El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego dejó un diagnóstico especialmente crítico sobre el manejo de la infraestructura educativa durante 2025. En el marco de la cuenta de inversión provincial, el organismo detectó problemas reiterados en contrataciones, anticipos financieros elevados, falta de documentación técnica y obras que presentaron deficiencias constructivas o directamente no fueron terminadas.

El informe alcanza a la administración del gobernador Gustavo Melella y pone bajo la lupa la gestión del ministerio de Educación. Actualmente, esa cartera está encabezada por Pablo López Silva, quien asumió como ministro y durante 2026 pasó a defender públicamente la necesidad de mayor financiamiento educativo para la provincia.

El punto más delicado aparece en el análisis del Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Educativa, creado bajo la ley provincial 1431. El Tribunal cuesitonó que durante 2025 la ejecución de la partida destinada a construcciones del ministerio de Educación se realizó en un 100 por ciento mediante contrataciones directas.

La observación no se limita al mecanismo utilizado. Según los auditores, varias de esas obras fueron encuadradas bajo la ley provincial de Contrataciones 1015 cuando, por tratarse de trabajos y obras, debieron tramitarse bajo el régimen nacional de obra pública. El organismo afirmó que esa decisión generó inconvenientes para controlar tanto la ejecución como las contraprestaciones.

Anticipos de hasta 70 por ciento

El Tribunal también detectó que se otorgaron anticipos financieros de entre el 40 y el 70 por ciento para mano de obra, sin exigir a las empresas antecedentes suficientes ni garantías adecuadas ante eventuales incumplimientos.

La documentación faltante señalada por los auditores incluye planillas de cómputos y presupuestos, especificaciones técnicas, planos, inspectores de obra, representantes técnicos de las firmas contratadas, fondos de reparo y plazos de garantía.

En varios expedientes, los requerimientos del Tribunal tuvieron que repetirse más de una vez antes de ser subsanados. En otros casos, la documentación directamente terminó elevada al plenario del organismo de control.

La conclusión utilizada por el Tribunal es inusualmente severa para un documento contable: sostuvo que el ministerio de Educación mantuvo durante 2025 un “desorden administrativo” y ejecutó obras con “desapego a las buenas costumbres administrativas”. También señaló la existencia de trabajos con deficiencias constructivas y falta de finalización por parte de las empresas contratadas.

El cuadro se vuelve políticamente más incómodo para la administración de Melella porque el propio gobierno ha colocado a la infraestructura y al financiamiento educativo entre sus principales banderas públicas. En marzo, el mandatario presentó ante la Legislatura un paquete de reformas que incluyó educación e infraestructura educativa entre los ejes de gestión.

La auditoría, sin embargo, muestra que detrás de ese discurso existían problemas concretos de administración y control.

El programa auditado había autorizado originalmente hasta 7.000 millones de pesos para contrataciones vinculadas con remodelaciones e infraestructura educativa. Posteriormente, una prórroga permitió utilizar hasta otros 4.300 millones de pesos provenientes de recursos previstos por la normativa para continuar financiando bienes, servicios y obras públicas.

Además, el Tribunal aseguró haber pedido en reiteradas oportunidades información al ministerio de Educación y haber recibido documentación incompleta y fuera de los plazos requeridos, situación que dificultó el control.

El ministro de Educación, Pablo López Silva.

Entre las obras relevadas aparecen refacciones de establecimientos educativos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, intervenciones sobre instalaciones de gas y calefacción, jardines de infantes, escuelas especiales y colegios provinciales. El informe consigna distintos niveles de avance y montos devengados durante 2025.

Hay, de todos modos, un límite importante en la documentación disponible: el informe consolidado identifica las obras y los montos, pero no detalla en ese apartado los nombres de todas las empresas adjudicatarias de las contrataciones observadas. Ese dato deberá reconstruirse a partir de los expedientes individuales, órdenes de compra y adjudicaciones correspondientes.

La cuenta de inversión deja así una fotografía incómoda para el gobierno fueguino: mientras Melella y López Silva plantean públicamente la necesidad de fortalecer la educación y conseguir nuevos recursos, el órgano de control provincial encontró durante el ejercicio anterior contrataciones directas, anticipos elevados, documentación insuficiente y fallas reiteradas en la gestión de la infraestructura escolar.

La discusión ya no pasa solamente por cuánto dinero recibe Educación, sino por cómo se administra, cómo se contrata y qué controles existen sobre cada peso destinado a las escuelas de Tierra del Fuego. (www.REALPOLITIK.com.ar)