Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal puso bajo la lupa el desembarco tecnológico de Huawei en Neuquén, su alianza con la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) y el rol que tuvieron funcionarios provinciales y municipales en una expansión que terminó alcanzando proyectos de fibra óptica, almacenamiento de datos, inteligencia artificial y servicios vinculados con Vaca Muerta.

La presentación fue realizada por el abogado Sergio Luis Macagno y busca determinar si las decisiones adoptadas por CALF, sus autoridades y distintos organismos públicos pudieron generar riesgos para la seguridad nacional, la soberanía tecnológica y la protección de infraestructura estratégica. El planteo apunta especialmente a establecer quién autorizó cada instancia del vínculo con Huawei, bajo qué condiciones económicas y técnicas y qué controles ejerció el Estado neuquino.

El caso adquiere dimensión política porque CALF no llegó a Huawei desde cero. Antes de sellar públicamente su alianza con la compañía china, la cooperativa ya participaba de infraestructura utilizada por organismos públicos. Desde 2021 cedía soportes para cámaras de videoseguridad y, durante 2023, provincia, municipio y CALF coordinaron la instalación de 1.305 cámaras en la ciudad de Neuquén, con utilización de postación, suministro eléctrico y tendidos de fibra óptica.

En julio de 2024, además, CALF adhirió al Ecosistema de Integrabilidad Digital Neuquino, una estructura creada por ley provincial para facilitar la interoperabilidad entre sistemas informáticos estatales y que contempla obligaciones sobre seguridad, confidencialidad, trazabilidad y protección de datos personales.

Ese antecedente es central para entender la denuncia: una cooperativa ya integrada a infraestructura tecnológica utilizada por el Estado comenzó luego una expansión junto a uno de los gigantes tecnológicos chinos.

De CALFIBRA a un proyecto tecnológico para Vaca Muerta

El punto de inflexión llegó el 29 de octubre de 2024, cuando CALF anunció oficialmente una denominada “alianza estratégica” con Huawei para desarrollar CALFIBRA y presentó a la compañía china como proveedora del equipamiento electrónico de la nueva red.

Lo que inicialmente podía aparecer como una contratación destinada a brindar internet comenzó rápidamente a adquirir otra escala.

Durante 2025, autoridades provinciales participaron de reuniones para avanzar en un proyecto de conectividad hacia el interior neuquino. En julio de ese mismo año, directivos y cuadros técnicos de CALF recibieron a una delegación regional de Huawei para profundizar la alianza.

Para marzo de 2026, el proyecto presentado públicamente por la propia cooperativa ya contemplaba aproximadamente 6.600 kilómetros de fibra óptica entre Neuquén y la comarca petrolera, incluyendo Añelo y Rincón de los Sauces, además de un Data Center Tier III, inteligencia artificial y servicios tecnológicos destinados a compañías relacionadas con la explotación hidrocarburífera.

Es decir, el negocio había dejado de circunscribirse a una red doméstica de internet.

La infraestructura proyectada comenzaba a extenderse hacia el corazón de Vaca Muerta, uno de los activos energéticos más importantes de la Argentina. La propia denuncia recuerda que el Estado nacional caracterizó oficialmente a la formación neuquina como un activo de vital importancia para la estrategia de crecimiento energético y económico del país.

Ese salto de escala explica buena parte del planteo judicial: conocer si equipamiento, software, firmware, licencias, mantenimiento remoto o accesos privilegiados vinculados con Huawei podrían alcanzar sistemas relacionados con infraestructura pública o información estratégica.

La denuncia solicita investigar técnicamente si la arquitectura implementada o proyectada puede generar vulnerabilidades, dependencias operativas o accesos sobre comunicaciones, configuraciones, telemetría o bases de datos sensibles.

Marcelo Severini, presidente de CALF.

El gobierno de Rolando Figueroa, bajo la lupa

La presentación judicial no limita las responsabilidades a los directivos de CALF. Entre las personas cuya intervención solicita investigar aparece el propio gobernador Rolando Figueroa. El escrito señala que el mandatario está institucionalmente vinculado con el proyecto provincial de conectividad y plantea determinar qué instrucciones impartió, qué conocimiento tuvo acerca de la participación de CALF y Huawei y qué organismos de su administración fueron responsables de evaluar y controlar los proyectos.

La denuncia lo ubica, por su cargo, en una posición de “máxima responsabilidad política e institucional provincial”, aunque expresamente aclara que ello no significa atribuirle responsabilidad penal por su sola condición de gobernador.

También aparece el ministro de Planificación, Rubén Etcheverry, quien recibió en febrero de 2025 al presidente de CALF, Marcelo Severini, y a equipos técnicos de CALFIBRA para trabajar sobre el proyecto de conectividad provincial. La Justicia deberá determinar ahora cuál fue su intervención y cuánto conocía acerca de la utilización de tecnología Huawei.

A esa lista se suma Juan Luis Ousset, entonces jefe de Gabinete provincial, firmante junto con Severini del convenio mediante el cual CALF ingresó al ecosistema de interoperabilidad digital de Neuquén.

La municipalidad de Neuquén tampoco queda afuera. El escrito individualiza al intendente Mariano Gaido por su vinculación con el Polo Científico Tecnológico, donde CALF proyectó instalar el Data Center Tier III. También recuerda su intervención institucional en el sistema de videoseguridad urbana.

