El discurso de Ignacio “Nacho” Torres convirtió a la transparencia y la calidad institucional en dos de las banderas de su gestión en Chubut. Sin embargo, un reciente dictamen del Tribunal de Cuentas provincial pone el foco sobre una práctica que viene arrastrándose desde hace años dentro de una de las principales empresas públicas de la provincia: las contrataciones directas del Banco del Chubut con González Fischer & Asociados para prestar el servicio de auditoría externa.

El documento, fechado el 19 de mayo de 2026, analiza una nueva renovación del contrato con la consultora y, aunque no impide que el procedimiento continúe, deja asentada una advertencia difícil de soslayar. El organismo de control sostiene que una licitación pública traería beneficios frente a las “reiteradas contrataciones directas” realizadas para ese mismo servicio.

El señalamiento adquiere mayor dimensión porque no constituye un episodio aislado. La documentación oficial permite reconstruir una relación prolongada entre la auditora y el Banco del Chubut, que hoy preside Paulino Caballero, uno de los funcionarios elegidos por Torres para conducir una institución que el propio gobernador definió como estratégica para su proyecto económico provincial. En actos oficiales, Torres incluso reivindicó la necesidad de mejorar la “calidad institucional” y la transparencia mientras ubicaba al banco como una herramienta central de desarrollo.

La observación de 2026 es todavía más categórica por otro motivo. El Tribunal detectó que el trámite volvió a ser remitido fuera de término y reclamó que las futuras renovaciones sean enviadas antes del vencimiento de los contratos. Finalmente, estableció que avanzar con la continuidad era de “exclusiva responsabilidad de las autoridades del Banco del Chubut SA”.

No es la primera vez que los organismos de control expresan reservas sobre la modalidad utilizada para mantener a González Fischer & Asociados.

Ya en 2015, un dictamen del Tribunal de Cuentas analizaba una contratación directa de GFA para realizar la auditoría externa de los ejercicios 2015 y 2016. El procedimiento había sido encuadrado dentro de una modalidad de excepción prevista por las normas internas del banco. El asesor legal aclaró entonces que la decisión sobre la modalidad elegida y su responsabilidad recaían sobre el directorio de la entidad.

Los antecedentes se repiten en los años siguientes. Los registros del propio Tribunal muestran una contratación de González Fischer en 2018, otra renovación en 2019 y una nueva contratación directa en 2022.

En 2020, además, el Boletín Oficial de Chubut documentó explícitamente otra contratación directa por modalidad de excepción para que González Fischer & Asociados auditara los estados contables del Banco del Chubut correspondientes a ese ejercicio.

Pero probablemente el antecedente más revelador sea el de 2023.

Ese año, el Tribunal volvió a estudiar una contratación directa para renovar los servicios de González Fischer & Asociados y dejó asentada una recomendación particularmente clara: desalentar las renovaciones indefinidas mediante contratación directa y considerar la convocatoria a una mayor cantidad de oferentes. También allí se estableció que la decisión quedaba bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades que disponían la contratación.

Tres años después, el problema vuelve a aparecer.

Una relación que atravesó gobiernos

La vinculación entre la consultora y el Banco del Chubut precede ampliamente a la administración de Torres.

En 2012, González Fischer & Asociados había resultado ganadora de la licitación pública 01/12 para prestar el servicio de auditoría externa. Dos años después, en 2014, el banco prorrogó esa contratación por 1.192.680 pesos más IVA, según documentación del Tribunal de Cuentas.

Es decir, el vínculo no nació con el actual gobierno provincial y atravesó administraciones políticas diferentes. Lo que sí ocurre bajo la gestión de Torres es una nueva renovación después de que el órgano de control ya hubiera advertido expresamente sobre la inconveniencia de sostener contrataciones directas de manera indefinida. Ese punto coloca la discusión directamente dentro de la agenda política del gobernador.

Torres ha construido buena parte de su narrativa pública alrededor de una ruptura con las prácticas de la vieja política chubutense. En mayo de 2024 aseguró que la provincia debía mejorar su “transparencia institucional” y vinculó esa transformación con el nuevo rol que pretendía darle precisamente al Banco del Chubut.

El banco es controlado mayoritariamente por el Estado provincial y, por lo tanto, las decisiones de su conducción poseen una dimensión que excede cualquier relación estrictamente comercial. El BCRA registraba al gobierno de Chubut como titular del 90 por ciento del capital y de los votos de la entidad.

Por eso la advertencia de mayo pasado abre un interrogante político concreto: por qué una administración que hizo de la transparencia una bandera decidió continuar una relación contractual que ya había merecido advertencias del Tribunal de Cuentas por su reiteración mediante mecanismos directos.

González Fischer y el antecedente del SUBE

A la prolongada relación con el Banco del Chubut se suma un antecedente nacional que aumenta el interés sobre la firma. González Fischer & Asociados integró la UTE contratada por el Estado nacional en 2011 para supervisar la implementación y operación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Junto a GFA participaron Global Infrastructure LLP, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV) e Ingeniería en Asistencia Técnica Argentina (IATASA).

Ese contrato terminó abruptamente.

En octubre de 2012, el ministerio del Interior y Transporte resolvió oficialmente rescindirlo después de una revisión administrativa. La resolución sostuvo que se había verificado información sustancial falsa presentada por la UTE en los informes de avance, particularmente respecto de documentación relacionada con el personal afectado al contrato.

La resolución nacional dispuso además que se adoptaran medidas para determinar eventuales responsabilidades administrativas de quienes habían participado del procedimiento. El cuadro que surge de la documentación, entonces, excede ampliamente una simple renovación contractual.

El Tribunal de Cuentas ya había pedido en 2023 abandonar la lógica de renovaciones directas indefinidas. En 2026, durante la gestión de "Nacho" Torres y con Paulino Caballero al frente del Banco del Chubut, volvió a encontrar la misma situación, recomendó una licitación pública y señaló otra vez que la decisión de continuar quedaba bajo responsabilidad de las autoridades de la entidad.

Mientras Torres reivindica públicamente la transparencia y la calidad institucional como parte de su modelo de gestión, uno de los principales bancos públicos patagónicos continúa contratando a una misma auditora mediante un esquema que el propio organismo de control provincial lleva años recomendando revisar. (www.REALPOLITIK.com.ar)