Cynthia Castro, abogada penalista, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el decreto del Ejecutivo que busca regular la atención médica a extranjeros, advirtió que la Argentina no eliminó el derecho a la salud en situaciones de emergencia y cuestionó la gravedad institucional de modificar la ley de Migraciones mediante un decreto en lugar de debatirlo en el Congreso de la Nación Argentina.

"Argentina no ha eliminado el derecho de los extranjeros a recibir atención médica. Se está reglamentando un sistema que distingue categorías jurídicas, como la condición migratoria y la naturaleza de las prestaciones. Los residentes permanentes tienen acceso en igualdad de condiciones y quienes enfrenten una urgencia mantendrán la atención como hasta ahora", explicó Castro.

Sin embargo, la letrada remarcó que la principal problemática radica en la herramienta utilizada para llevar adelante la medida. "El Estado tiene potestad para organizar su encuadre migratorio, pero lo que no puede hacer es gobernar a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. ¿Dónde está la necesidad y la urgencia para modificar una ley? Eso abre un debate constitucional mucho más serio porque afecta a las instituciones", sostuvo.

Gobernar por DNU y el riesgo de un alud de demandas

Castro diferenció las potestades reglamentarias del Estado del abuso de las facultades extraordinarias del Ejecutivo. "Aunque el artículo 99 inciso 3 de la Constitución autoriza disposiciones legislativas al Ejecutivo, exige circunstancias excepcionales. Al modificar leyes por DNU se pone en tela de juicio la salud y la continuidad de tratamientos complejos, como los oncológicos. Para debatir estas políticas públicas sensibles y presupuestarias está el Congreso", enfatizó.

En ese sentido, la especialista contrapuso el mecanismo nacional con distritos como la provincia de Salta, donde los cobros a no residentes se establecieron mediante leyes sancionadas en la legislatura. "El principio de igualdad no impone la gratuidad absoluta de cualquier prestación, pero no se puede usar la nacionalidad o la condición migratoria como una barrera que vulnere derechos humanos básicos", afirmó.

Por último, advirtió sobre las repercusiones judiciales y el impacto institucional de estas medidas en el marco republicano. "Esto pone en jaque al sistema judicial porque se puede venir una catarata de demandas por inconstitucionalidad. Hay una crisis institucional muy grande donde no se comprende la división de poderes y lamentablemente está en juego la estabilidad de la República", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)