Nueve años después del ejercicio que quedó bajo análisis, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires cerró una nueva etapa de la revisión sobre la administración del Consorcio de Gestión del Puerto de Olivos y confirmó sanciones contra tres de quienes tuvieron responsabilidades centrales en su conducción: María Constanza Rivas Godio, Víctor Augusto Stephens y Carlos Orlando Bartoloni.

El fallo, fechado el en julio de 2026, corresponde a las cuentas del ejercicio 2017. Aunque el organismo aceptó parte de los planteos presentados por los exfuncionarios y anuló algunos cargos económicos, mantuvo observaciones por documentación faltante o deficiente y ratificó multas por montos.

Los nombres, sin embargo, exceden largamente aquella administración portuaria.

Rivas Godio había sido designada en 2015 para representar al gobierno provincial dentro del directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Olivos. Esa representación llevaba aparejada la presidencia del organismo, función que ejerció hasta presentar su renuncia con efecto desde agosto de 2017.

Con antecedentes como concejal del Pro en Bahía Blanca, posteriormente recaló en la municipalidad de Lanús, donde formó parte del gobierno de Néstor Grindetti y llegó a desempeñarse como secretaria de Desarrollo Urbano.

Stephens, por su parte, se desempeñaba como gerente general del Puerto de Olivos. Su trayectoria en la administración pública tampoco terminó allí: durante el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal ocupó la dirección Provincial de Política y Seguridad Vial y, actualmente, se encuentra vinculado a la Asociacion de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Bartoloni representa otra vertiente política de aquella conducción. En 2012 había sido designado por el gobierno de Daniel Scioli como delegado portuario de Olivos y era reconocido entonces como dirigente del Partido Justicialista de Vicente López.

Qué encontró el Tribunal

El expediente tuvo un recorrido extenso. Las primeras sanciones habían sido aplicadas en junio de 2019, luego del estudio de las cuentas correspondientes a 2017. Rivas Godio, Stephens y Bartoloni presentaron recursos de revisión y acompañaron nueva documentación para intentar revertirlas. En varios puntos tuvieron éxito.

María Constanza Rivas Godio.

El Tribunal dejó sin efecto, por ejemplo, un cargo de 38.198,32 pesos contra Bartoloni y Stephens después de que fueran presentadas facturas y pólizas que permitieron respaldar los egresos cuestionados.

También anuló otro cargo de 10.824,69 pesos contra Rivas Godio y Stephens correspondiente a gastos ocasionados por el traslado de una persona desde Bahía Blanca para llevar documentación urgente al Consorcio.

Y en un tercer caso se tuvo por justificada una parte importante de los gastos observados, lo que permitió liberar de responsabilidad a Bartoloni y Stephens por 17.590,27 pesos.

Pero no todo pudo ser subsanado.

El Tribunal mantuvo un cargo de 5.575,15 pesos contra Stephens y Rivas Godio porque una parte de los pagos cuestionados continuó sin respaldo documental suficiente.

Además ratificó otro cargo de 6.476,49 pesos contra ambos, originado en comprobantes presentados en copia o de manera ilegible. Los recurrentes alegaron que el deterioro de tickets y facturas obedecía al paso del tiempo, pero la relatoría consideró que correspondía a los responsables garantizar que la documentación fuera adecuada y verificable.

También quedó firme un cargo de 824,37 pesos relacionado con liquidaciones de viáticos, que alcanza solidariamente a Bartoloni, Ignacio Miguel Baistrocchi, Gabino Mario Tapia, Oscar Luis Javier Ensinck, Marcelo Bolaños y Stephens.

Puerto de Olivos.

Las multas que quedaron firmes

Más allá de esos cargos, el punto políticamente más relevante de la resolución es que el Tribunal decidió mantener las multas aplicadas personalmente a Rivas Godio, Bartoloni y Stephens. Cada uno deberá responder por una sanción por una suma absurda: 17 mil pesos.

Los exfuncionarios habían planteado la nulidad del procedimiento, falta de motivación, arbitrariedad e incluso una supuesta duplicidad de sanciones por aplicarse simultáneamente multas y cargos patrimoniales. Pero el planteo fue rechazado.

La división relatora sostuvo que las multas respondían a incumplimientos formales mientras que los cargos estaban asociados a perjuicios económicos, por lo que no existía una doble sanción por el mismo hecho.

También desestimó que el alejamiento posterior de los funcionarios pudiera liberarlos de responsabilidad: según el criterio incorporado al fallo, las obligaciones nacieron mientras estaban al frente de la administración.

El Tribunal terminó haciendo suyo ese razonamiento y ratificó las tres multas.

La resolución notificó a los funcionarios alcanzados y estableció un plazo de 90 días para que quienes mantienen sanciones pecuniarias depositen los importes correspondientes.

El expediente, nacido de una rendición correspondiente a 2017, terminó así atravesando casi una década y distintas administraciones políticas. Y volvió a colocar bajo la lupa a tres funcionarios con recorridos diferentes —del sciolismo al Pro y de la gestión de Vidal al Estado nacional— que coincidieron en un mismo lugar: la conducción del Puerto de Olivos. (www.REALPOLITIK.com.ar)