Lunes 10 de agosto de 2026

Interior

Senado de Mendoza

La vicegobernadora que enfrentó a Francia ahora es acusada de irregularidades en el Senado

10/08/26 | Tras el cruce con Francia, Hebe Casado quedó en el centro de una denuncia por votar un proyecto con más artículos que el oficial.


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Por:
Franco D’Amelio

Una particular situación ocurrida en la Honorable Cámara de Senades de Mendoza abrió una discusión que excede el contenido de una ley ambiental y apunta directamente al procedimiento utilizado para aprobarla. El senador Dugar Chappel, del Partido Verde, denunció formalmente que durante la sesión del 28 de julio se votó un proyecto diferente del que figuraba oficialmente en el expediente legislativo y en las pantallas de los senadores.

El planteo fue elevado a la vicegobernadora y presidenta de la cámara alta, Hebe Casado. Allí, Chappel no sólo cuestionó la mecánica mediante la cual avanzó la iniciativa, sino que además acusó a la presidencia de haberle negado de manera “arbitraria” el uso de la palabra cuando intentó advertir lo que estaba ocurriendo.

La controversia gira alrededor del proyecto denominado Ciudadanía Ambiental Activa, impulsado por los senadores oficialistas Yamel Ases, Beatriz Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul, todos alineados con el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa busca que fotografías y videos aportados por ciudadanos sobre presuntos delitos o infracciones ambientales puedan ser utilizados dentro de actuaciones administrativas o judiciales.

Actualmente, ese tipo de material funciona principalmente como una alerta que luego debe ser constatada por un inspector. El problema, según explicaron quienes promueven la modificación, es que muchas veces cuando el personal llega al lugar la infracción ya terminó o los responsables se retiraron.

El proyecto oficialista pretende resolver esa dificultad mediante una aplicación gubernamental que permita darle trazabilidad al material enviado por los vecinos y, al mismo tiempo, resguardar la identidad y los datos personales del denunciante.

La discusión, sin embargo, terminó corriéndose del contenido ambiental hacia una cuestión mucho más delicada: qué texto fue efectivamente votado por los senadores mendocinos.

De 14 artículos a 25

La iniciativa había sido presentada antes del receso legislativo y obtuvo despacho favorable tanto de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales como de la comisión de Ambiente.

Según la presentación de Chappel, ese despacho constaba de catorce artículos y era el único texto oficialmente incorporado al expediente. Era también la versión que los legisladores tenían disponible en sus pantallas y dentro del sistema informático de la Cámara al comenzar la sesión.

Pero durante el tratamiento comenzó a discutirse otra versión.


Basural en barrio Paraguay.

“El proyecto que llegaba al recinto contaba con despacho favorable de dos comisiones (LAC y Ambiente). Ese despacho, que era el único documento oficial incorporado al trámite legislativo y puesto formalmente a disposición de los senadores, estaba compuesto por 14 artículos”, sostuvo Chappel en su presentación.

Y agregó que, una vez iniciado el debate, comenzó a hacerse referencia a “un texto completamente distinto, integrado por veinticinco artículos”, que no figuraba incorporado al expediente legislativo ni entre los despachos distribuidos oficialmente.

De acuerdo con el senador del Partido Verde, esa nueva redacción había sido enviada previamente por WhatsApp al grupo de Labor Parlamentaria, integrado por autoridades y presidentes de bloque.

“Es decir, el documento que finalmente terminó siendo sometido a votación no era el mismo que los senadores tenían oficialmente incorporado en sus bancas al momento de iniciarse el tratamiento del proyecto”, denunció.

La diferencia no sería meramente cuantitativa. Chappel afirma que el texto finalmente aprobado sufrió modificaciones sustanciales respecto del despacho que había pasado por las comisiones.

“De los 14 artículos contenidos en el despacho de comisión, únicamente permanecieron, en esencia, los artículos 1, 2, 18 y 19 del texto finalmente aprobado, incorporándose una cantidad significativa de nuevas disposiciones cuya discusión específica no quedó reflejada en la versión taquigráfica”, señaló.

