En el marco de la rendición de cuentas del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), el Tribunal de Cuentas de Río Negro hizo con una advertencia sensible: la aprobación quedó sujeta a las observaciones, advertencias y recomendaciones del dictamen DEO 80/2024 y sin cerrar la puerta a eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.

La definición aparece en el fallo TCRN 232/2024, que trató rendiciones del IPPV correspondientes a los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024. El fallo aclaró expresamente que la aprobación de la rendición se hacía “con las observaciones, advertencias y recomendaciones” del dictamen técnico y “sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder” a los responsables por hechos, actos u omisiones de su gestión.

El dato no es menor en una provincia donde la obra pública volvió a ser presentada por el gobierno de Alberto Weretilneck como uno de los ejes centrales de gestión. En septiembre de 2024, el propio Ejecutivo provincial difundió la puesta en marcha de un plan de obra pública junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el interventor del IPPV, Mariano Lavin, y el jefe del bloque oficialista, Facundo López, con convenios vinculados a programas como Habitar, Casa Propia y Suelo Urbano.

Síntesis del fallo 232.

En ese contexto, la señal del Tribunal de Cuentas coloca al área de vivienda bajo una mirada incómoda. El IPPV aparece como un organismo cuyas cuentas fueron aprobadas con advertencias y con una eventual responsabilidad abierta, aunque la síntesis publicada no detalla cuáles fueron las observaciones concretas del dictamen DEO 80/2024.

La memoria 2025 del propio Tribunal agrega otro elemento. Allí se informa que el organismo de control abrió una auditoría específica sobre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, referida al análisis de la ejecución de obras enmarcadas en el Programa 27 “Habitar Río Negro”, tramitadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024. El objetivo declarado fue relevar el cumplimiento de sus aspectos normativos, técnicos, financieros y administrativos.

Más adelante, la misma memoria vuelve a mencionar esa auditoría sobre el IPPV y la ubica como “en proceso de elaboración”. Es decir, el Tribunal no solo había aprobado rendiciones del primer semestre con observaciones, sino que además puso bajo revisión específica las obras del segundo semestre del programa Habitar Río Negro.

Extractos de la memoria 2025 del HTC.

Una advertencia sobre vivienda pública

El fallo 232/2024 también ordenó hacer saber a las autoridades actuales del IPPV que debían cumplir en adelante con las recomendaciones y advertencias expresadas en el capítulo de conclusiones del dictamen. Además, dispuso remitir copia del fallo y del dictamen a la contaduría General de la provincia de Río Negro, en su carácter de órgano rector de los sistemas de control interno y contabilidad gubernamental.

La fórmula utilizada por el Tribunal es lo suficientemente fuerte como para abrir una pregunta política. Si la rendición estaba en condiciones de ser aprobada, pero al mismo tiempo quedaban observaciones, advertencias y una eventual responsabilidad administrativa, patrimonial o penal, el contenido del dictamen técnico pasa a ser clave para conocer qué vio el organismo de control dentro del IPPV.

Ese punto todavía permanece sin respuesta pública. La síntesis oficial del fallo no incorporó al acceso público el dictamen DEO 80/2024, ni detalla si las observaciones se vinculan con contratación de obras, certificaciones, pagos, documentación respaldatoria, ejecución presupuestaria, procedimientos administrativos o controles internos.

La memoria 2025, sin embargo, confirma que la lupa siguió puesta sobre el mismo organismo. La auditoría al programa Habitar Río Negro alcanza el período inmediatamente posterior al evaluado en el fallo 232/2024 y se concentra en obras públicas de vivienda, uno de los rubros políticamente más sensibles para la administración provincial.

Mariano Lavín.

La administración de Weretilneck reivindicó durante 2024 la decisión de sostener y reactivar obra pública con fondos provinciales frente al freno nacional. El propio IPPV informó que ese año se entregaron 265 viviendas, y citó al interventor Mariano Lavin destacando la decisión del gobernador y del ministro Echarren de llevar adelante el plan.

Pero esa narrativa oficial convive ahora con una advertencia institucional: el Tribunal de Cuentas aprobó rendiciones del IPPV con observaciones y luego abrió una auditoría sobre obras de Habitar Río Negro. No hay, por ahora, una acusación pública cerrada ni una irregularidad específica explicitada en la síntesis disponible. Lo que sí hay es una señal formal del órgano de control sobre un área estratégica de la gestión provincial.

El caso deja expuestos a varios niveles de responsabilidad política y administrativa: al gobernador Alberto Weretilneck, bajo cuya administración se ejecutó el plan; al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; al interventor del IPPV, Mariano Lavin; y a las autoridades y responsables técnicos del organismo que intervinieron en las rendiciones observadas y en las obras auditadas.

Resta aguardar a que las autoridades decidan hacer público el dictamen DEO 80/2024 y el informe final de la auditoría sobre el programa 27 “Habitar Río Negro”. Allí deberían estar las observaciones concretas que la síntesis oficial no muestra. Hasta entonces, el dato político es claro: el área de vivienda pública de Río Negro quedó bajo advertencia del organismo de contralor, mientras el gobierno provincial la exhibe como una de sus principales banderas de gestión. (www.REALPOLITIK.com.ar)