La diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta, integrante del bloque Provincias Unidas, presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para conocer la situación de la Red Vial Nacional en la provincia.

El proyecto plantea que el Gobierno informe, en un plazo de 30 días, sobre el estado de conservación de diez rutas nacionales, las obras ejecutadas y paralizadas, los contratos vigentes, los recursos asignados y ejecutados y la planificación prevista para los ejercicios 2024, 2025 y el período transcurrido de 2026.

Las rutas alcanzadas por el pedido son las 7, 40, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 153 y 188.

Qué información reclama Arrieta sobre las rutas

El pedido busca obtener un detalle sobre el estado de las calzadas, banquinas, puentes y señalización de cada corredor.

Además, Arrieta solicita conocer qué obras fueron realizadas, cuáles se encuentran demoradas o suspendidas y cuál es el nivel de ejecución física y financiera de cada proyecto.

Uno de los principales objetivos es determinar cuánto dinero fue destinado efectivamente a la infraestructura vial mendocina y qué resultados concretos produjo esa inversión.

“Cuando una empresa evalúa producir, invertir o generar empleo en Mendoza también importa cómo puede transportar su producción, cuánto cuesta hacerlo y en qué condiciones están nuestros corredores”, sostuvo la legisladora.

La lupa sobre los fondos del SISVIAL

Uno de los capítulos centrales de la iniciativa está relacionado con el Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

Arrieta pidió información sobre el dinero asignado, comprometido, devengado y efectivamente pagado, además del destino específico de esos fondos.

También busca conocer qué recursos permanecen pendientes de ejecución y si existen fondos del sistema colocados en instrumentos financieros.

Según los antecedentes periodísticos y documentación oficial citados en los fundamentos del proyecto, entre 2024 y mayo de 2026 el SISVIAL habría acumulado aproximadamente $1,503 billones, mientras que alrededor de $394.406 millones habrían sido destinados a su finalidad específica.

La diputada pretende que el Poder Ejecutivo aporte la documentación oficial que permita establecer con precisión la situación de esos recursos.

“Necesitamos saber cuánto se recaudó para infraestructura vial, cuánto se ejecutó realmente y cuánto llegó a las rutas de Mendoza”, planteó.

Mendoza y el mantenimiento de rutas nacionales

Otro de los puntos incluidos en el pedido de informes apunta a determinar cuánto dinero de la Provincia de Mendoza fue destinado a conservar, reparar o mantener rutas cuya jurisdicción corresponde al Estado nacional.

La iniciativa solicita conocer bajo qué instrumentos jurídicos la administración mendocina asumió esas tareas y cuáles fueron las condiciones establecidas para hacerlo.

En particular, los fundamentos mencionan un convenio firmado en mayo de 2025 que habilitó a Mendoza a realizar trabajos sobre determinados tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, a costo y responsabilidad de la provincia y sin reembolso del Gobierno nacional.

“Mendoza no reclama privilegios. Reclama información, infraestructura y reglas previsibles para desarrollarse”, afirmó Arrieta.

Las rutas, en el centro del desarrollo productivo

Para la legisladora, el debate sobre la infraestructura vial no puede reducirse al estado del pavimento.

Las rutas nacionales funcionan como corredores fundamentales para la producción, el turismo, la minería, la actividad energética y la logística de Mendoza, además de conectar a la provincia con otras regiones del país y con Chile.

En ese sentido, el planteo sostiene que las condiciones de las rutas tienen impacto directo sobre productores, comerciantes, empresas, trabajadores y prestadores turísticos.

“Las rutas forman parte del ecosistema de desarrollo de Mendoza. No podemos pensar el turismo por un lado, la producción por otro, el comercio por otro y la infraestructura por otro. Todo está conectado”, sostuvo la diputada.

Ruta 7 y Ruta 40: dos corredores estratégicos

Entre los corredores que concentran especial atención aparece la Ruta Nacional 7, particularmente en el sector de Alta Montaña y el corredor internacional que conduce al Paso Cristo Redentor.

El proyecto solicita información sobre las obras necesarias para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad durante todo el año.

También se reclama información específica sobre la Ruta Nacional 40, uno de los principales ejes territoriales de Mendoza, con especial interés en sus distintos tramos del norte provincial, Gran Mendoza, Valle de Uco y el sur mendocino.

En el caso de Malargüe, Arrieta solicita además precisiones sobre el tramo comprendido entre el Paso del Planchón y Alfonso Capdeville, incluyendo proyectos existentes, obras previstas, recursos asignados, contratos, licitaciones y eventuales causas de demora.

Seguridad vial: otro eje del pedido

El proyecto incorpora además la dimensión vinculada con la seguridad vial. Arrieta solicitó información sobre los siniestros registrados durante 2024, 2025 y 2026 en las rutas nacionales de Mendoza, discriminados por corredor y tramo.

También pidió datos sobre personas fallecidas y lesionadas y, cuando exista información disponible, si las condiciones de infraestructura fueron identificadas como un factor de riesgo o elemento concurrente en esos hechos.

La iniciativa plantea de esta manera que el mantenimiento de las rutas no es solamente una cuestión económica o logística, sino también una política vinculada directamente con la seguridad de quienes circulan por los corredores nacionales.

“Una provincia competitiva necesita infraestructura”

El reclamo de Arrieta apunta a obtener información concreta sobre el destino de los recursos públicos y sobre el estado actual de los principales corredores viales de Mendoza.

La legisladora sostiene que la provincia necesita previsibilidad para producir, transportar, recibir turistas y conectar sus mercados.

“Mendoza tiene una marca reconocida en la Argentina y en el mundo. Esa imagen tiene que estar respaldada por una experiencia real: infraestructura, conectividad, seguridad vial y logística”, expresó.

En definitiva, el pedido de informes busca determinar cuánto ingresó al SISVIAL, cuánto se ejecutó, qué fondos permanecen sin utilizar, qué obras llegaron efectivamente a Mendoza y cuál es el cronograma previsto para recuperar los corredores estratégicos.

La iniciativa se apoya en cuatro ejes: transparencia en el uso de los recursos públicos, federalismo, seguridad vial y desarrollo de infraestructura. (www.REALPOLITIK.com.ar)