La gestión del intendente Daniel Passerini enfrenta nuevos interrogantes por el funcionamiento de las cooperativas que prestan servicios en distintas áreas de la ciudad de Córdoba y, particularmente, por los mecanismos mediante los cuales cientos de personas habrían sido incorporadas a esas estructuras.

La controversia surge a partir de información publicada por medios cordobeses sobre un esquema que combina cooperativas, trabajadores destinados a diferentes dependencias públicas y listados de personas que, según los testimonios difundidos, llegarían a través de dirigentes o referentes políticos.

En ese escenario, las preguntas comienzan a alcanzar a Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno de la ciudad de Córdoba, no porque exista hasta el momento documentación pública que permita atribuirle personalmente la confección de esos listados, sino por su cercanía política con Daniel Passerini y la posición que ocupa dentro del Ejecutivo municipal.

El interrogante que se abre es qué conocimiento, intervención o responsabilidad podría tener su área sobre un mecanismo que involucra recursos públicos y personas destinadas a prestar servicios para la ciudad.

Los 400 nombres que abrieron la polémica

Uno de los testimonios que mayor repercusión generó fue el de Graciela Rojo, presidenta de la cooperativa Milge. Según declaraciones periodísticas difundidas por La Voz del Interior y retomadas posteriormente por Cadena 3, la cooperativa tendría aproximadamente 60 o 70 integrantes propios. Pero existiría además un listado cercano a 400 personas que no pertenecerían originalmente a la cooperativa.

De acuerdo con esas publicaciones, los nombres llegarían a través de dirigentes y referentes políticos para luego ser incorporados y destinados a prestar servicios en distintos espacios vinculados con la ciudad, entre ellos Centros de Participación Comunal (CPC) y parques educativos.

La revelación abre una serie de preguntas inevitables. ¿Quién confecciona esos listados? ¿Quién solicita las incorporaciones? ¿Quién autoriza los ingresos? ¿Quién determina dónde trabaja cada persona? ¿Y quién controla finalmente que las tareas sean efectivamente realizadas?

Municipalidad de Córdoba.

Rodrigo Fernández y su cercanía con Passerini

Es en este punto donde aparece el nombre de Rodrigo Fernández. Fernández ocupa la secretaría de Gobierno de la municipalidad de Córdoba y forma parte de la estructura política que acompaña a Daniel Passerini al frente de la ciudad. Su cercanía con el intendente y su posición dentro del Ejecutivo hacen que los interrogantes sobre el funcionamiento del sistema también alcancen políticamente a su figura.

Esto no significa que pueda afirmarse, con la información pública conocida hasta ahora, que Fernández haya confeccionado personalmente los listados o decidido individualmente las incorporaciones. Pero sí plantea una pregunta periodísticamente relevante: ¿qué conocimiento o participación tiene la secretaría de Gobierno sobre este mecanismo y hasta dónde llegan las responsabilidades políticas dentro del círculo cercano al intendente?

La respuesta resulta especialmente importante frente a la magnitud que habría alcanzado el esquema.

Cooperativas y contrataciones directas

Otro de los aspectos cuestionados es la forma mediante la cual determinadas cooperativas prestan servicios para la ciudad. Según informó Cadena 3, parte de estas relaciones se habría desarrollado mediante contrataciones directas, dentro de un sistema que lleva años funcionando y que, por lo tanto, no habría comenzado con la administración actual.

El dato es importante porque permite separar dos cuestiones. Por un lado, el origen histórico del mecanismo. Por otro, la responsabilidad de la actual gestión sobre su continuidad, funcionamiento y controles.

Que un sistema provenga de administraciones anteriores no elimina la obligación de quienes actualmente gobiernan de explicar cómo funciona, cuánto cuesta y quiénes son sus beneficiarios.

Los “chalecos” y una estructura millonaria

Una parte de los trabajadores vinculados con estos esquemas es identificada públicamente por los chalecos utilizados durante sus tareas. A los conocidos “chalecos celestes” se habrían sumado también los denominados “chalecos marrones”, relacionados con tareas de constatación del estacionamiento público.

Pero detrás del color de los chalecos aparece una discusión mucho más profunda: cuánto dinero moviliza realmente esta estructura.

