Cristian Fernández, vocero de la fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el amparo presentado ante la Justicia para frenar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Durante la entrevista, el abogado sostuvo que el Poder Ejecutivo pretende avanzar con la licitación sin transparentar el estado de las obras ni realizar un inventario de los daños ambientales pendientes, al tiempo que remarcó que la medida contradice el marco regulatorio vigente.

"Nosotros, junto a la Fundación Ambiente y Medio, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Foro Hídrico de Lanús, planteamos este amparo porque entendemos que no están dadas las condiciones. Se pretende avanzar sin tener el inventario de los pasivos ambientales y las obras inconclusas, como el sistema Riachuelo", señaló Fernández al argumentar las falencias del procedimiento.

En ese sentido, enfatizó que la información oculta bajo el esquema licitatorio debe ser tratada como un bien de acceso público. "En el proceso hay algo que se llama data room para los oferentes, pero nosotros planteamos que eso es información pública ambiental. Todos tenemos el derecho de conocer las evaluaciones, la situación de contaminación y de participar en una audiencia pública antes de que se tome una decisión", afirmó.

Contradicción normativa y apelación judicial 

El referente ecologista advirtió además sobre las irregularidades jurídicas que rodean el paquete de decretos reglamentarios impulsado por el gobierno nacional. "La ley que creó AySA establece que el 90 por ciento de las acciones pertenecen al Estado y son intransferibles. Además, las facultades delegadas concedidas por el Congreso tenían un plazo que ya venció, por lo que los decretos posteriores resultan inconstitucionales", sostuvo.

Fernández también cuestionó el fallo de primera instancia en el juzgado federal de Lomas de Zamora que rechazó la medida cautelar y confirmó la apelación del colectivo. "El juez argumentó que el amparo es complejo para abordar estos puntos, pero contestamos que es tan sencillo como mirar el calendario. Por eso recurrimos a la Cámara Federal de Apelaciones para exigir que se garantice el derecho de la ciudadanía", remarcó.

Por último, remarcó la gravedad de desregular un servicio indispensable en un contexto donde millones de personas carecen de agua potable y cloacas. "El agua es un derecho humano fundamental. Nos preocupa qué va a pasar con las obras pendientes y con normas que imponen la suspensión del servicio ante el no pago de una sola cuota. Antes de privatizar, hay que poner todas las cartas sobre la mesa y garantizar la participación social", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)