Aixa Petriati, abogada de Leonardo Cositorto, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre las graves irregularidades dentro de la fiscalía de Villa María, conducida por Juliana Companys, denunciando la falsificación de actas para dar inicio al expediente por Generación Zoe, el trasfondo de intereses económicos en la causa y las extremas condiciones de detención que padece el empresario.

"La causa Zoe no comienza por un llamado anónimo como figura en el documental de Netflix y en el expediente de Córdoba. Una exfuncionaria de la fiscalía, la doctora Maritano, denunció que en realidad se enteraron de la actividad porque el marido de una policía estaba invirtiendo en la empresa y querían saber qué pasaba", reveló Petriati sobre el origen del proceso judicial.

En ese sentido, la defensora explicó la maniobra con la que habrían justificado la apertura de la investigación penal. "Como no había delito, esbozaron en un acta firmada por la prosecretaria María Florencia Bortolussi que existía un llamado anónimo denunciando una estafa. Era una práctica habitual hacer firmar actas e irregularidades con pruebas para tener una excusa para salir a investigar. Esta causa se inició por un interés económico más que por una estafa", afirmó.

Aislamiento, "tortura blanca" y la doctrina del árbol envenenado

La letrada también expuso el ascenso de los funcionarios involucrados y cuestionó los motivos que impulsaron el accionar judicial. "Bortolussi fue premiada y hoy es fiscal de Narcotráfico en San Francisco. El gran interrogante es quién le ordenó o le recomendó a Companys avanzar con este carpetazo. Acá hubo personas que salieron del país pagando 200 mil dólares a funcionarios y un robo del broker principal que dinamitó las operaciones de la compañía", sostuvo.

Petriati detalló el deterioro de las condiciones de encarcelamiento que atraviesa Cositorto en la provincia de Corrientes. "Está privado de la libertad de manera ilegítima y padece tortura blanca. Le sacan el teléfono para que no tenga comunicación ni con sus letrados ni con sus familiares, y solo sale al patio media hora por semana. Hay una persecución constante para que no se sepa lo que realmente pasó y no les interesó en ningún momento que los afectados recuperaran su dinero", enfatizó.

Por último, remarcó que el expediente se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y exigió la nulidad de todo lo actuado. "Si la causa madre en Córdoba empezó con un acta ilegítima, se aplica la ley del árbol viciado: si la raíz está viciada, se tiene que caer toda la investigación. Por consecuencia deben caerse los procesos en Corrientes y Salta, y estas personas tendrían que estar en libertad", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)