latina SA firmado en febrero de 2024, cuando Orrego ya ocupaba la gobernación.

La cuenta general analizada corresponde al ejercicio 2023, último año del gobierno de Uñac. Sin embargo, la revisión se prolongó durante la nueva administración y alcanzó decisiones adoptadas después del cambio político. José Luis Beltrán fue designado presidente de OSSE en diciembre de 2023, ya bajo el gobierno de Orrego, y en los primeros meses de 2024 aparece públicamente al frente de la empresa estatal.

Obras pagadas sin certificados

Uno de los episodios más graves detectados por los auditores corresponde a la restauración de las fachadas de la casa central de OSSE, contratada de manera directa por 16.106.503.

El Tribunal señala que la empresa Simacon SRL no presentó la documentación necesaria para confeccionar los certificados de obra. Además, el acta de medición y el certificado de provisión carecían de la firma del inspector de OSSE, la factura no estaba conformada y tampoco existían actas de medición completas, certificados de obra ni acta de finalización.

Un correo interno del sector Certificaciones fue todavía más explícito: la documentación necesaria para verificar cómputos, presupuestos, precios y planes de trabajo nunca habría sido corregida ni presentada, mientras que los pagos habrían sido efectuados directamente por Tesorería. El Tribunal terminó formulando un cargo por presunto perjuicio fiscal debido a que la obra fue pagada sin constancia suficiente de su realización.

Como responsables fueron señalados el entonces gerente de Obras, Francisco Javier Rodríguez; el gerente de Administración, Rodolfo Héctor Sastriques; y el gerente General, Herman Dismar Salinas. El Tribunal finalmente mantuvo ese cargo y atribuyó a los tres responsabilidad administrativa patrimonial por 16.106.503 de pesos más intereses legales.

Pero no fue el único caso.

También quedó bajo observación una contratación directa por 26.611.212,63 correspondiente a una red distribuidora de agua potable y colectora sobre calle Lencina. Según la auditoría, no existían acta de inicio, mediciones, certificados ni acta de finalización. Pese a eso, el 85 por ciento del monto fue pagado apenas dos días después de emitida la nota de pedido y posteriormente se completó el pago de la obra.

La factura había sido conformada por quien entonces presidía OSSE, Guillermo Nicolás Sirerol, funcionario de la administración de Uñac. El Tribunal atribuyó responsabilidad a Sirerol junto con Rodríguez, Sastriques y Salinas.

En abril de 2025, el organismo mantuvo finalmente la responsabilidad patrimonial por ese expediente en 26.611.212,63 más intereses para Rodríguez, Sastriques y Salinas.

Entre ambos cargos, el Tribunal determinó responsabilidades patrimoniales por más de 42,7 millones, sin contar intereses.

El gobernador Marcelo Orrego.

Publicidad urgente y sin certificaciones

La auditoría también puso la lupa sobre la caja publicitaria de OSSE durante los últimos meses de 2023.

Una contratación directa para “Servicio de Difusión y Publicidad” con Marketing y Negocios SRL fue tramitada bajo el argumento de urgencia. Entre la nota de pedido y la orden de pago pasaron apenas seis días hábiles. La solicitud inicial era por 20 millones para noviembre y diciembre, aunque finalmente la empresa presentó presupuesto y factura por aproximadamente 10 millones correspondientes a noviembre.

El problema señalado por el Tribunal es más profundo: el sector de Comunicación Institucional informó que no había intervenido en el expediente, Tesorería dijo que no tenía certificación de la prestación dentro del legajo de pago y Administración sostuvo que no había ingresado ningún expediente presentado por el proveedor. La auditoría no encontró otro mecanismo para verificar la prestación más allá de la conformación de la factura.

El organismo formuló un reparo y señaló como responsables al jefe del Departamento Jurídico, José Carlos Parra; al jefe de Auditoría Contable, Luis Alberto Ferrer; al responsable Financiero-Contable, Dante Ariel Oieni; al gerente General, Herman Dismar Salinas; y al entonces presidente de OSSE, Mauricio Eduardo Ibarra.

Una situación prácticamente idéntica aparece con el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) por trabajos de publicidad y relevamiento correspondientes a noviembre y diciembre de 2023.

También fue una contratación directa invocando urgencia, también transcurrieron apenas seis días hábiles y también el área financiera intervino cuando la decisión de contratar ya había sido emitida y no había partida presupuestaria disponible. La factura ascendió a 10 millones de pesos.

Otra vez, Comunicación dijo no haber trabajado en el expediente y Tesorería informó que carecía de certificación del servicio en el legajo de pago. Los responsables señalados fueron nuevamente Parra, Ferrer, Oieni, Salinas e Ibarra.

Simacon SRL y una mecánica que se repetía

Simacon SRL vuelve a aparecer en otras dos contrataciones observadas.

