El Partido Justicialista de Avellaneda, conducido por Jorge Ferraresi, puso en marcha una subsecretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y Atlántico Sur, una decisión que rápidamente generó cuestionamientos entre organizaciones de excombatientes. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata advirtieron sobre el ingreso de sectores que, según denuncian, estuvieron históricamente vinculados con el lobby militar, el nacionalismo autoritario y dirigentes relacionados con los levantamientos carapintadas.

Ferraresi anunció la creación del espacio a través de sus redes sociales. “Las Malvinas siempre argentinas”, escribió el dirigente, y agregó: “Hoy en la sede del PJ Avellaneda lanzamos la subsecretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y Atlántico Sur junto a Héctor Villagra y las autoridades del consejo local del partido”.

 

 

 

 

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El dirigente informó además que Claudio Estigarribia, a quien presentó como combatiente de Malvinas, estará al frente de la subsecretaría. También destacó la presencia de Omar Acosta, representante del Movimiento de Veteranos de Malvinas Peronistas.

“En momentos donde el gobierno nacional vende el país al mejor postor, es fundamental un espacio para seguir fortaleciendo la memoria, la soberanía y el compromiso con la causa Malvinas”, sostuvo Ferraresi. Y cerró: “Las Islas nos unen, la soberanía también”.

El rechazo de una agrupación de veteranos de Avellaneda

La iniciativa, sin embargo, provocó una fuerte reacción de la agrupación de Veteranos de Malvinas “2 de Abril” de Avellaneda, que manifestó públicamente su rechazo a la conformación de la nueva subsecretaría.

“Hacemos mutismo por este lanzamiento en el Partido Justicialista de Avellaneda, ya que nunca nos fue consultado y hoy decimos ‘no tenemos nada que ver’ con las personas que integran esa subsecretaria de asuntos relativos a las Islas Malvinas y Atlántico Sur”, expresaron.

La organización cuestionó además los antecedentes de algunos de los integrantes del espacio y sostuvo que se trata de personas “cuestionadas, no creíbles por su historia, en especial en el conflicto bélico por Malvinas, como así también en la vuelta de la democracia”.

 

 

 

 

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En ese sentido, aseguraron que quienes fueron designados “no son queridos en el ámbito de los excombatientes, ni nos representan en la ciudad de Avellaneda, ni están a federados”.

CECIM: "Ferraresi se rodea de golpistas, torturadores y reivindicadores de la dictadura"

Desde el CECIM La Plata plantearon una crítica todavía más profunda. Para la organización, el conflicto no pasa solamente por quiénes integran la nueva estructura partidaria, sino por la recuperación de espacios políticos vinculados a la causa Malvinas por parte de sectores que, según denuncian, reivindican una mirada militarista de la guerra.

“El problema que estamos observando en estos momentos donde ‘las Malvinas son Argentinas’ qué nos posibilita este cambio de clima, el lobby militar siempre presente comenzó a activar y meterse como escorpiones en nuestras organizaciones”, señalaron.

Y apuntaron directamente contra el jefe comunal: “En este caso Ferraresi no la ve. No es el único caso y estamos advirtiendo ya que Malvinas no nos une con la dictadura”.

La organización también marcó una diferencia central respecto de la manera de interpretar el conflicto de 1982: “Malvinas no nos une con la dictadura, con la ‘guerra’ en términos de ‘gesta heroica’ y peor aún con torturadores de soldados como Pedro Pierre (primer denunciado en la Justicia quien caratula la causa 1777/07) y el nacionalismo autoritario”.

Ferraresi junto a Pedro Pierre.

La referencia a las torturas sufridas por soldados conscriptos durante la guerra no es un aspecto menor en la disputa. En un documento difundido por el CECIM, la organización recuerda que las denuncias por tormentos y violaciones a los derechos humanos sufridos por soldados durante el conflicto forman parte de causas judiciales en las que se investigan posibles delitos de lesa humanidad.

Caso González Trejo

Uno de los principales nombres cuestionados por el CECIM es el de César González Trejo. La organización sostiene que Trejo participó en los alzamientos carapintadas y con estructuras que, según su denuncia, buscaron apropiarse de la causa Malvinas durante los primeros años de la democracia.

En el documento presentado por el CECIM se afirma que González Trejo fue uno de los impulsores de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra a fines de los años 80, en acuerdo con grupos carapintadas, y que esa estructura utilizó la causa Malvinas para presionar sobre la democracia y obstaculizar el avance de los juicios contra militares por violaciones a los derechos humanos.

