La decisión del Gobierno nacional de establecer el cobro de determinadas prestaciones sanitarias a extranjeros no residentes en hospitales nacionales volvió a poner en el centro del debate el financiamiento del sistema público de salud.

En ese escenario, Salta destacó que fue una de las primeras provincias en implementar un esquema similar. La administración del gobernador Gustavo Sáenz comenzó a aplicar el cobro de la atención no urgente a personas no residentes a principios de 2024 y sostiene que la medida produjo una fuerte reducción en la cantidad de pacientes extranjeros atendidos.

Según los datos difundidos por la provincia, durante 2023 fueron atendidos 31.561 pacientes extranjeros. La cifra descendió a 77 durante 2024 y, hasta julio de 2026, se registraron apenas 10 atenciones.

Desde el Gobierno salteño vincularon esta caída con la reducción de los denominados “tours sanitarios”, es decir, el ingreso de personas desde países limítrofes con el objetivo de acceder a prestaciones del sistema público provincial.

El ahorro se destinó a infraestructura y equipamiento

La administración provincial sostiene que la reducción de la demanda permitió liberar recursos que fueron destinados a distintas necesidades del sistema sanitario.

Entre las inversiones mencionadas se encuentra la adquisición de 34 nuevas ambulancias, destinadas a reforzar la capacidad de respuesta del sistema de emergencias.

Para el Gobierno de Salta, el caso representa un ejemplo de cómo la administración de los recursos disponibles puede traducirse en mejoras concretas para los habitantes de la provincia.

La discusión se encuentra atravesada por una cuestión central: cómo garantizar el acceso a la salud y, al mismo tiempo, sostener financieramente un sistema público que enfrenta una demanda creciente.

“Ahora tenemos camas para nuestros pacientes”

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, defendió la política implementada por la provincia y sostuvo que la medida permitió recuperar capacidad dentro de los hospitales.

“Ahora tenemos camas para nuestros pacientes”, afirmó recientemente el funcionario, al explicar el impacto que tuvo la reducción de la demanda de pacientes extranjeros.

La postura del Ejecutivo provincial parte de la premisa de priorizar los recursos sanitarios para los residentes de Salta y plantea, además, la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor reciprocidad entre países.

Desde la provincia sostienen que los salteños no cuentan en otros países con las mismas condiciones de acceso al sistema público de salud que las que históricamente tuvieron los extranjeros en territorio argentino.

El Gobierno nacional reglamentó el cobro para no residentes

La discusión adquirió una nueva dimensión con la resolución N° 1066/2026, mediante la cual el Ministerio de Salud de la Nación reglamentó el cobro de determinadas prestaciones en hospitales nacionales para extranjeros no residentes.

La normativa establece que las personas que no tengan residencia permanente deberán afrontar el costo de la atención no urgente, en línea con el esquema que ya funciona en Salta.

La medida forma parte de una política más amplia orientada a revisar el financiamiento de las prestaciones sanitarias brindadas a personas que no cuentan con residencia en el país.

Las emergencias continuarán siendo atendidas

Uno de los puntos centrales de la reglamentación nacional es que el cobro no alcanza a las situaciones de emergencia.

La normativa establece que la atención continuará garantizada cuando exista un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales del paciente.

De esta manera, la condición de no residente no impedirá el acceso a una atención de emergencia cuando la situación requiera una intervención inmediata.

El esquema diferencia así entre las prestaciones urgentes, que continúan garantizadas, y aquellas atenciones que no revisten carácter de emergencia y pueden quedar sujetas al pago correspondiente.

Salta como antecedente de la nueva política sanitaria

Con la reglamentación nacional, la experiencia desarrollada por Salta desde 2024 adquiere una nueva relevancia dentro del debate sobre el financiamiento de la salud pública.

La provincia sostiene que el modelo permitió reducir de manera significativa la demanda de pacientes extranjeros y liberar recursos para fortalecer la atención de sus propios residentes.

Los números difundidos por la administración de Gustavo Sáenz muestran una caída pronunciada: de más de 31 mil pacientes extranjeros atendidos en 2023 a 10 registrados hasta julio de 2026.

El Gobierno salteño interpreta esa evolución como una señal favorable de la política implementada. La discusión, sin embargo, continúa abierta en torno al equilibrio entre el derecho a la atención sanitaria, la capacidad de los sistemas públicos y el financiamiento de las prestaciones para personas no residentes. (www.REALPOLITIK.com.ar)