Se trata de un trabajo realizado por el equipo del exsenador provincial Marcelo Daletto, que analizó el gasto público de capital de las provincias durante el 2025. La gestión bonaerense destinó apenas un 6,6 por ciento de su presupuesto a inversión en infraestructura.

Daletto elaboró un informe sobre el gasto de obras públicas de las provincias en 2025, basado en datos del ministerio de Economía de la Nación, que encendió las luces de alerta sobre la administración de los recursos bonaerenses, al evidenciar que el territorio más poblado del país se encuentra en la zona roja del ránking nacional de inversión. La gestión del gobernador Axel Kicillof prioriza de manera casi absoluta los gastos corrientes y operativos por sobre la construcción de infraestructura básica. 

Según detalla el documento, el denominado gasto de capital, que comprende la partida destinada a rutas, hospitales, escuelas y redes de energía, representó apenas el 6,6 por ciento del gasto total ejecutado por la provincia en el ejercicio de 2025. Aunque esta cifra significó un incremento real interanual del 10 por ciento respecto al período previo, el número final se ubica muy por debajo del promedio de las provincias argentinas, que alcanzó un 9,5 por ciento.

La preocupación se profundiza de cara al futuro al observar el inicio de 2026, ya que durante el primer trimestre de este año la inversión en capital sufrió una fuerte contracción y cayó al 4,4 por ciento. Este desplome plantea un interrogante central para la economía provincial sobre si se consolidará una pauta de inversión mínima para el resto del año o si el gobierno logrará revertir la tendencia para converger hacia los niveles del período anterior. 

El informe aborda con crudeza una de las discusiones políticas más complejas del federalismo argentino, que es el reclamo histórico de Buenos Aires por los recursos coparticipables. Actualmente, la provincia aporta cerca del 40 por ciento de la recaudación tributaria nacional, pero recibe en retorno tan solo el 21,2 por ciento de la masa de fondos federales.

Si bien esta marcada inequidad distributiva estrangula el financiamiento bonaerense y debe ser una bandera permanente de cualquier gestión, el estudio advierte que la queja hacia el gobierno nacional no exime de responsabilidades a los administradores locales. El texto subraya que recibir más fondos no es una solución mágica si no se transforma la matriz interna del gasto público, ya que de lo contrario cualquier ingreso extra terminará siendo absorbido por la burocracia y las erogaciones corrientes en lugar de convertirse en asfalto, cloacas o aulas. 

Comparativa

Al analizar la perspectiva histórica desde el retorno de la democracia, el desempeño de la infraestructura bajo el mandato de Kicillof muestra un retroceso, registrando un promedio de gasto de capital del 6,9 por ciento en su primera gestión y descendiendo a un 6,3 por ciento en su segundo mandato actual. Estas cifras se sitúan lejos de los máximos históricos registrados bajo las gobernaciones de Alejandro Armendáriz (14,4) y Eduardo Duhalde, quien promedió un 13,4 y un 13,7, tocando un techo del 17,6 en 1997 gracias al impulso del Fondo del Conurbano. Incluso la ejecución reciente queda por debajo del promedio alcanzado durante la gestión de María Eugenia Vidal, que promedió un 7,5 y registró un pico post-crisis del 9,4 en el 2017. 

Ante este diagnóstico, el informe concluye con una propuesta legislativa concreta para modificar la ley de Administración Financiera Provincial, con el objetivo de fijar por ley una regla que obligue a disponer de un 20 por ciento del total del gasto para erogaciones de capital. Para que la transición sea viable y no desfinancie los servicios esenciales vigentes, el proyecto plantea una cláusula transitoria con un sendero de aplicación gradual.

De esta manera, se fija la obligatoriedad de alcanzar un piso de inversión en infraestructura del 10 por ciento para el año 2027, elevar la pauta al 13 por ciento en 2028, incrementar la exigencia al 16 por ciento en 2029 y finalmente consolidar la meta definitiva del 20 por ciento para el año 2030. Bajo este esquema normativo se busca blindar los fondos de desarrollo y garantizar que los impuestos de los bonaerenses se traduzcan en mejoras patrimoniales duraderas. (www.REALPOLITIK.com.ar)