El intendente peronista de la municipalidad de Dolavon, Dante Bowen, encontró un límite cuando su administración buscó determinar si podía colocar fondos públicos municipales en fondos comunes de inversión, una operatoria financiera que el organismo de control terminó considerando incompatible con la legislación vigente.

El episodio quedó plasmado en el dictamen 55/26, firmado el 26 de junio de 2026, a partir de un expediente iniciado por la propia comuna bajo la carátula “Inversiones transitorias de fondos municipales en fondos comunes de inversión”.

Es decir, no se trató de una denuncia opositora ni de una auditoría que descubriera movimientos financieros a posteriori: fue el propio Ejecutivo municipal el que llevó ante el Tribunal de Cuentas de Chubut la posibilidad de realizar este tipo de operaciones con recursos públicos.

La respuesta, por supuesto, no fue favorable.

La resolución del Tribunal de Cuentas.

Luego de analizar la consulta, los asesores del Tribunal determinaron que Dolavon se encuentra alcanzado por la ley XVI Nro. 46 de Corporaciones Municipales, cuyo artículo 98 establece específicamente las alternativas habilitadas para invertir fondos públicos. Según el organismo, los fondos comunes de inversión no aparecen entre esas posibilidades.

Pero el dictamen agrega un elemento todavía más sensible: las inversiones proyectadas serían realizadas en entidades financieras privadas.

El Tribunal no sólo señaló que esa alternativa no estaba contemplada por la normativa, sino que además recordó expresamente las "responsabilidades que podrían generarse" para los funcionarios en caso de avanzar por fuera de las opciones permitidas por ley.

La conclusión fue terminante: “No podría darse curso con la gestión financiera traída para análisis”.

De Dolavon a la pelea por la gobernación

El protagonista del expediente no es un intendente de bajo perfil. Bowen transita su tercer mandato al frente de Dolavon y ya hizo públicas sus aspiraciones de competir por la gobernación de Chubut en 2027. En febrero fue contundente al anunciar su proyecto provincial: “Voy a ser gobernador de Chubut”, afirmó entonces, presentándose como un dirigente de un peronismo “amplio” y dialoguista.

Su candidatura también abrió una disputa dentro del propio Partido Justicialista. En julio cuestionó a la conducción histórica del PJ chubutense y sostuvo que la dirigencia tradicional constituye uno de los principales obstáculos para su proyecto electoral. Su estrategia pasa por disputar el liderazgo partidario desde adentro y eventualmente competir en una interna.

Bowen tampoco oculta sus diferencias con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Este año calificó a la gestión provincial de “improvisada” y cuestionó la falta de un proyecto político y productivo para Chubut, mientras intenta posicionarse como una alternativa para 2027.

La relación, sin embargo, mantiene la lógica pendular habitual de la política provincial. En marzo, Torres y Bowen se mostraron juntos durante una entrega de viviendas en Dolavon y reivindicaron públicamente la necesidad de mantener la cooperación institucional pese a las diferencias partidarias.

La historia entre ambos viene de antes. Tras las elecciones provinciales de 2023, Bowen recibió al entonces gobernador electo Torres y sostuvo que esperaba mantener una buena relación con la nueva administración, destacando que las diferencias políticas no debían afectar la gobernabilidad.

Una consulta con detalles llamativos

El expediente financiero también exhibe algunas desprolijidades. Antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, el Tribunal tuvo que pedirle al municipio que completara los requisitos establecidos para formular este tipo de consultas. Finalmente Dolavon remitió antecedentes y dictámenes legales y contables, pero la nota de elevación incorporada al expediente ni siquiera estaba firmada por una autoridad municipal.

La documentación disponible no permite saber cuánto dinero pretendía colocar el Ejecutivo en fondos comunes de inversión, qué instrumentos financieros había evaluado ni en qué bancos o entidades privadas pensaba realizar la operatoria. Tampoco surge del dictamen que las inversiones hayan llegado efectivamente a concretarse.

Ese punto resulta indispensable: lo que está acreditado es que el Ejecutivo de Bowen consultó formalmente la posibilidad de utilizar fondos públicos municipales para invertir en fondos comunes, que esos fondos iban a estar vinculados a entidades financieras privadas y que el Tribunal de Cuentas concluyó que la alternativa no estaba habilitada por la legislación vigente.

Por eso, antes de que los recursos municipales llegaran a esa particular versión de la timba financiera, el organismo de control provincial puso un freno.

Para Bowen, que pretende convertir su administración de Dolavon en una carta de presentación de cara a la carrera por la gobernación, el dictamen deja ahora una pregunta incómoda: qué destino, monto y entidad financiera tenía en mente su gobierno cuando decidió explorar una inversión de dinero público que la ley provincial no habilitaba. (www.REALPOLITIK.com.ar)