La vicegobernadora que enfrentó a Francia ahora es acusada de irregularidades en el Senado
Por Franco D’Amelio
El Tesoro obtuvo casi 4 billones de pesos adicionales en una licitación de deuda de fines de julio, pero esos fondos no se habrían reflejado en la cuenta que mantiene en el Banco Central. La diputada Marcela Pagano denunció al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y a otros funcionarios, y pidió conocer el recorrido, las cuentas de destino, las órdenes de transferencia y las tasas involucradas.
La secuencia bajo investigación comenzó en la última semana de julio de 2026. El 29 de julio, la Secretaría de Finanzas realizó una licitación de deuda en pesos. Según el documento completo de la denuncia, al que accedió REALPOLITIK, el Tesoro debía renovar obligaciones por alrededor de 8 billones de pesos, pero obtuvo entre 3,7 y 4 billones por encima de ese monto.
Dos días después, el viernes 31 de julio, se liquidó esa operación. Según el escrito formulado por la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Marcela Pagano, integrante del monobloque Coherencia, los depósitos del Tesoro en el Banco Central no aumentaron por el monto obtenido: cayeron de aproximadamente 3 billones a 260.000 millones de pesos.
El martes 4 de agosto apareció cerca de 1 billón de pesos en la cuenta del Tesoro en el BCRA. Para Pagano, los fondos habrían reaparecido de manera parcial, sin una explicación pública sobre dónde estuvieron, quién ordenó su movimiento, en qué cuentas se depositaron, qué tasa rindieron o qué norma autorizó la operación.
El punto central de la denuncia es que, según Pagano, se habría perdido la trazabilidad de una suma extraordinaria de recursos públicos: con los datos disponibles no sería posible determinar con precisión dónde estuvieron los fondos, quién ordenó sus movimientos ni bajo qué condiciones fueron administrados.
La presentación señala que el episodio tomó estado público a partir de una nota de la periodista Luciana Glezer, publicada en La Política Online el 7 de agosto de 2026, y de una cobertura concordante de iProfesional.
La denuncia incorpora una hipótesis atribuida a publicaciones periodísticas, a la consultora Outlier y a analistas de mercado como el economista Gabriel Caamaño. Según esa versión, una parte de los fondos obtenidos por el Tesoro podría haber quedado depositada temporalmente en bancos comerciales, posiblemente en entidades de banca pública, en lugar de aparecer concentrada en la cuenta habitual del Tesoro dentro del Banco Central.
Para reconstruir ese circuito, Pagano pidió que la Justicia requiera los extractos de las cuentas del Tesoro, las órdenes de transferencia, los actos administrativos, los registros contables y los datos de las entidades financieras que hubieran recibido los fondos.
La sospecha de Pagano es que esos fondos pudieron haberse usado dentro de un circuito financiero que involucra al Tesoro, bancos comerciales y al Banco Central. Si el Tesoro dejó los pesos en bancos y esos bancos luego los colocaron transitoriamente en el BCRA mediante pases, el Estado podría haber afrontado dos costos financieros: primero, intereses para tomar la deuda; después, intereses pagados por el BCRA a los bancos para absorber esos pesos.
Un pase es un préstamo muy breve entre bancos y el Banco Central. Si un banco tiene excedente de pesos, puede dejarlos por uno o pocos días en el BCRA y cobrar una tasa de interés. La denuncia plantea que, de confirmarse ese mecanismo, los bancos podrían haber cobrado intereses por recursos que provenían del Tesoro.
La presentación también cuestiona variaciones en los depósitos en dólares del Tesoro dentro del BCRA. Entre el 28 y el 29 de julio, según el documento, el saldo habría bajado de 3.330 millones de dólares a 3.185 millones de dólares: una disminución de 145 millones de dólares.