El legislador aclaró que su cuestionamiento no apunta contra el objetivo ambiental de la norma, sino contra el precedente institucional que, a su entender, podría generar una votación realizada bajo esas condiciones.

“Por mi conciencia partidaria no puedo votar en contra de una ley de protección ambiental. No digo que acá haya un fraude o algo delictivo, pero si no cumplís la forma, como le dije a un senador, mañana te van a hacer creer que estás votando la modificación de la ley de Glaciares y vas a estar votando una donación de tu dieta”, sostuvo.

Y fue todavía más lejos: “Al romper la forma pueden hacer lo que quieran y no sé si ya lo han hecho, ya que constantemente se votan los expedientes sólo nombrando los artículos”.

El interrogante que deja planteado Chappel es particularmente sensible para la Legislatura mendocina: si una modificación de semejante magnitud pudo llegar al recinto sin estar cargada en el sistema utilizado por los senadores, ¿existen antecedentes similares que hayan pasado inadvertidos?

 
Presentación formal del senador Chappel a la vicegobernadora.

El cruce con Hebe Casado

El episodio sumó además una segunda controversia por el comportamiento de la vicegobernadora Hebe Casado durante la sesión. Según Chappel, cuando intentó plantear la diferencia entre ambos textos recibió primero respuestas con “descalificaciones personales” por parte de legisladores oficialistas. Luego, la presidencia de la Cámara directamente le negó el uso de la palabra.

“Durante el tratamiento del proyecto solicité reiteradamente el uso de la palabra. Lo hice, en primer lugar, para formular una cuestión reglamentaria vinculada con la existencia de una evidente diferencia entre el despacho distribuido oficialmente y el texto que se pretendía someter a votación”, relató.

Chappel aseguró que posteriormente volvió a pedir intervenir para rectificar afirmaciones realizadas sobre su planteo, pero tampoco obtuvo autorización. “En ninguna de esas oportunidades la presidencia expresó fundamento reglamentario alguno que justificara la negativa. La palabra simplemente no fue concedida”, sostuvo.

Para el senador opositor, el problema institucional va mucho más allá de que una versión tuviera catorce artículos y otra veinticinco. “La verdadera gravedad consiste en que el órgano legislativo debe deliberar y decidir sobre un texto cierto, auténtico, oficialmente identificado y conocido en igualdad de condiciones por todos sus integrantes”, expresó en el escrito dirigido a Casado.

El episodio encuentra además a la vicegobernadora en un momento de fuerte exposición pública. Durante julio había quedado envuelta en otra controversia luego de referirse en redes sociales a la selección francesa como “el equipo africano flojo de modales”. Sus dichos provocaron críticas y una dura reacción pública del embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal.


Hebe Casado.

La respuesta del oficialismo

Fuentes del bloque oficialista consultadas por REALPOLITIK prefirieron no ser identificadas, aunque rechazaron que durante la sesión se haya producido una irregularidad. Según aseguraron, el Senado actuó dentro de los procedimientos legislativos vigentes y los proyectos pueden recibir modificaciones incluso durante su tratamiento en el recinto.

También negaron que los cambios hayan respondido a una “orden directa del Ejecutivo”. Señalaron que, además de las propuestas realizadas desde el área ambiental del gobierno provincial, catorce organizaciones sociales participaron con aportes durante el tratamiento en comisión y otras dos realizaron presentaciones a través de la secretaría de Entrada.

La explicación, sin embargo, no termina de responder el cuestionamiento central formulado por Chappel: por qué el texto que finalmente se sometió a votación no coincidía con el documento oficial que los senadores tenían cargado en sus bancas y en el sistema de la cámara.

Lo que comenzó como el tratamiento de una herramienta para facilitar denuncias ambientales terminó así abriendo una discusión institucional de mayor alcance. Ya no se trata solamente de qué establece la nueva norma, sino de qué garantías tienen los legisladores —oficialistas y opositores— de que el texto que aparece frente a ellos es exactamente el mismo que están votando. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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