En la refacción y acondicionamiento de los baños de la casa central de OSSE, las actas de medición y certificados presentaban inconsistencias y carecían de firmas de inspectores. El Tribunal incluso detectó que la representante legal de Simacon SRL, Cinthya Anabel Ávila, figuraba el mismo día y a la misma hora iniciando dos obras diferentes: una en Capital y otra en Jáchal.

En la obra de rehabilitación del edificio administrativo de Región II, en Jáchal, el propio Tribunal escribió que “la mecánica de contratación es reiterada”: se realizaba un presupuesto bajo, no se presentaba otro oferente y Simacon SRL terminaba ejecutando la obra mediante contratación directa. Es difícil encontrar una descripción más explícita en un documento de control estatal.

Frente a esta sucesión de irregularidades administrativas, el Tribunal ordenó a OSSE revisar sus procedimientos de compras y pagos a proveedores y pidió que las obras fueran planificadas de manera integral para evitar posteriores contrataciones directas, adendas sobre montos adjudicados y acuerdos complementarios por trabajos que deberían haber sido previstos desde el inicio.

La gestión de Sergio Uñac también fue alcanzada poir es escándalo.

La herencia de Uñac llegó hasta Orrego

Ahí aparece el punto políticamente más sensible para el actual gobierno. El Tribunal terminó no aprobando formalmente la cuenta general 2023 de OSSE y mantuvo los cargos y reparos mencionados. Pero simultáneamente introdujo una salvedad vinculada con Krah América Latina SA, una empresa que viene interviniendo desde hace años en obras centrales del sistema de agua sanjuanino.

El fallo señala expresamente que no se libera de responsabilidad a funcionarios y agentes si se determina que el acta acuerdo de ampliación de plazo del 15 de febrero de 2024, aprobada mediante decisión de presidencia 0145 al día siguiente, produjo actos u omisiones contrarios a las normas que regulan la inversión de fondos públicos. Ese acto ya no pertenece al gobierno de Uñac.

Para febrero de 2024, Marcelo Orrego llevaba dos meses como gobernador y José Luis Beltrán estaba al frente de OSSE. La propia empresa lo identificaba públicamente como su presidente en marzo de ese año.

La auditoría también ordenó a Beltrán, al gerente General y de Administración; Carlos Adolfo Orrego, al gerente de Operaciones, Sergio Walter Estrada; a Dante Ariel Oieni y a José Carlos Parra adoptar una batería de medidas para corregir deficiencias internas. Entre ellas aparecen evitar movimientos bancarios que dificultaran las rendiciones, mejorar controles sobre compras y proveedores y aplicar correctamente el régimen de contrataciones, incluso en las obras correspondientes al acueducto Gran Tulum.

José Luis Beltrán, titular de OSSE.

El Tribunal menciona además que OSSE debía cumplir el cronograma de entrega de equipos y maquinarias comprometidos mediante un acta acuerdo con Krah América Latina SA.

Krah no es un nombre menor en la historia reciente de la obra pública sanjuanina. Investigaciones periodísticas publicadas posteriormente documentaron que la firma obtuvo contratos vinculados al acueducto Gran Tulum y que Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, actuó como apoderado de la empresa en documentación de OSSE.

De acuerdo con esa documentación, la primera adjudicación a Krah se remonta a 2015 y posteriormente fue objeto de una readecuación contractual durante la administración de Uñac. El vínculo volvió a quedar bajo análisis público por cuestionamientos técnicos sobre las tuberías y por la paralización del acueducto Gran Tulum.

El cuadro que surge de la documentación oficial es, por lo tanto, incómodo para ambos espacios políticos.

La gestión de Uñac dejó una OSSE cuya cuenta general 2023 terminó rechazada por el Tribunal, con contrataciones directas, obras pagadas sin certificaciones suficientes, publicidad objetada y funcionarios con responsabilidades patrimoniales millonarias.

Pero la administración de Orrego tampoco puede refugiarse completamente en la figura de la “herencia recibida”. Ya con el nuevo gobierno instalado, OSSE tomó decisiones vinculadas a contratos heredados -entre ellas la ampliación de plazo con Krah- sobre las que el propio Tribunal decidió mantener abierta la eventual responsabilidad de funcionarios y agentes.

La empresa estatal que administra el agua y las cloacas de San Juan quedó así en una situación paradójica: mientras cambió el signo político en la Casa de Gobierno, los problemas de contrataciones, documentación y controles atravesaron la transición y obligaron al Tribunal de Cuentas a señalar responsables de la gestión anterior y a impartir instrucciones concretas a quienes asumieron con Orrego.

La discusión ya no pasa solamente por quién originó cada expediente. También alcanza a qué hizo el nuevo gobierno con aquello que encontró cuando llegó al poder. (www.REALPOLITIK.com.ar)