La posibilidad de instalar una industria salmonera a gran escala en las Islas Malvinas abrió una discusión que excede al proyecto presentado por Unity Marine. Mientras un sector de la población reclama que la decisión sea sometida a referéndum, fuentes isleñas consultadas por REALPOLITIK aseguran que quienes se oponen frontalmente a la iniciativa representan por ahora a un grupo reducido dentro de la comunidad.

Según explicaron habitantes del archipiélago a este medio, una parte de quienes encabezan el rechazo mantiene una posición crítica no solamente frente al proyecto salmonero, sino respecto de cualquier expansión de la explotación ictícola en las aguas de la región. La discusión, sin embargo, comenzó a crecer porque detrás del emprendimiento aparecen interrogantes ambientales que se cruzan con problemas que las islas arrastran desde hace años.

El proyecto pertenece a Unity Marine, una sociedad conformada por la pesquera local Fortuna y la compañía danesa F-land ApS. El esquema plantea producir hasta 50 mil toneladas de salmón por año distribuidas en 16 sitios del archipiélago. De concretarse, se convertiría en el mayor desarrollo industrial costero de la historia de las islas.

Una evaluación encargada por la administración isleña estimó que incluso una producción menor, de alrededor de 30 mil toneladas anuales, podría generar unos 35 millones de libras por año y aproximadamente 133 puestos de trabajo. Para una comunidad de cerca de 3.500 habitantes, el impacto económico potencial resulta considerable.

Pero el tamaño del negocio es precisamente uno de los argumentos que alimenta las dudas. Fuentes vinculadas a los reclamos ambientales señalaron a REALPOLITIK que el problema no debería analizarse únicamente a partir de las jaulas salmoneras, sino teniendo en cuenta el estado general del ecosistema y la presión que actualmente ejercen otras actividades humanas.

Islas Malvinas (Foto: REALPOLITIK).

La pelea por el salmón divide a los isleños

La oposición organizada tiene como una de sus caras visibles a Salmon Free Falklands (SFF), agrupación que reclama un referéndum para definir si debe permitirse la salmonicultura industrial. Sus integrantes cuestionaron el proceso de consulta pública iniciado por la administración isleña y pusieron bajo sospecha parte de los estudios utilizados para analizar el eventual impacto de la actividad.

Fuentes residentes en las islas relativizaron ante REALPOLITIK la representatividad del movimiento. “Son pocos los que están reclamando y muchos de ellos están en contra de cualquier explotación ictícola en la región”, aseguró una persona conocedora de la discusión local. La consulta pública, en ese sentido, será una primera prueba para medir hasta dónde llega realmente la resistencia.

Del otro lado, quienes cuestionan el proyecto sostienen que reducir la discusión al número de opositores resulta insuficiente. Las fuentes ambientales consultadas por este medio plantearon que la incorporación de una industria de semejante escala debería discutirse a partir del efecto acumulativo que tendría sobre un ecosistema que ya soporta una actividad pesquera intensiva.

Las advertencias incluyen la acumulación de materia orgánica debajo de las jaulas, enfermedades, mortalidad de peces, interacción con mamíferos y aves marinas y los efectos de embarcaciones y generadores. Las aguas alrededor de Malvinas contienen además calamares, krill, pingüinos, lobos y elefantes marinos, delfines y ballenas.

El propio debate organizado en las islas dejó algunas dudas abiertas. Dos especialistas canadienses invitados por Unity Marine expusieron recientemente la experiencia de British Columbia, pero reconocieron ante preguntas de los residentes que las características ambientales de Malvinas obligarían a realizar estudios específicos antes de trasladar cualquier modelo extranjero.

Las denuncias por el fondo marino

Los sectores ambientalistas consultados por REALPOLITIK van incluso más lejos y apuntan contra el modelo pesquero que funciona actualmente alrededor del archipiélago. Según explicaron, determinadas prácticas pesqueras pueden generar alteraciones sobre el fondo marino, por lo que consideran contradictorio discutir exclusivamente el eventual impacto de la salmonicultura sin analizar simultáneamente las consecuencias de las actividades extractivas existentes.

El punto resulta especialmente sensible porque la pesca constituye uno de los pilares de la economía isleña. La administración británica otorga licencias a flotas extranjeras y mantiene una relación económica particularmente importante con empresas gallegas dedicadas a la explotación del calamar. La preservación ambiental, por lo tanto, queda atravesada también por los intereses económicos construidos alrededor del recurso.

Para quienes reclaman mayores controles, la discusión salmonera terminó funcionando como una puerta de entrada hacia un cuestionamiento más amplio. “No se puede hablar solamente del impacto que podrían tener los salmones cuando existe una explotación pesquera que también afecta el ambiente marino”, indicó una de las fuentes vinculadas a los reclamos.

El problema adquirió mayor dimensión después de conocerse la situación del calamar Loligo. La segunda temporada pesquera quedó temporalmente suspendida después de que los relevamientos detectaran una biomasa estimada en apenas 17.505 toneladas, uno de los niveles iniciales más bajos registrados durante las últimas dos décadas.

