Mariela López Dulce, especialista en mercado inmobiliario, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las herramientas de resguardo para los propietarios, las diferencias centrales entre un inquilino con atrasos en el pago y un usurpador, y los alcances normativos en materia de expropiaciones estatales.

"Recuperar un inmueble para un propietario cuesta mucho tiempo y trámites en la Justicia; quizás pasan cuatro o cinco años hasta que se concluye el proceso. Cuando hacés una inversión tan grande y te usurpan la propiedad, no está bueno. Es un derecho de los propietarios y algo que estábamos reclamando hace tiempo", señaló López Dulce al evaluar el impacto que tendría una legislación nacional para agilizar la restitución de viviendas.

Inquilinos con mora versus usurpadores

Al diferenciar a las personas que atraviesan dificultades económicas temporales de quienes usurpan inmuebles con malicia, la especialista remarcó la importancia del diálogo y la intermediación inmobiliaria. "Un inquilino que no llega a fin de mes o se le corrió una fecha de cobro no es un usurpador. Si siempre fue buen pagador, se llega a una negociación o se repacta el contrato. La característica del usurpador es otra: no quiere negociar, busca quedarse el mayor tiempo posible y muchas veces sin pagar impuestos ni expensas", explicó.

En ese sentido, destacó el rol preventivo que cumplen herramientas como los seguros de caución frente a las tradicionales garantías propietarias: "La fianza o el seguro de caución le garantizan al propietario el cobro del alquiler, las expensas y los servicios en caso de incumplimiento. Por eso asesoramos a los propietarios para que utilicen este tipo de resguardos, que resuelven la situación de manera inmediata si el inquilino entra en mora".

Expropiaciones y garantías de propiedad 

Respecto al tratamiento de las expropiaciones estatales dentro de la iniciativa parlamentaria, la asesora explicó que el proyecto busca brindar previsibilidad y proteger el dominio privado en obras de infraestructura o planificación urbana. "Lo que plantea la normativa es que, en casos de expropiación planificada, el Estado debe pagar la indemnización correspondiente antes de transferir el dominio a su nombre, garantizando así la protección de los derechos del propietario", sostuvo.

Por último, López Dulce valoró el avance de iniciativas que aporten seguridad jurídica tanto al locador como al locatario para dinamizar la oferta de viviendas. "Cada caso requiere un trabajo artesanal, pero contar con un marco legal ágil y con herramientas de resguardo claras es indispensable para brindar tranquilidad a los inversores y ordenar el mercado", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)