La gestión educativa de Alfredo Cornejo quedó alcanzada por una serie de observaciones del Tribunal de Cuentas de Mendoza vinculadas con el manejo administrativo de la dirección General de Escuelas (DGE). El organismo de control detectó irregularidades en la rendición de subsidios y deficiencias en las declaraciones juradas del personal contratado.

Las conclusiones forman parte del fallo 18.342, correspondiente a la rendición de cuentas de la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos (UCPP) de la dirección General de Escuelas. El área se encontraba bajo la estructura política del ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE encabezado desde diciembre de 2023 por Tadeo García Zalazar, uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador Cornejo. La propia administración provincial lo designó al frente de esa cartera al comienzo del actual mandato.

No se trató de una revisión meramente formal. El Tribunal de Cuentas formuló observaciones, la secretaría Relatora confeccionó posteriormente un pliego, los responsables tuvieron que presentar sus descargos y la auditoría volvió a analizar las explicaciones antes de que se dictara el fallo definitivo.

El primero de los cuestionamientos estuvo relacionado con la “falta de rendición de subsidios otorgados en el ejercicio bajo estudio”. El Tribunal fue explícito al señalar que durante 2024 “existieron procedimientos administrativos irregulares”.

Trámites mediantes, el problema terminó siendo subsanado, pero recién durante 2025.

El fallo del organismo que preside Néstor Marcelo Parés no informa en sus tres páginas publicadas cuáles fueron esos subsidios, quiénes los recibieron ni qué montos estuvieron involucrados. Tampoco surge del documento cuánto tiempo permanecieron sin rendición. Esos datos forman parte de las actuaciones internas que dieron origen al expediente y no fueron reproducidos en la resolución final.

La diferencia no es menor. La rendición de un subsidio permite comprobar documentalmente qué ocurrió con fondos públicos después de su entrega. Por eso el propio Tribunal encuadró lo sucedido como un procedimiento administrativo irregular, aunque posteriormente consideró subsanada la observación.

Contratados con incompatibilidades

El segundo reparo abre una cuestión políticamente todavía más sensible para la administración educativa. La auditoría encontró “deficiencias en declaraciones juradas de cargos de personal contratado” dentro de la UCPP.

A partir de las observaciones, los responsables tuvieron que acreditar que habían requerido a los contratados declaraciones juradas completas y certificadas en las que debían informar todos los cargos o contratos de locación que mantuvieran con el Estado nacional, provincial o municipal, además de los horarios cumplidos en cada uno de ellos.

Pero el fallo va un paso más allá.

El Tribunal dejó asentado que se realizaron “las acciones necesarias y pertinentes para subsanar las incompatibilidades que fueron oportunamente detectadas”. Es decir, el control no encontró solamente documentación incompleta: surgieron situaciones de incompatibilidad que exigieron una intervención posterior de la administración.

El documento público, nuevamente, no revela los nombres de las personas involucradas, cuántos contratados fueron alcanzados ni cuál era concretamente la incompatibilidad detectada en cada caso.

Y allí aparece uno de los principales interrogantes que deja abierto el fallo.

Las autoridades responsables del ejercicio están individualizadas en la foja 106 del expediente, pero sus nombres tampoco fueron incorporados a las tres páginas de la resolución que hizo públicas el Tribunal de Cuentas.

Los hechos revisados corresponden al ejercicio 2024, el primer año completo del segundo gobierno de Alfredo Cornejo y de García Zalazar al frente del sistema educativo mendocino. El episodio aparece, además, en un área particularmente sensible. La UCPP administra y coordina programas y proyectos dentro de una estructura educativa que maneja recursos públicos destinados al funcionamiento y desarrollo del sistema escolar.

En el fallo no consta la existencia de multas, pero sí cuestionamientos en torno a la entrega de subsidios, procedimientos administrativos calificados como irregulares y contratados respecto de los cuales se detectaron incompatibilidades.

El Tribunal terminó cerrando la cuenta. Pero dejó por escrito dos datos que la política difícilmente pueda pasar por alto: hubo subsidios cuya rendición generó observaciones y hubo incompatibilidades entre contratados que tuvieron que ser subsanadas.

Tras la polémica, sin embargo, quedan abiertas varias interrogantes: quiénes fueron los responsables identificados en el expediente, qué subsidios quedaron bajo observación, cuánto dinero representaron y quiénes eran los contratados alcanzados por las incompatibilidades.

Las respuestas no aparecen en el fallo público. (www.REALPOLITIK.com.ar)