La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), una empresa cuyo paquete accionario pertenece en un 100 por ciento al Estado provincial, quedó bajo la lupa del Tribunal de Cuentas por una serie de irregularidades detectadas durante el gobierno de Alfredo Cornejo. El organismo encontró compras directas sin competencia suficiente, excepciones cuya urgencia no estaba acreditada, contrataciones repetidas que terminaban superando los límites establecidos y hasta un pago en exceso en un trabajo de agrimensura.

La situación adquiere una dimensión política porque la compañía está encabezada por Daniel Vilches, contador y dirigente radical con una extensa trayectoria en la política mendocina, que fue concejal de Godoy Cruz, diputado y senador provincial. Vilches presidía la STM durante todo el período observado y continúa en el cargo: a fines de 2025 fue renovado como presidente del directorio hasta diciembre de 2028.

Por encima de la conducción de la STM aparece además Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Alfredo Cornejo y uno de los principales responsables políticos de la política de transporte mendocina. Su vínculo con la empresa viene de lejos: como funcionario de Servicios Públicos participó de la reestructuración de la antigua Empresa Provincial de Transporte que dio origen a la actual STM.

Compras directas y excepciones que no pudieron justificarse

El fallo 18.371, fechado el 6 de abril de 2026, analizó la administración financiera y patrimonial de la STM correspondiente a 2024. La auditoría detectó “numerosas contrataciones” realizadas mediante compra directa, evitando en determinados casos el pedido de presupuestos o la realización de concursos privados o públicos.

Las operaciones habían sido encuadradas en supuestos de “urgencia”, “notoria escasez” o “exclusividad”, pero el informe fue categórico: esas circunstancias no aparecían acreditadas en los legajos revisados.

También se encontraron contrataciones de bienes y servicios que se repetían mensual o periódicamente. Cada operación considerada de manera individual podía entrar dentro de los montos permitidos para una compra directa, pero la suma de las prestaciones terminaba superándolos. El Tribunal señaló además casos tramitados como proveedores únicos sin que se hubiera seguido correctamente el procedimiento previsto para esa excepción.

El descargo de uno de los principales responsables terminó agregando un dato todavía más incómodo. Gustavo Salomón, gerente de Administración y Finanzas, sostuvo que los expedientes habían sido tratados de acuerdo con lo que era habitual en ejercicios anteriores y que las auditorías previas no habían formulado reparos sobre esos mecanismos.

La respuesta del Tribunal fue tajante. Descartó que se tratara de un simple “cambio de criterio” de los auditores y concluyó que permanecían incumplimientos al régimen de contratación directa que no habían sido justificados.

Gustavo Salomón.

Las irregularidades siguieron durante 2025

El punto más comprometedor del fallo aparece cuando la auditoría analiza lo ocurrido después del cierre del ejercicio. Según los informes periódicos realizados durante 2025, los incumplimientos al régimen de contrataciones continuaban produciéndose y no se observaban acciones concretas por parte de los responsables destinadas a mitigar o revertir la situación.

Es decir, no se trató únicamente de expedientes defectuosos detectados retrospectivamente sobre 2024. El organismo de control aseguró que el mecanismo cuestionado todavía se repetía durante el año siguiente.

Por ese motivo, el Tribunal calificó lo ocurrido como un “procedimiento administrativo irregular” no subsanado, al considerar que la empresa había incumplido su propio régimen de compras y contrataciones, precisamente el instrumento destinado a garantizar transparencia, eficiencia en la utilización de fondos públicos e igualdad de oportunidades entre proveedores.

Las responsabilidades administrativas recayeron sobre Gustavo Salomón, gerente de Administración y Finanzas, quien recibió una multa de 400 mil pesos; Daiana Yasmin Castillo, jefa del departamento de Contaduría, sancionada con 300 mil; y Daniel Alejandro Dimartino, jefe del departamento de Compras, también multado por 300 mil. En total, las sanciones ascendieron a un millón de pesos.

Vilches, máxima autoridad de la empresa durante el período auditado, no figura entre los funcionarios multados por el Tribunal.

Yasmin Castillo y Daniel Alejandro Dimartino.

Un pago calculado sobre 100 lotes cuando terminaron siendo 68

La auditoría encontró además otra situación llamativa vinculada con un contrato para realizar trabajos de agrimensura sobre un terreno adquirido por la empresa.

El acuerdo, firmado en febrero de 2023, establecía honorarios equivalentes a 560 dólares por cada lote resultante, con pagos escalonados según el avance del trabajo. La STM abonó inicialmente un anticipo calculado sobre una estimación de 100 lotes. Sin embargo, cuando el proyecto fue presentado posteriormente ante la municipalidad de Guaymallén, el resultado era de 68 lotes.

El Tribunal pidió entonces documentación que acreditara cómo se corregiría el pago correspondiente a la diferencia de 32 lotes.

La compensación terminó realizándose recién durante 2025, descontando los importes pagados en exceso de un tercer desembolso. Por esa razón específica la observación finalmente fue considerada subsanada, aunque el Tribunal ordenó continuar controlando las compensaciones económicas pendientes hasta la finalización del contrato.

El expediente también contiene advertencias sobre el control del retiro de cables de cobre y estructuras de antiguas líneas de trolebuses, para lo cual se ordenó reforzar los mecanismos de seguimiento del material desmontado. Además, se señalaron deficiencias en contrataciones de servicios de vigilancia y limpieza, con instrucciones para precisar las condiciones de futuras licitaciones, fundamentar correctamente adjudicaciones y rechazos y establecer controles sobre las empresas prestadoras.

Alfredo Cornejo.

Una empresa estatal que recibió miles de millones

La STM no es una empresa privada. Fue constituida como una sociedad anónima unipersonal de participación estatal y su paquete accionario pertenece íntegramente a la provincia de Mendoza, según la propia normativa que regula su funcionamiento.

Eso vuelve especialmente relevante el manejo de sus contrataciones. Durante 2024, además, el gobierno provincial realizó importantes transferencias de capital hacia la compañía.

Una de ellas alcanzó los 5.443.802.942, otorgados como aporte irrevocable de capital para inversiones vinculadas con bienes de capital y obras de infraestructura. El pedido había sido suscripto justamente por Daniel Vilches, como presidente, y por Gustavo Salomón, gerente de Administración y Finanzas, uno de los funcionarios posteriormente sancionados por el Tribunal de Cuentas.

El dato no implica que ese aporte haya estado vinculado con las contrataciones observadas por el Tribunal —el decreto lo relaciona con inversiones y obras del Metrotranvía—, pero muestra la magnitud de los recursos públicos administrados por una sociedad en la que los auditores terminaron encontrando procedimientos de compra irregulares.

Así, mientras el gobierno de Cornejo exhibe a la STM como una de las piezas centrales de su política de transporte, el organismo de control provincial dejó documentado un escenario menos favorable: compras directas sin las exigencias correspondientes, excepciones sin acreditar, un pago en exceso y procedimientos que, lejos de corregirse inmediatamente, siguieron apareciendo durante 2025.

Todo ocurrió bajo la conducción de Vilches, quien no solo permaneció al frente de la compañía después de las observaciones sino que fue nuevamente designado para continuar presidiendo la empresa estatal hasta 2028. (www.REALPOLITIK.com.ar)