Como respuesta a la falta de recursos, provincias como La Rioja acaban de reinstalar en la rutina cotidiana de sus empleados públicos la circulación de bonos o cuasimonedas como instrumento de cancelación.

En tal sentido, reingresaron a escena los bonos denominados coloquialmente como “Chachos” y legalmente como BOCADE o Bonos de Cancelación de Deuda.

Todo se hace en medio de un contexto complicado donde el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela viene denunciando – al igual que su par bonaerense Axel Kicillof – una importante reducción en el giro de lo recaudado por impuestos coparticipables.

Además, hay una baja en la recaudación como producto de la recesión y eso recorta aún más esa suma que se distribuye por “goteo” diario a las provincias.

Con respecto a las denominadas “cuasimonedas” los bonaerenses piensan siempre en aquél bono Patacón que circuló entre el 2001 y el 2003 con el cual se pagó parte del sueldo a empleados, funcionarios y magistrados y que completaba los porcentajes que se cobraban en pesos.

Es al día de hoy que siempre que se habla de una crisis como la sufrida en el 2001, los memoriosos aluden al cobro de sueldos con bonos y ahora todo aflora desde la materialidad que está dando una vuelta al estreno de las cuasimonedas en una provincia como La Rioja.

Obligadas comparaciones

Con respecto a una comparación que nos permita ver aquel bono bonaerense, vale decir que hace unos 25 años el lanzamiento del patacón arrojaba incertidumbre en el territorio gobernado por Carlos Ruckauf, porque se carecía de un financiamiento total para sus gastos corrientes, entre ellos el pago de los sueldos de un ejército de empleados calculados en más de medio millón, entre administrativos, docentes, policías, penitenciarios, funcionarios y magistrados.

A esto hay que agregarle que, desde el gobierno nacional del presidente Fernando De La Rúa, había fuertes condicionamientos sobre los cuales se resolvió ponerle un punto final y reformular las cartas a jugar sobre la mesa.

Como si todo eso fuera poco, había un Banco Provincia con una de sus mayores debilidades financieras de su larga historia y debió transferir al estado provincial un paquete multimillonario de créditos incobrables por una suma cercana a los mil millones de pesos. Cabe recordar que en ese año mil millones de pesos eran mil millones de dólares. 

Como consecuencia, la nueva jugada fue la de promover una ley de emergencia que incluyó la reducción de organismos y la emisión de un bono que serviría tanto para comprar alimentos, indumentaria y electrodomésticos y como título para obtener un jugoso rescate anual en tiempos de inflación cero.

Desalentar versiones

Para desalentar especulaciones, desde el gobierno bonaerense actual han rechazado más de una vez que se repita un escenario tan dantesco como el sufrido hace un cuarto de siglo. O, al menos el que se padeció sobre los inicios de circulación del bono, cuando había incertidumbre sobre su validez para cancelar impuestos nacionales y servicios públicos, comprar combustible y otros rubros claves para la economía cotidiana.

Se señaló que no hay un escenario de iliquidez como en aquél 2001 y que esto no obligaría a decidir ni a pensar en tan drástica medida que afectaría básicas reglas de juego en la microeconomía bonaerense que siente como nadie los efectos de la recesión.

En otro orden, algunos audaces opinadores seriales han propuesto públicamente que el gobierno bonaerense debería emitir ya no un bono, sino directamente una moneda.  Allí, el debate vira desde lo económico hacia lo constitucional y político porque, para que ello ocurra, se deberían denunciar pactos previos a la Constitución Nacional y, en tal sentido, eso sonaría a una provocación cuasi beligerante que pondría en juego la convivencia política y tendría consecuencias imprevisibles.

Billones en litigio

Al parecer, en territorio bonaerense los gastos corrientes que requieren cumplimiento obligatorio estarían garantizados, pero, a la vez hay enorme sufrimiento entre quienes ejecutan políticas públicas por la falta de fondos equivalentes unos 18 billones de pesos en concepto de fondos por planes alimentarios, seguridad, viales y el famoso Fondo de Incentivo Docente.

Sobre esas partidas, pesa una denuncia judicial del gobierno bonaerense, que espera que haya una resolución por parte de la Corte Suprema de la Nación, que tiene competencia originaria en los conflictos entre la Casa Rosada y las provincias.

Mientras tal diferendo sigue latente, el gobierno bonaerense arrima todo el instrumental de defensa de sus recursos a su propia área, tal cual un equipo de fútbol que debe defender un resultado digno hasta el final, léase hasta llegar a las elecciones del 2027 y, en este contexto, una cuasimoneda podría leerse políticamente como un gol en contra.

No obstante, está muy claro que hay una postergación de ejecución de partidas en sectores que son muy vinculados filosófica y políticamente al discurso de Kicillof del “estado presente”, pero que resultan de imposible apiicación por falta de recursos.

Tampoco la tiene fácil la administración bonaerense con el acceso a préstamos internacionales ni a fondos de organismos multilaterales porque la autorización del gobierno nacional es postergada o directamente bloqueada por un gobierno nacional que acusa al bonaerense de profesar una ideología materialista histórica nada coincidente con sus principios libertarios.

Por el momento, el partido de fútbol para evitar el gol en contra de emitir un bono se mira con cierto sigilo y por ahora el tema es sólo motivo de reseñas históricas.

Ante un cuadro de situación problemático, el gobierno bonaerense abroquela dos líneas de cinco cerca de su área con la esperanza de aguantar sólidamente un resultado que puede ser digno, pero que es blanco de mayores expectativas por parte de millones de bonaerenses.

(*) Periodista – Lic. y Dr. en Comunicación (UNLP) - Autor del libro “Las mil batallas del Patacón”.