La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) abrió una disputa que excede la discusión sobre quién administrará la empresa. En el centro del debate aparece una cuestión que impacta directamente sobre millones de bonaerenses: quién financiará y ejecutará las obras necesarias para extender las redes de agua potable y cloacas hacia los barrios que todavía no cuentan con esos servicios.

En ese escenario, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, llevó el reclamo al gobierno de Axel Kicillof y solicitó que la Provincia de Buenos Aires intervenga en el proceso de licitación mediante Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

El pedido apunta a que la empresa provincial se presente como oferente en la licitación destinada a vender el 90% del paquete accionario de AySA, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

El punto que preocupa a los municipios: las obras que podrían quedar para después

El planteo de Gray no se limita a cuestionar la privatización. Su principal preocupación está vinculada con el esquema de inversiones que acompañaría la futura concesión.

Según la documentación presentada por el intendente ante el Gobierno bonaerense, durante los primeros diez años de la concesión las inversiones estarían orientadas principalmente al mantenimiento y renovación de la infraestructura existente, mientras que la expansión de las redes quedaría relegada.

La diferencia no es menor. Para los municipios que todavía tienen sectores sin cobertura completa, mantener las redes existentes no resuelve el problema central: la necesidad de construir nuevas redes para que el servicio llegue a quienes todavía no lo tienen.

El documento citado por Gray también advierte que las principales obras estructurales destinadas a ampliar el sistema metropolitano de agua y saneamiento quedarían previstas para etapas posteriores.

A esto se suma otro dato señalado en la presentación: la universalización del servicio no estaría contemplada dentro de los 30 años de concesión.

Ese punto constituye uno de los principales argumentos del intendente para reclamar una participación activa del Estado bonaerense.

AySA, una empresa que presta servicios a millones de personas

La dimensión del proceso explica parte de la preocupación municipal. Actualmente, AySA brinda el servicio de agua potable a más de 11,4 millones de personas y el de cloacas a más de 9,6 millones, dentro de un área de concesión que comprende 26 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por eso, cualquier modificación en el esquema de inversiones puede tener consecuencias que excedan la administración cotidiana de la compañía.

La discusión pasa, fundamentalmente, por determinar qué obras serán consideradas prioritarias, quién las financiará y en qué plazos deberán ejecutarse.

Para los municipios con crecimiento urbano sostenido, una eventual postergación de las obras de expansión puede significar que miles de familias continúen dependiendo de soluciones alternativas mientras esperan la llegada de las redes.

El caso de Esteban Echeverría

La situación adquiere una relevancia particular en Esteban Echeverría, distrito gobernado por Gray. El municipio todavía necesita ampliar la infraestructura de agua potable y desagües cloacales para acompañar el crecimiento demográfico y urbano.

Desde esa perspectiva, el intendente plantea que una disminución de las metas de expansión podría trasladar hacia adelante obras consideradas necesarias para el desarrollo del distrito.

El problema, entonces, no sería solamente empresarial. La discusión sobre AySA también involucra planificación urbana, infraestructura sanitaria y desigualdad territorial.

En los sectores donde las redes ya están consolidadas, una política centrada en mantenimiento puede resultar suficiente para preservar el servicio. En cambio, en las zonas donde la infraestructura todavía no existe, el mantenimiento no reemplaza la inversión necesaria para construirla.

¿Por qué Gray propone que participe ABSA?

La alternativa planteada por Gray es que la Provincia no permanezca al margen del proceso. Su pedido a Kicillof consiste en que instruya al directorio de ABSA para que la empresa provincial participe en la licitación.

El argumento político y estratégico detrás de la propuesta es que, mediante esa participación, Buenos Aires podría tener una herramienta directa de intervención sobre la gestión de un servicio considerado esencial.

Para Gray, esa presencia permitiría priorizar tres objetivos: la planificación de obras, la ampliación de la cobertura y la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento.

La propuesta abre, además, un interrogante de fondo: si el Estado nacional avanza con la privatización, ¿qué margen tendrá la Provincia para garantizar que las inversiones respondan a las necesidades de los municipios bonaerenses?

Una disputa que recién comienza

El planteo de Gray coloca a AySA nuevamente en el centro de la agenda política bonaerense, pero desde una perspectiva concreta: el futuro de las obras de infraestructura.

La discusión ya no pasa únicamente por si la empresa debe permanecer bajo control estatal o pasar a manos privadas. También involucra qué modelo de inversión tendrá la futura concesión y qué ocurrirá con los sectores que todavía esperan la extensión de las redes.

En ese marco, la participación de ABSA que propone Gray funcionaría como una vía para que la Provincia tenga un lugar dentro de una definición que impactará directamente sobre buena parte de su territorio.

Mientras avanza el proceso de privatización, el interrogante que queda planteado es tan simple como determinante: ¿quién garantizará que las obras lleguen a los barrios que todavía no tienen agua potable ni cloacas? (www.REALPOLITIK.com.ar)