Sobre Gaido, concretamente, la denuncia reclama establecer qué conocimiento tuvo sobre la participación de Huawei, qué autorizaciones municipales se otorgaron y si intervino en la negociación o aprobación del Data Center.

Rolando Figueroa y Mariano Gaido.

Un crédito por 10.000 millones y un viaje a China pagado por terceros

La pata financiera agrega interrogantes. Según documentación citada en la presentación, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) otorgó a CALF un financiamiento por 10.000 millones de pesos destinado a la “ampliación servicios red eléctrica y de internet”.

En ese punto aparece un nombre especialmente sensible: Camila Figueroa Vinassa.

La denuncia la identifica como asesora legal, coordinadora jurídica y representante de CALF. Pero al mismo tiempo señala que integraba la comisión Fiscalizadora del Banco Provincia del Neuquén, entidad que concedió el millonario financiamiento, y que se desempeñaba como apoderada de la alianza política encabezada por Rolando Figueroa. Por esa combinación de funciones, el escrito considera que su intervención posee “especial relevancia jurídica e institucional”.

Lo que se reclama es reconstruir contratos, autorizaciones, registros contables y decisiones para determinar cómo se financió la expansión tecnológica y quién intervino en cada etapa.

Algo similar ocurre con un viaje realizado por autoridades de CALF a China durante abril de 2026.

La delegación permaneció alrededor de dos semanas en el país asiático y visitó, entre otros lugares, la sede central de Huawei en Shenzhen. Entre los participantes aparecen Marcelo Severini, Yenny Fonfach, Florencia Quiroga Panelli, Alejandra Aversano y Sergio Fernández Novoa.

La explicación institucional de CALF fue que los gastos habían sido cubiertos por “proveedores internacionales y organismos de cooperación global”. Sin embargo, la cooperativa no habría individualizado públicamente quiénes fueron esos financiadores.

Por eso la denuncia pide identificar a cada aportante, establecer qué gastos pagó, revisar la documentación respaldatoria y determinar si quienes financiaron la misión tenían intereses económicos en contratos, suministros, intermediaciones o decisiones relacionadas con Huawei.

Camila Figueroa Vinassa.

El contrato con Huawei que nadie logra ver

Uno de los elementos más llamativos del expediente es precisamente la falta de información económica sobre la denominada alianza estratégica.

Según el relevamiento incorporado a la denuncia, no pudo determinarse públicamente cuál fue el instrumento jurídico original que vinculó a CALF con Huawei, cuánto dinero involucró, qué duración posee, cómo fue contratado el equipamiento, cuáles son las condiciones de financiación ni qué obligaciones asumió cada parte.

Tampoco se encontraron precisiones públicas suficientes sobre licencias de software, mantenimiento, actualizaciones, telemetría, administración o mecanismos de acceso remoto.

El contraste que plantea el denunciante resulta incómodo para la conducción de CALF: cuando la cooperativa anunció una inversión cercana a 2 millones de dólares con Siemens, informó públicamente tanto el monto como el proveedor y las características generales del proyecto. Respecto de Huawei, en cambio, no aparece el mismo nivel de detalle.

La diferencia explica por qué la denuncia reclama que la Justicia obtenga los contratos y determine qué condiciones aceptaron los directivos de la cooperativa y qué conocimiento tuvieron provincia y municipio.

Estados Unidos también se metió en la disputa

La controversia adquirió además una dimensión internacional. La presentación menciona un supuesto mensaje de WhatsApp recibido el 12 de julio de 2026 por un gerente de CALF y atribuido a Andrew Dilts, funcionario del área de Asuntos Económicos de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina.

De acuerdo con la información relevada por el denunciante, el mensaje habría relacionado la continuidad de la alianza con Huawei con eventuales consecuencias sobre visas estadounidenses.

Pero el propio escrito evita sacar conclusiones anticipadas: pide comprobar la autenticidad, integridad, contexto y finalidad de aquella comunicación y señala expresamente que todavía no corresponde calificarla como amenaza, coacción, advertencia institucional o simple transmisión de la política consular norteamericana.

La intervención estadounidense confirma, al menos, que una decisión presentada inicialmente como comercial terminó adquiriendo una dimensión geopolítica mucho mayor.

El contexto se vuelve todavía más sensible porque en Neuquén funciona desde hace años la Estación CLTC-CONAE, construida en el marco de la cooperación entre Argentina y China y destinada oficialmente al seguimiento y control de misiones de exploración espacial.

La investigación judicial, por lo tanto, tendrá que determinar algo bastante más concreto y políticamente incómodo: cómo una alianza comercial entre CALF y Huawei terminó proyectándose sobre infraestructura pública, almacenamiento de datos y servicios tecnológicos relacionados con Vaca Muerta; quién permitió ese crecimiento y bajo qué controles.

La denuncia reclama contratos, actas del Consejo de Administración, balances, documentación del viaje a China, expedientes provinciales y municipales, información del crédito del BPN y hasta pericias sobre arquitectura tecnológica, accesos remotos, credenciales, respaldos y configuraciones de red.

En definitiva, no se encuentra acreditado que Huawei haya accedido ilegalmente a información estratégica ni que funcionarios neuquinos hayan cometido delitos. Pero la denuncia que ya llegó al fuero federal instala una pregunta que el gobierno de Rolando Figueroa, la municipalidad de Neuquén y la conducción de CALF deberán responder: qué se acordó realmente con Huawei y hasta dónde llega su participación en la infraestructura tecnológica del corazón energético argentino. (www.REALPOLITIK.com.ar)