El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, se encuentra en el ojo de la tormenta. Una acumulación de denuncias internas, gremiales y judiciales exponen lo que trabajadores del sector califican como una "trama de recaudación espuria" y un estado de desidia institucional absoluta. Las miradas apuntarían al director provincial del área, Claudio "Momia" Otero, sindicado por el personal como el principal emblema del descalabro del sistema penal juvenil.
De acuerdo con los datos recabados sobre el funcionamiento interno de la presunta red de defraudación, la principal herramienta de recaudación ilegal se basa en la "sustitución de guardias y retornos", un esquema de blanqueo y desvío de fondos públicos que operaría dentro de la administración de personal.
La maniobra consistiría en lo siguiente:
- Inflado de planillas: a determinados agentes estatales se les cargarían en sus legajos hasta 100 guardias extraordinarias u horas extras falsas, las cuales nunca se cumplirían de manera efectiva.
- El retorno en efectivo: el Estado provincial liquida y paga la totalidad de esos conceptos en la cuenta sueldo del empleado. Posteriormente, el trabajador retiene un porcentaje mínimo acordado y devuelve el grueso del dinero en efectivo a los organizadores del circuito.
- Mesa chica bajo sospecha: en los pasillos del organismo se señala a dos hermanos —un hombre y una mujer, cuyas identidades se reservan bajo las siglas NS y LS— junto a por lo menos otros cuatro implicados, conformando una "media docena" operativa que maneja el control de las planillas.
El malestar interno y las consecuentes filtraciones de información habrían estallado debido a que la cúpula denunciada "come y no convida", según relataron a este medio: centralizan las ganancias de la caja espuria entre muy pocos directivos mientras la base trabajadora enfrenta el congelamiento de recursos y los centros de menores carecen de insumos esenciales.
Uno de los casos más resonantes del desmanejo de Otero lo protagoniza su actual pareja Romina Gallego, quien figura en la nómina con un cargo de directora regional -por el cual percibiría alrededor de 4 millones mensuales- y, según los propios trabajadores, hace tiempo no asiste a su lugar de trabajo ni desempeña función alguna. "Toda la administración del OPNyA está al tanto de este asunto", deslizan.
Lejos de sancionar o apartar a los funcionarios sospechados de corrupción o mala praxis, la gestión de Claudio Otero se ha caracterizado por el amparo y la rotación sistemática de sus directivos leales. El caso testigo que indigna a las bases del OPNyA es el de la pareja de directores compuesta por Lorena Chamorro y Sebastián Lofredo.
Su itinerario dentro del organismo expone la falta de control:
- El desfalco en Lomas: hace aproximadamente un año y medio, ambos fueron desplazados de la dirección del centro de recepción de Lomas de Zamora tras verse envueltos en presuntos hechos de corrupción vinculados a fondos públicos que no pudieron justificar.
- Denuncias en El Pelletier: en lugar de ser bajados al rol de asistentes rasos o enfrentar un sumario severo, la dirección provincial los "premió" poniéndolos al frente del instituto Pelletier. Esa gestión terminó en un desbarajuste absoluto, acumulando denuncias penales por hostigamiento y maltratos.
El desembarco en Glew: tras la explosión en El Pelletier, Chamorro y Lofredo volvieron a ser reciclados políticamente. Fueron nombrados directores del instituto de Glew, marcando su tercera dirección consecutiva a pesar del alarmante historial que arrastran.

La llegada de estas conducciones cuestionadas no hizo más que profundizar un descalabro que ya existía en Glew, convirtiendo al instituto en una zona liberada e inhabitable tanto para los trabajadores como para los jóvenes alojados:
- Fugas masivas: las estadísticas internas son demoledoras. Se reportan alrededor de 40 fugas de menores en un lapso menor a tres meses, evidenciando un régimen de abandono perimetral y guardias totalmente vulneradas.
- Inseguridad extrema: los asistentes denuncian que los jóvenes entran armados al predio, sufriendo amenazas constantes de muerte con armas blancas y de fuego sin que la dirección tome medidas de requisa efectivas.
El panorama en el OPNyA expone un sistema penal juvenil convertido en un "depósito humano" y un "feudo político", donde los fondos destinados a la contención social parecen desviarse hacia la recaudación ilegal, protegida por un pacto de impunidad y traslados horizontales.
Al cierre de esta edición, fuentes muy cercanas deslizaban la versión de un reemplazo de Otero por Martín Pérez González a partir del 1 de septiembre. Afirman también que el "Momia", ya caído en desgracia, suplica no volver a su lugar de revista: el centro cerrado de menores de Lomas de Zamora. (www.REALPOLITIK.com.ar)