La gestión de Miguel Alejandro Mongilardi en Alto Río Senguer quedó bajo observación del Tribunal de Cuentas de Chubut por una contratación tan particular como difícil de explicar: el municipio consultó la posibilidad de pagar aproximadamente 4 millones de pesos a uno de sus propios empleados para desarrollar la página web oficial de la localidad.

El caso consta en el dictamen 48/26 del Tribunal de Cuentas, fechado el 3 de junio de 2026 y correspondiente a la consulta 43.284, originada por la nota 190/26 de la municipalidad de Alto Río Senguer.

Según el expediente, el Ejecutivo pretendía que un dependiente municipal realizara el desarrollo de la página y facturara alrededor de 4 millones de pesos por una tarea que, de acuerdo con la explicación presentada, excedía sus funciones normales o habituales. La municipalidad agregó como argumento que no existiría otro desarrollador en la zona con las capacidades requeridas.

El Tribunal no rechazó de plano la posibilidad, pero encontró problemas importantes en la justificación.

El organismo señaló que la presentación no cumplía plenamente los requisitos exigidos para una consulta de esas características y describió como “escuetos” los antecedentes enviados. También advirtió que debía demostrarse de manera concreta la supuesta falta de oferta local y explicar por qué no resultaba conveniente contratar a profesionales ubicados en localidades cercanas.

El cuestionamiento adquiere mayor relevancia porque la persona a contratar no era un proveedor externo sino un empleado de la propia municipalidad.

En el tramo más sensible del dictamen, el Tribunal habla directamente de una “incompatibilidad”. 

El expediente también revela uno de los argumentos utilizados por el municipio para defender la contratación: que el desarrollador fuera de Alto Río Senguer permitiría obtener la cesión total del código fuente, de manera que futuras administraciones pudieran gestionar la plataforma sin depender de terceros, algo que aparentemente había generado inconvenientes anteriormente.

Hasta allí, lo que consta documentalmente es una contratación proyectada. No existe en el material analizado una constancia que permita afirmar que los 4 millones de pesos hayan sido efectivamente pagados, ni tampoco se identifica públicamente al empleado involucrado.

Pero existe un dato posterior que agrega interés al expediente.

Actualmente funciona una plataforma oficial de la municipalidad bajo el dominio altoriosenguer.gob.ar, con información institucional, noticias, áreas municipales y acceso a la actividad del Concejo Deliberante. Es decir, la página cuya creación se discutía efectivamente tiene hoy una expresión concreta y operativa.

Al mismo tiempo, una ficha municipal elaborada por el ministerio de Economía y Crédito Público de Chubut en agosto de 2026 todavía consigna como dirección web del municipio riosenguer.gob.ar, un dominio diferente.

La documentación pública disponible no permite asegurar que la actual plataforma haya sido desarrollada por el empleado mencionado en el dictamen 48/26. Tampoco permite establecer si finalmente se produjo aquella facturación de alrededor de 4 millones de pesos. Pero la coincidencia temporal deja abiertas preguntas elementales: quién desarrolló finalmente la nueva web, bajo qué modalidad fue contratado y cuánto cobró por ese trabajo.

Tampoco aparece claramente individualizada entre la documentación pública consultada una autorización del Concejo Deliberante vinculada al gasto, pese a que el Tribunal consideró conveniente la intervención legislativa.

Miguel Mongilardi, entre el alineamiento con Torres y otros conflictos municipales

El expediente aparece en un contexto político que suma sensibilidad al caso. Miguel Mongilardi llegó a la intendencia de Alto Río Senguer en 2023 a través de Renovación y Desarrollo y, después de resultar electo, abandonó Chubut Somos Todos para alinearse con el espacio político del entonces gobernador electo Ignacio “Nacho” Torres.

Torres celebró públicamente aquel acercamiento y destacó la incorporación de Mongilardi al grupo de intendentes dispuestos a acompañar la agenda de su futura administración provincial.

La relación política continuó durante la gestión y Mongilardi quedó integrado al armado territorial del oficialismo chubutense.

Sin embargo, el vínculo entre el jefe comunal y los trabajadores municipales ya había quedado expuesto en otros episodios.

Recientemente, una empleada del municipio, Pamela Quirós, denunció públicamente a Mongilardi por presunto maltrato y hostigamiento. Según su versión, el intendente se presentó en su lugar de trabajo, la increpó y le advirtió que tomaría medidas en su contra en el marco de un conflicto relacionado con una actividad comercial desarrollada por su esposo.

Quirós sostuvo que su familia producía y vendía chorizos para complementar los ingresos domésticos y aseguró que Mongilardi conocía esa actividad desde la campaña electoral. “Antes él le encargaba a mi marido y le compraba chorizo para su campaña política”, afirmó la trabajadora en su descargo.

La denuncia recibió además el respaldo del empleado municipal Pablo Andrés Calfín, quien aprovechó el episodio para cuestionar el nivel de los salarios comunales y aseguró que los ingresos de muchos trabajadores resultaban insuficientes para afrontar gastos básicos.

Pero la polémica no termina allí. Dentro de la familia Mongilardi también aparece Emiliano José Mongilardi, hermano del jefe comunal e integrante del directorio de YPF.

Su nombre tomó relevancia nacional durante 2026 por aparecer entre los dirigentes y funcionarios que registraban importantes créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación. En su caso, distintos relevamientos periodísticos ubicaron el monto en torno de los 320 millones de pesos.

El cuadro deja a los Mongilardi con presencia simultánea en diferentes niveles del poder: Miguel al frente del municipio y alineado con "Nacho" Torres, y Emiliano sentado en el directorio de YPF, según se cree, fruto de esa misma alianza.

Ahora, el dictamen 48/26 introduce una nueva discusión dentro del municipio porque documentó que el Ejecutivo buscaba contratar adicionalmente por aproximadamente 4 millones de pesos a una persona que ya era empleada municipal, señaló la existencia de una incompatibilidad y consideró insuficiente parte de la fundamentación presentada.

La web, mientras tanto, ya está online. (www.REALPOLITIK.com.ar)