Una resolución del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos abrió un interrogante sobre el destino de más de 16 millones de pesos de fondos públicos transferidos durante 2023 a la facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Se trata de la resolución 213/2026, firmada el pasado 19 de junio, mediante la cual el organismo de control aprobó la rendición de cuenta 3344/2023 correspondiente a un subsidio recibido por esa casa de estudios durante el ejercicio presupuestario 2023.

El monto asciende exactamente a 16.351.400 pesos. De acuerdo con el Tribunal, la totalidad fue utilizada por la institución y no existieron fondos sobrantes que debieran ser restituidos.

Sin embargo, la resolución pública presenta una particularidad: en ninguna de sus cinco páginas explica para qué había sido concedido el subsidio ni en qué se gastó el dinero.

Tampoco identifica al organismo provincial que habría realizado originalmente la transferencia, la norma mediante la cual se autorizó el aporte, el convenio que eventualmente le dio origen ni las empresas o proveedores que pudieron haber recibido pagos realizados con esos fondos.

Más de 16 millones gastados en su totalidad

El anexo I de la resolución ofrece apenas unos pocos datos sobre la operación. Bajo la partida presupuestaria "Transferencias", aparece consignada la Universidad Tecnológica Nacional, facultad Regional Paraná, junto con el número de rendición 3344 y un total de 16.351.400 invertidos.

En la columna correspondiente a fondos devueltos aparece, en cambio, cero pesos. Es decir que, de acuerdo con la documentación aprobada por el Tribunal, la totalidad del subsidio fue utilizada.

Lo que el documento no permite conocer es qué compró, contrató o financió la universidad con ese dinero. La ausencia resulta particularmente significativa debido a que la resolución sí afirma que existió una auditoría previa. "Realizadas las tareas de auditoría y producido los pertinentes informes", señala el Tribunal en sus considerandos, antes de aclarar que esos informes fueron analizados por la secretaría de la Vocalía Nro. 1. 

También indica que la Fiscalía de Cuentas consideró satisfactorio lo actuado y solicitó aprobar la rendición. Los informes de auditoría mencionados, sin embargo, no forman parte del contenido publicado junto con la resolución analizada.

Una aprobación con límites

Otro punto relevante aparece en el artículo segundo de la resolución. El Tribunal aclara expresamente que la aprobación de la rendición se realiza "exclusivamente" en sus aspectos legales, formales, numéricos y documentales.

La precisión no es menor. El propio organismo deja a salvo la posibilidad de que posteriormente pueda atribuirse responsabilidad a funcionarios o agentes por actos o hechos concretos realizados en el ejercicio de sus cargos, de acuerdo con los mecanismos establecidos por la ley Orgánica del Tribunal.

Incluso antes de aprobar formalmente la cuenta, el Tribunal realiza una "expresa reserva" de reabrir procedimientos en las circunstancias contempladas por los artículos 48 y 49 de la ley 5796, modificada por la ley 8738.

La fórmula puede formar parte de las previsiones habituales utilizadas por el organismo en este tipo de resoluciones. Sin embargo, sirve para delimitar con precisión qué significa jurídicamente la aprobación: la resolución acredita que la rendición superó el examen realizado sobre la documentación presentada, pero no constituye una certificación general respecto de cualquier conducta que eventualmente pudiera descubrirse vinculada con esos fondos.

Fondos de 2023, aprobados en 2026

También resulta llamativo el recorrido temporal del expediente. El subsidio pertenece al ejercicio presupuestario 2023, mientras que la resolución mediante la cual el Tribunal terminó aprobando su rendición lleva fecha del 19 de junio de 2026.

La documentación publicada no indica cuándo ingresó efectivamente la rendición al Tribunal, si existieron observaciones preliminares, si la UTN debió completar documentación o responder requerimientos ni cuánto duró concretamente el proceso de auditoría.

Se plantea así otra pregunta relevante para reconstruir el expediente: cuándo rindió efectivamente la universidad los fondos que había recibido durante 2023 y qué ocurrió desde entonces hasta su aprobación tres años después.

Una relación de cooperación con el gobierno provincial

La relación entre la UTN Paraná y el Estado entrerriano no era excepcional durante el período analizado.

En junio de 2023, el propio gobierno provincial informó sobre la participación de estudiantes de ingeniería en obras públicas ejecutadas por Entre Ríos. En aquella oportunidad, autoridades del entonces ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios explicaron que existía un convenio de colaboración y cooperación con las facultades regionales de la UTN para incorporar estudiantes en tareas vinculadas con proyectos, cómputos y presupuestos.

De aquel encuentro participaron el entonces ministro Marcelo Richard y el decano de la facultad Regional Paraná, Alejandro Carrere.

No existe, al menos en la documentación analizada hasta el momento, ningún elemento que permita afirmar que los 16.351.400 aprobados mediante la rendición 3344 tengan relación con ese convenio.

El antecedente demuestra, sin embargo, la existencia de una vinculación institucional activa entre la universidad y distintas áreas de la administración provincial durante el mismo período en que fueron utilizados los fondos.

La cooperación continuó posteriormente con otros organismos. El Consejo General de Educación, por ejemplo, informó acuerdos con la UTN Paraná para prácticas profesionales y capacitaciones durante 2024 y 2025.

El origen del dinero, la principal incógnita

Una búsqueda realizada a partir del monto exacto, el número de rendición, la institución beneficiaria y el ejercicio presupuestario no permitió localizar públicamente la norma original mediante la cual se concedieron los 16.351.400.

Y esa es precisamente la pieza que permitiría terminar de reconstruir la historia. La resolución 213/2026 tampoco la menciona. No identifica un decreto o resolución de otorgamiento, no consigna número de expediente de origen, no especifica un programa provincial y tampoco señala qué ministerio, secretaría u organismo transfirió los recursos.

El resultado es una situación paradójica: el ciudadano puede saber que el Tribunal de Cuentas aprobó que 16.351.400 fueron gastados correctamente desde el punto de vista legal, formal, numérico y documental, pero leyendo el acto público mediante el cual se produce esa aprobación no puede conocer qué se hizo con ese dinero. (www.REALPOLITIK.com.ar)