Santiago Bertamoni, director de la Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la crisis institucional y financiera que atraviesa el organismo. Durante la entrevista, advirtió sobre las cuantiosas pérdidas mensuales que sufre la institución, criticó la falta de mecanismos de fiscalización y transparencia, y reclamó una reforma legislativa integral que adecue la gestión a estándares de austeridad y ética pública.

"La Caja de Abogados viene perdiendo a razón de un promedio de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos por mes. Nos estamos comiendo las reservas y, de acá a unos años, no se van a poder afrontar más que las jubilaciones con lo que se genere mes a mes", alertó Bertamoni al describir el déficit estructural que afecta a la entidad previsional.

Un modelo de gestión costoso e ineficiente

El director cuestionó con dureza la estructura de gobierno de la institución, destacando la desproporción en el número de autoridades. "Tenemos la delirante cantidad de 44 directores. Ya eso es un disparate, no solo por el gasto que genera en viáticos y traslados, sino porque termina siendo un modelo de gestión lento y no acorde a lo que hoy la caja necesita", afirmó.

Asimismo, apuntó contra el sistema asistencial de salud propio creado por la institución, señalando que sus pérdidas se disimulan en la contabilidad general: "Es un sistema que los abogados no eligieron, tiene muy pocos afiliados y la pérdida que genera se oculta dentro de la recaudación general de la caja, sin que salga a la luz el impacto real".

Aportes desiguales y distorsión de la solidaridad

Bertamoni también analizó la disparidad en el esquema de aportes entre los profesionales matriculados. Explicó que la sobreoferta de abogados en la provincia genera una precarización que imposibilita a muchos cumplir con las cargas previsionales, mientras que el sistema ejerce una presión excesiva sobre los de mayor facturación.

"Un abogado puede aportar 600.000 pesos en todo un año y otro puede aportar 60 millones de pesos en un solo expediente. La solidaridad ahí queda desvirtuada y se transforma en confiscatoriedad, porque esa persona que hizo un aporte extraordinario nunca lo va a ver reflejado en su jubilación. Un sistema previsional injusto no es sustentable a largo plazo", subrayó.

Falta de controles y necesidad de una reforma legal

Por otro lado, el dirigente contrapuso la falta de regulación de la caja con los controles que rigen sobre la administración pública. "Somos una entidad que no tiene control del Estado, no tiene fiscalización externa permanente y ni siquiera videograbamos las reuniones de directorio. Si quisiéramos transparencia, mínimo tendrían que transmitirse por YouTube", cuestionó.

Finalmente, Bertamoni instó a los legisladores bonaerenses a impulsar una reformulación completa del marco normativo del organismo. "Necesitamos una reforma integral donde los directores seamos equiparados a funcionarios públicos, nos rija la ley de Ética Pública y haya un límite estricto a las reelecciones. Si no cambiamos el funcionamiento y seguimos fingiendo demencia, un día no vamos a poder pagar las jubilaciones", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)