El reciente revés judicial para PedidosYa en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y en la Justicia de San Juan no es un expediente más; es una onda de choque que promete sacudir los cimientos de la economía de plataformas en Argentina. Mientras el secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), Oscar Silva, celebra y se adjudica una victoria histórica en favor de los trabajadores en la vía pública, la realidad del asfalto nos obliga a mirar hacia el siguiente eslabón del fraude laboral tecnológico: los choferes de las aplicaciones de transporte.

Oscar Silva, secretario general del SIVARA

La explosión del transporte digital en datos

El fenómeno de las aplicaciones de viaje ya no es una alternativa de transporte, sino un termómetro directo de la crisis y la informalidad económica, especialmente en el conurbano bonaerense. Las cifras del sector demuestran un crecimiento vertical y alarmante:

2025: El registro consolidado entre plataformas como Uber, DiDi y Cabify promediaba los 300.000 vehículos.

2026: La cifra actual ronda el doble, alcanzando los 600.000 autos activos en los registros.

Radiografía del chofer actual: entre la necesidad y el "ingreso extra"

Para entender el impacto de una futura regularización, es vital desmenuzar quiénes componen este universo de 600.000 conductores:

El componente full-time: Choferes que dependen exclusivamente del vehículo para sostener a sus familias y que sufren la falta de ART, paritarias o licencias obligatorias.

El fenómeno del "ingreso extra": Un gran porcentaje de los registros actuales pertenece a personas con un trabajo fijo en relación de dependencia. Utilizan la aplicación de camino al empleo o al regresar a sus hogares para amortiguar la pérdida del poder adquisitivo.

Reflejo macroeconómico: Este fenomenal salto en la cantidad de conductores es el síntoma inequívoco de una economía que empuja a los trabajadores a la sobreocupación para cubrir la canasta básica.

El precedente jurídico es indetenible

Los argumentos de los jueces Gonzalo Caballero en San Juan y de los magistrados de la Suprema Corte bonaerense son perfectamente trasladables a los choferes de Uber o DiDi:

Primacía de la realidad: Si hay geolocalización, asignación de viajes obligatoria, algoritmos de puntuación y fijación unilateral de la tarifa por parte de la empresa, existe relación de dependencia, sin importar el contrato comercial que firme el chofer.

Control estatal: La Justicia validó la potestad del ministerio de Trabajo para fiscalizar en la calle y determinar el empleo no registrado, más allá de la normativa de la ley Bases.

Las aplicaciones de delivery fueron el primer laboratorio judicial. Hoy, con 600.000 autos circulando bajo las mismas condiciones de desprotección legal, el debate ya no es si las plataformas de transporte deben registrar a sus conductores, sino cuándo la Justicia local empezará a aplicar el mismo criterio para los choferes que sostienen la movilidad de nuestras ciudades. (www.REALPOLITIK.com.ar)