El periodista Adrián Simioni estimó en Cadena 3 que el universo relacionado con este sistema podría representar alrededor de 20 millones anuales. La cifra debe ser considerada como una estimación periodística y no como el resultado de una auditoría oficial, pero su magnitud justifica una discusión pública sobre los controles existentes.

Si efectivamente se movilizan recursos de semejante dimensión, conocer quién decide, quién controla y quién responde políticamente deja de ser una cuestión administrativa menor.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini.

El caso que volvió a poner los controles en discusión

La polémica adquirió todavía mayor repercusión a partir del caso de Carlos Sebastián Saavedra Paredes, detenido luego de ser encontrado con una licencia de conducir falsa. Posteriormente trascendieron antecedentes judiciales que incluían una condena de nueve años y medio de prisión por robo calificado y venta de drogas.

Según la información periodística publicada, posteriormente habría desarrollado tareas como chofer en un CPC de la ciudad de Córdoba y también habría trabajado para la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) provincial.

El caso vuelve a colocar sobre la mesa otra cuestión central: ¿Qué controles de antecedentes existen sobre las personas que terminan desempeñando tareas dentro de dependencias públicas o mediante organizaciones contratadas por el Estado? Y, nuevamente, aparece otra pregunta: ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar esos controles dentro de la actual administración?

120 millones de dólares de financiamiento y el debate sobre el gasto

La discusión sobre las cooperativas coincide además con una decisión económica de enorme magnitud. La administración de Passerini avanzó con una operación de financiamiento por 120 millones de dólares con Deutsche Bank, que según la información difundida tendría un costo financiero cercano al 9,06 por ciento anual.

El endeudamiento y el debate sobre el costo de las estructuras vinculadas con cooperativas son cuestiones diferentes y no existe, con la información disponible, evidencia que permita establecer una relación directa entre ambas. Sin embargo, políticamente generan una discusión inevitable.

Mientras Córdoba asume nuevos compromisos financieros, ¿qué nivel de revisión existe sobre los gastos que ya tiene la ciudad? Y si el sistema relacionado con los denominados “chalecos” representa efectivamente cifras millonarias, ¿podría una auditoría integral permitir reducir gastos y, eventualmente, disminuir necesidades futuras de financiamiento?

Daniel Passerini y Rodrigo Fernández.

Las preguntas que rodean al círculo de Passerini

La discusión ya no pasa únicamente por determinar si una cooperativa tiene 60 trabajadores propios o administra además cientos de nombres provenientes de listados externos. El problema de fondo es establecer cómo funciona el sistema completo. Quién propone. Quién incorpora. Quién autoriza. Quién paga. Quién controla. Y, finalmente, quién responde políticamente.

Es allí donde la cercanía de Rodrigo Fernández con Daniel Passerini adquiere relevancia.

No porque esa cercanía permita adjudicarle automáticamente responsabilidad sobre decisiones específicas, sino porque su condición de secretario de Gobierno y su lugar dentro del Ejecutivo hacen razonable preguntar qué sabía su área, qué intervención tuvo y qué mecanismos de control estaban bajo conocimiento de la conducción política.

Transparencia o construcción política

El debate de fondo excede incluso a Fernández y a Passerini. Lo que Córdoba necesita conocer es si este esquema constituye exclusivamente una herramienta destinada a prestar servicios y generar oportunidades laborales o si, paralelamente, existe una estructura que pueda ser utilizada para sostener relaciones políticas mediante recursos públicos.

Responderlo requiere algo más que declaraciones.

Requiere conocer los contratos, los montos, las cooperativas involucradas, los listados completos de trabajadores, las funciones asignadas, los controles de asistencia y las áreas responsables de supervisarlos.

Hasta que esa información pueda ser contrastada públicamente, corresponde mantener diferenciados los hechos comprobados, las declaraciones de los protagonistas y los interrogantes políticos.

Pero las preguntas ya están planteadas. Y por su cercanía con el intendente y el lugar que ocupa dentro del gobierno de la ciudad, Rodrigo Fernández aparece inevitablemente entre los funcionarios llamados a explicar qué sabe la administración de Passerini sobre un sistema que, según las estimaciones difundidas, movilizaría millones de dólares cada año. (www.REALPOLITIK.com.ar)