El director de Recursos Naturales de la administración isleña, James Wilson, recomendó que las capturas no superen las 10 mil toneladas para preservar ejemplares suficientes para la reproducción. Es el tercer invierno consecutivo atravesado por problemas alrededor del recurso y vuelve a colocar bajo discusión la sustentabilidad económica y biológica del modelo.

Barco atracado en el puerto de las Islas Malvinas (Foto: REALPOLITIK).

Cloacas al mar y un basural a cielo abierto

Pero las críticas recogidas por REALPOLITIK no terminan en la industria pesquera. Fuentes residentes en las islas señalaron que existen problemas ambientales básicos de infraestructura que contrastan con la discusión sobre los controles que eventualmente deberían aplicarse a una industria salmonera de gran escala.

Entre los puntos mencionados aparece el tratamiento de los líquidos cloacales. Según las fuentes consultadas, parte de los efluentes termina descargándose en el ambiente marino, una situación que los sectores críticos utilizan para cuestionar las prioridades ambientales de la administración isleña.

También mencionaron la existencia de un vertedero a cielo abierto para el tratamiento de residuos. Para las fuentes vinculadas a los reclamos ambientales, ambos problemas demuestran que la discusión no puede limitarse a determinar si las jaulas salmoneras cumplen o no con determinados parámetros técnicos.

“Se habla de proteger el medio ambiente por el proyecto del salmón, pero existen problemas con las cloacas, los residuos y otras actividades que ya están impactando sobre las islas”, resumió una de las fuentes consultadas por este medio. Desde esa mirada, falta una política ambiental integral capaz de abordar simultáneamente los diferentes focos de presión sobre el territorio y el mar.

Ese argumento también pone presión sobre la administración isleña. El gobierno de ocupación asegura que todavía no tomó una posición definitiva sobre la salmonicultura y que la consulta abierta busca precisamente reunir información antes de resolver. Unity Marine, por su parte, sostiene que todavía no presentó una solicitud concreta de licencia para comenzar la producción.

Islas Malvinas (Foto: REALPOLITIK).

El calamar en crisis y la búsqueda de otro negocio

El momento elegido para discutir la salmonicultura agrega un componente económico imposible de separar del conflicto ambiental. El calamar Loligo atraviesa su tercer año consecutivo marcado por problemas de disponibilidad, suspensiones o restricciones, una situación que genera incertidumbre tanto en Malvinas como entre los empresarios españoles asociados al negocio.

En 2024 hubo una cancelación de la segunda temporada por los bajos niveles de biomasa. En 2025 volvieron las restricciones y durante 2026 la segunda campaña debió frenarse prácticamente después de comenzar. La sucesión de episodios plantea interrogantes sobre una actividad fundamental para el funcionamiento económico del archipiélago.

La crisis también golpea del otro lado del Atlántico. Vigo funciona como uno de los principales centros europeos de procesamiento y comercialización del calamar capturado alrededor de Malvinas. Los barcos gallegos recorren más de 12 mil kilómetros para llegar hasta el caladero, por lo que una suspensión puede representar pérdidas importantes para las empresas involucradas.

En ese contexto, la posibilidad de desarrollar la salmonicultura adquiere otra lectura. Las decenas de millones de libras que podría generar anualmente representan una oportunidad para diversificar una economía fuertemente dependiente de los recursos marítimos. Pero también supondrían incorporar una nueva presión productiva sobre las mismas aguas cuya capacidad biológica empieza a generar interrogantes.

La discusión que comenzó alrededor de 16 potenciales centros salmoneros terminó así exponiendo una contradicción más profunda. Una parte de los isleños considera que el proyecto puede significar inversión, empleo y diversificación económica. Otro sector reclama discutir primero qué está ocurriendo con el ecosistema que debería sostener esa expansión.

Una discusión ambiental atravesada por Malvinas

Para la Argentina existe además una dimensión política inevitable. Buenos Aires sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y rechaza las actividades económicas unilaterales impulsadas bajo administración británica.

La explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur forma parte desde hace décadas de esa disputa. Pesca, hidrocarburos y ahora la posibilidad de desarrollar salmonicultura industrial agregan nuevos capítulos a una discusión en la que se mezclan soberanía, intereses empresariales, sustentabilidad ambiental y geopolítica.

La paradoja aparece dentro de las propias islas. Mientras la salmonicultura abre un debate sobre los límites ambientales de una nueva industria, el calamar muestra señales que obligan a restringir temporalmente las capturas y sectores críticos denuncian problemas más elementales relacionados con residuos y efluentes.

Por eso, detrás de la discusión acerca de si los opositores al salmón representan a muchos o pocos habitantes aparece una pregunta más incómoda. No se trata únicamente de decidir si Malvinas tendrá o no granjas salmoneras, sino de establecer qué modelo de explotación de los recursos naturales puede sostener el archipiélago.

La pelea por el salmón recién comienza. Pero la crisis del calamar, las advertencias sobre el fondo marino y las denuncias ambientales recogidas por REALPOLITIK muestran que el conflicto ya dejó de girar exclusivamente alrededor de 50 mil toneladas de peces. Lo que empezó a ponerse bajo discusión es el modelo con el que la administración isleña gestiona el mar del que depende buena parte de su economía. (www.REALPOLITIK.com.ar)