La diputada Pagano vincula temporalmente esa baja con una jornada de presión sobre el dólar mayorista y pide investigar si el Tesoro vendió divisas para contener la cotización. La presentación solicita reconstruir la operatoria y determinar si esas variaciones respondieron a pagos de deuda, operaciones asociadas al AO29, movimientos vinculados a Bopreales, compra de divisas, desembolsos de organismos internacionales o ventas destinadas a intervenir sobre la cotización.
El escrito también menciona que las tenencias en dólares habrían subido de 3.605 millones de dólares el 31 de julio a 4.387 millones de dólares el 3 de agosto. La diferencia, de aproximadamente 780 millones de dólares, tampoco tendría, según lo denunciado, una explicación pública que permita establecer el origen exacto de cada movimiento.
El caso ganó centralidad por una respuesta pública de Santiago Bausili, presidente del Banco Central, durante una conferencia del 6 de agosto. Ante una consulta por los fondos que no aparecían depositados en la cuenta del Tesoro, el funcionario afirmó que no tenía “mucha respuesta” porque era una pregunta que debía hacerse al Tesoro.
Luego agregó: “No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están. Son bastantes como para no encontrarlos”.
Pagano sostiene que esa respuesta debe ser investigada porque el BCRA es el agente financiero del Estado y registra los movimientos de las cuentas del Tesoro. Por eso pidió que la Justicia incorpore el video completo y la versión taquigráfica de la conferencia, además de las actas del directorio y las comunicaciones entre el Banco Central, Hacienda, Finanzas y Tesorería.
Después de describir esos hechos, Pagano formuló una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo; Bausili; y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Finanzas, Tesorería General de la Nación y Banco Central que eventualmente resulten responsables.
La diputada imputó de manera provisoria los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de actos de oficio y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Como alternativas, mencionó peculado y malversación culposa.
Además, pidió que se investigue una eventual falsedad ideológica en documentos públicos y una posible alteración artificial de la cotización de divisas o títulos.
La presentación invoca el régimen de caja única previsto por la Ley 24.156. Grosso modo, esa regla busca que la plata del Estado quede centralizada, registrada y disponible para auditorías. Pagano sostiene que, si los fondos fueron colocados fuera de la cuenta habitual del Tesoro, debieron existir una autorización expresa, un acto administrativo, una registración contable y una identificación precisa de la entidad receptora.
La diputada solicitó que el BCRA entregue los extractos completos de todas las cuentas del Tesoro desde el 1 de julio de 2026, con identificación de cada ingreso y salida de fondos, contraparte, instrucción, funcionario ordenante, norma de respaldo y cuenta de destino.
También pidió conocer todas las operaciones de pase realizadas desde el 15 de julio, sus montos, tasas, plazos y bancos participantes. A Hacienda y Tesorería les reclamó los saldos diarios de todas las cuentas del Tesoro en el BCRA, Banco Nación y cualquier entidad pública o privada; los actos administrativos que autorizaron las colocaciones; y los registros del sistema e-SIDIF.
El e-SIDIF es el sistema informático central con el que la Administración Pública Nacional registra y administra presupuesto, cobros, pagos, deudas, movimientos de tesorería y asientos contables.
La denuncia requiere, además, informes a la Contaduría General, a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación, organismo encargado del control interno del Poder Ejecutivo) y al Banco Nación. A este último le pide que informe si recibió depósitos o colocaciones del Tesoro desde el 15 de julio y, en ese caso, bajo qué condiciones, plazos, tasas y remuneración.
La presentación de Pagano busca que la Justicia reconstruya el recorrido de los 4 billones de pesos captados por el Tesoro, identifique las cuentas de destino, determine si hubo depósitos en bancos comerciales y establezca si las operaciones de pase del BCRA generaron un costo adicional para el Estado. También reclama esclarecer los movimientos en dólares y el grado de intervención de Caputo, Bausili y las áreas de Hacienda, Finanzas y Tesorería. (www.REALPOLITIK.com.ar)