Patricio Grande, integrante de la mesa ejecutiva de la CONADU Histórica, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el conflicto universitario, el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento y la situación salarial de docentes y no docentes. “El reclamo más importante hacia el Estado nacional, hacia el gobierno de Milei, es que se cumpla de una buena vez, luego de 300 días con la ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo.

Grande explicó que el reclamo sindical también apunta a que la Justicia haga efectiva la medida cautelar que ordena actualizar los salarios y las becas estudiantiles. “Seguimos a la espera de que se haga efectivo el cumplimiento de la medida cautelar para garantizar el aumento de los salarios del personal docente, no docente y también la actualización de las becas estudiantiles”, señaló.

En relación con la última actualización salarial, el dirigente de CONADU Histórica cuestionó el acuerdo paritario alcanzado por otras federaciones y remarcó la diferencia con lo establecido por la legislación. “Mi federación, la CONADU Histórica, no suscribió a ese acuerdo que fue un acuerdo del orden del 21 por ciento. Según la propia ley de financiamiento universitario, la actualización tiene o tenía que ser en aquel entonces del orden del 50 por ciento”, afirmó.

Al referirse a los ingresos actuales de los trabajadores universitarios, Grande detalló la remuneración correspondiente al cargo testigo dentro de las universidades nacionales. “Hoy nuestro cargo testigo es el ayudante de primera que trabaja 20 horas a la semana en la universidad con dedicación semiexclusiva y hoy de bolsillo ese cargo me está cobrando unos 650.000 pesos aproximadamente”, precisó.

El integrante de la mesa ejecutiva de CONADU Histórica también puso como ejemplo su propia situación salarial y destacó el deterioro del poder adquisitivo de los docentes con mayor antigüedad y formación. “En mi caso, que soy profesor adjunto con 15 años de antigüedad, con títulos de posgrado y demás, no llego a los 2 millones de pesos con dedicación exclusiva”, sostuvo.

Para Grande, el conflicto universitario no se limita a la discusión salarial, sino que forma parte de una disputa más amplia en torno al rol de la educación pública. “La cuestión salarial ocupa el centro de la escena porque, efectivamente, para que los trabajadores en las universidades como en cualquier ámbito laboral podamos obtenernos, necesitamos salarios acorde a los índices de inflación y al costo de vida”, explicó.

Sin embargo, remarcó que las movilizaciones universitarias expresan un reclamo de mayor alcance y vinculó la situación con el modelo de universidad que impulsa el Gobierno nacional. “Esto claramente excede la situación en las universidades, todas las movilizaciones con apoyo popular muy grande, las cuatro marchas federales que se hicieron entre 2024 y este año va mucho más allá de la cuestión salarial”, afirmó.

En ese sentido, Grande destacó el respaldo social a la educación pública y cuestionó los posicionamientos del Gobierno nacional. “La población argentina creo que ha entendido muy bien la necesidad de defender a la educación pública y en particular a las universidades nacionales”, sostuvo, y agregó: “Hay toda una concepción sobre qué es la universidad para este gobierno y qué es, en definitiva, todo lo que tiene que ver con lo público”.

Universidades, ciencia y técnica

El dirigente también planteó la necesidad de articular el reclamo universitario con los trabajadores de los organismos científicos y técnicos afectados por las políticas de ajuste. “Nos parece muy importante en este caso poder construir una movilización universitaria, pero también junto a todos esos sectores, una gran movilización”, señaló.

Grande anticipó que CONADU Histórica trabaja en una nueva movilización federal que podría realizarse hacia fines de agosto o comienzos de septiembre. “La idea es que pueda desarrollarse hacia finales de este mes o como tarde a comienzos de septiembre”, indicó, en referencia a una protesta que podría reunir a distintos sectores de la comunidad científica y universitaria.

Finalmente, Grande dejó un mensaje dirigido al gobierno nacional y reclamó que se aplique la ley de financiamiento universitario. “Cumplen la ley, están incurriendo en una ilegalidad muy grande y que si piensan que con las dilaciones, con las maniobras, van a lograr que abandonemos la lucha, están muy equivocados”, advirtió.

En la misma línea, anticipó que el conflicto continuará hasta obtener el cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. “Vamos a profundizar la lucha hasta que se cumpla con una exigencia y con una ley del Estado que fue votada en términos democráticos”, afirmó Grande.

Por último, el dirigente de CONADU Histórica insistió en el reclamo al Poder Ejecutivo: “Le volvemos a decir al poder ejecutivo, en particular a su presidente, aplique la ley de financiamiento universitario, que es un beneficio para las grandes mayorías de nuestro país”. (www.REALPOLITIK.com.ar)