El mismo documento sostiene que Trejo estuvo vinculado políticamente con Mohamed Alí Seineldín y que la federación que presidía tuvo participación en el entramado político que rodeó a los levantamientos carapintadas.

El CECIM también cuestiona el rol que Trejo habría tenido en relación con la defensa de militares denunciados por torturas a soldados. En la documentación difundida por la organización aparece su participación, junto a otros dirigentes, como amicus curiae en una causa vinculada a Jorge Taranto, acusado por torturas cometidas contra soldados durante la guerra, planteando que esos hechos no fueran considerados delitos de lesa humanidad.

A la derecha de Jorge Ferraresi, César González Trejo, quien participó del alzamiento de diciembre de 1990. A la izquierda, Maximiliano Estigarribia, servicio de inteligencia del SIN (Servicio de Inteligencia de la Marina). 

Por eso, desde el CECIM advierten que la incorporación de figuras con estos antecedentes supone un problema político para cualquier espacio que pretenda reivindicar Malvinas desde una perspectiva democrática y de derechos humanos. Además, denuncian que "el 98 por ciento de los presentes son personal de cuadros se las Fuerzas Armadas".

“Mejor que sepan con quiénes se meten”

La organización también cuestionó específicamente la presencia de Héctor Villagra, vicepresidente del PJ de Avellaneda y secretario General de la UOCRA, en la conducción de la nueva estructura.

Desde el CECIM señalaron que Ferraresi pretendía colocar a Estigarribia (informante del Servicio de Inteligencia de Marina) al frente del espacio y que finalmente quedó como subsecretario, mientras Villagra asumió como secretario.

La crítica no apunta únicamente a la creación de la Subsecretaría, sino a las relaciones políticas que, según el CECIM, se están construyendo alrededor de ella. “Esa subsecretaría está en manos de expersonal de la Armada que conocemos y que siempre han odiado al peronismo, especialmente a los anteriores gobiernos kirchneristas”, denunciaron.

Pedro Valentin Pierre (rojo) quien caratula la causa 1777/07 por torturas en Malvinas. Maximiliano Estigarribia (amarillo). César Trejo (verde). 

Y agregaron: “No molesta que hayan designado a expersonal de la Armada, es una decisión política de las autoridades del Partido Justicialista, pero mejor que sepan con quienes se meten”.

El documento del CECIM también sostiene que existen antecedentes de reivindicación de la última dictadura en actividades públicas en las que participaron algunos de estos sectores, mientras la organización de excombatientes planteaba una lectura de Malvinas asociada a la resistencia popular, los derechos humanos y la denuncia del terrorismo de Estado.

La contradicción política que deja la polémica

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una contradicción que excede al PJ de Avellaneda: la de dirigentes políticos que se presentan como progresistas, reivindican las banderas de memoria, verdad y justicia y cuestionan públicamente a la dictadura, pero que al momento de construir poder territorial o estructuras vinculadas con Malvinas terminan compartiendo espacios con personas y sectores que organizaciones de excombatientes denuncian por sus vínculos con el aparato militar, los carapintadas o por su postura frente a las denuncias de torturas a soldados.

El propio CECIM sostiene que “Malvinas no nos une con la dictadura” y reclama separar la reivindicación de la soberanía de cualquier intento de convertir la guerra en una “gesta heroica” que invisibilice los crímenes cometidos contra los propios soldados argentinos.

La organización incluso advierte que la disputa no es nueva y que existe una estrategia histórica de determinados sectores para disputar el sentido político de Malvinas y controlar las organizaciones de excombatientes. En su documento señala como objetivos del dispositivo de inteligencia de la dictadura “contar la guerra – gesta heroica que no se puede discutir” y “controlar sus acciones, infiltrar sus organizaciones”.

El episodio adquiere además una dimensión política particular si se tiene en cuenta que Jorge Ferraresi mantiene aspiraciones de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En ese escenario, la decisión de abrir dentro del PJ de Avellaneda un espacio vinculado a Malvinas y permitir la participación de sectores cuestionados por sus antecedentes y vínculos con el mundo militar plantea un interrogante sobre el perfil político que busca construir el dirigente.

Si pretende proyectarse como candidato a gobernador, la polémica abre una discusión que excede los límites de Avellaneda: ¿qué lugar ocuparán en esa construcción la memoria, los derechos humanos y la defensa de una Malvinas democrática, y qué costo político tendrá para Ferraresi asociarse con sectores que los organismos de excombatientes señalan por sus vínculos con el lobby militar? (www.REALPOLITIK.com.ar)