Una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini puso bajo la lupa una presunta maniobra que habría comenzado en el ministerio de Justicia y que, según la acusación, podría haberse replicado posteriormente en el PAMI.

Entre los funcionarios mencionados aparecen Florencia Zicavo y Juan Cruz Montero, ambos actualmente en cargos jerárquicos dentro del organismo previsional y con antecedentes de gestión en la cartera de Justicia. El nombre de Montero agrega un componente político y deportivo al expediente: es candidato a presidente del Club Atlético Vélez Sarsfield por la lista ADN Azul y Blanco.

La sospecha planteada en la denuncia busca determinar si parte de los recursos obtenidos a partir de determinados mecanismos vinculados con retiros voluntarios pudo haber tenido como destino indirecto el financiamiento de la campaña de Montero para conducir el club de Liniers. Por el momento, se trata de una hipótesis incorporada a una presentación judicial y no de un hecho probado.

El expediente pone especialmente el foco en un plan de retiros voluntarios destinado a desvincular personal contratado a través de la  Asociacion de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) que preside Sebastián Beato. Según el texto de la acusación, la reglamentación establecía que la extinción de esas relaciones laborales debía formalizarse mediante escritura pública ante escribano.

Sin embargo, la denuncia sostiene que, en la práctica, se habría optado por realizar homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

Ese cambio de modalidad habría generado, siempre según la presentación judicial, honorarios profesionales que no estaban contemplados en la resolución original. Otro elemento que llamó la atención de los denunciantes es que una gran cantidad de trabajadores habría sido representada por un mismo abogado, circunstancia que ahora forma parte de los puntos bajo análisis.

Florencia Zicavo.

La investigación deberá determinar si existió efectivamente una estructura destinada a generar honorarios por fuera del mecanismo previsto oficialmente, quiénes intervinieron en esas decisiones y cuál fue finalmente el destino del dinero.

Montero en Vélez

En ese contexto, la candidatura de Montero en Vélez abrió un interrogante adicional: si la costosa campaña desplegada para llegar a la presidencia del club tiene algún vínculo con los fondos que aparecen bajo sospecha en la denuncia.

Hasta el momento, esa conexión forma parte de las acusaciones que deberán ser probadas judicialmente. Pero la combinación entre funcionarios del PAMI, antecedentes en el ministerio de Justicia, retiros voluntarios cuestionados y una campaña electoral dentro de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino terminó colocando el caso bajo una lupa mucho más amplia. (www.REALPOLITIK.com.ar)