El intendente de la municipalidad de Viedma, Marcos Castro, adjudicó un contrato millonario para el mantenimiento de espacios públicos a Flavio Arturo Galdames, un expolicía rionegrino que arrastra dos antecedentes sensibles: fue exonerado de la fuerza provincial por faltas disciplinarias gravísimas y, años antes, había sido imputado en una causa por abuso sexual simple contra una adolescente de 13 años.

La contratación consta en el propio Boletín Oficial Municipal. Mediante el decreto 606/2026, la administración de Castro aprobó el contrato 211/2026 con Galdames para ejecutar el denominado “Tratamiento Integral 2° Cinturón Verde”, que abarca la rotonda Castro, la rotonda Islas Malvinas, la rotonda Cementerio, el talud Cementerio, el paseo Giachino y canteros de la avenida Villarino. El contrato, surgido de la licitación pública 08/2026, fue celebrado por 25,2 millones de pesos y lleva la firma del propio intendente.

REALPOLITIK tuvo acceso a la polémica contratación.

De la policía al contrato con la municipalidad

El pasado de Galdames dentro de la Policía de Río Negro está documentado oficialmente. En septiembre de 2021, el gobierno provincial dictó el decreto 1045/21, mediante el cual resolvió exonerar al entonces sargento primero Flavio Arturo Galdames

La medida no fue una sanción menor. El decreto habla expresamente de “faltas disciplinarias gravísimas” y cita, entre otras conductas, la comisión de hechos tipificados como delitos dolosos o contravenciones y la falta de corrección y decoro en la vida pública o privada cuando ello afecta seriamente el prestigio de la institución o la dignidad del cargo. También se le imputó una falta grave vinculada con el incumplimiento de los deberes propios de la función policial.

Galdames intentó posteriormente revertir aquella decisión. Sin embargo, en mayo de 2024 el Poder Ejecutivo provincial dictó el decreto 571/2024, que rechazó in limine, por extemporáneo, el recurso de reconsideración presentado contra su exoneración. El acto vuelve a identificarlo por nombre completo y DNI, despejando cualquier duda respecto de la identidad del exuniformado.

El antecedente administrativo se suma a otro episodio todavía más delicado. En agosto de 2019, NoticiasNet informó que Galdames había quedado imputado por abuso sexual simple contra una adolescente de 13 años, en una investigación desprendida de la causa seguida contra el excomisario Gustavo Luna por corrupción de menores. Según aquella cobertura judicial, la imputación atribuía al entonces policía retirado tocamientos contra la menor en el balneario El Cóndor.

La noticia que vincula al contratista municipal con un abuso sexual simple contra una chica de 13 años.

La imputación no equivale a una condena y las fuentes públicas consultadas por este medio no permiten establecer con certeza cuál fue la resolución penal definitiva de aquel expediente. Tampoco corresponde afirmar que la posterior exoneración de Galdames haya sido consecuencia de esa causa: el decreto disciplinario provincial no establece públicamente esa relación. Se trata, por lo tanto, de dos antecedentes diferentes que convergen sobre la misma persona.

Qué control hizo la gestión de Marcos Castro

La cuestión política pasa ahora por otro lado: qué controles realizó el municipio antes de poner a Galdames al frente de tareas remuneradas con fondos públicos.

El contrato no fue suscripto por un organismo ajeno a la administración local. Forma parte de una licitación municipal, fue aprobado mediante un decreto del Ejecutivo y el instrumento contractual lleva la firma de Marcos Castro, quien encabeza el gobierno de Viedma.

En otras palabras, al momento de formalizarse la contratación ya habían transcurrido casi cinco años desde la exoneración policial y más de dos desde que el gobierno provincial rechazó el intento de Galdames de revertirla. Ambos actos estaban publicados en el Boletín Oficial de Río Negro y eran de acceso público.

Eso abre preguntas que la administración Castro debería responder: si el pliego exigía certificados de antecedentes, si se verificaron sanciones administrativas previas de los adjudicatarios, si la exoneración de una fuerza de seguridad fue conocida durante el procedimiento de evaluación y, fundamentalmente, si el municipio considera compatible ese historial con la contratación de una persona para prestar servicios en espacios públicos de la capital provincial.

La selección de Galdames tampoco aparece como una contratación menor o circunstancial. El decreto 606 distribuyó distintos sectores de Viedma entre siete adjudicatarios para realizar tareas de mantenimiento integral de parques, paseos, bulevares y costanera. Galdames quedó a cargo de una porción definida del esquema municipal.

Los documentos no permiten concluir que su contratación sea ilegal. Lo que sí muestran es que la administración de Marcos Castro terminó formalizando un contrato por 25,2 millones con una persona cuyo antecedente de exoneración por faltas gravísimas estaba registrado oficialmente y que además había atravesado una imputación penal de fuerte sensibilidad pública.

La explicación que resta conocer es la del municipio: si sabía quién era el adjudicatario, qué verificaciones hizo antes de contratarlo y por qué esos antecedentes no constituyeron -si efectivamente fueron considerados- un impedimento para que Galdames terminara trabajando para el Estado municipal. (www.REALPOLITIK.com.ar)