Sebastián Moltracio, abogado querellante, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la ampliación de la denuncia penal por desinterés, incumplimiento judicial y abandono de personas en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), apuntó contra las autoridades por el corte de prestaciones básicas a adultos mayores y advirtió sobre la gravedad del ajuste sobre la salud de los afiliados.

"Ampliamos la denuncia contra el nuevo administrador, el coronel Ariel Guzmán, porque continúan los incumplimientos. No están pagando las prestaciones de geriatría de mis amparados e incluso falleció una de las amparistas durante este tiempo de retrasos e imposiciones burocráticas para dilatar los pagos", señaló Moltracio al referirse a la situación de desamparo que atraviesan los beneficiarios.

En ese sentido, el letrado remarcó que las faltas de pago ocurren aun cuando existen mandas judiciales firmes. "Invocan trabas administrativas cuando se trata de amparistas judicializados con sentencias firmes. Hay un abandono absoluto de la tercera edad: estamos hablando de adultos mayores de 86 y 103 años, personas que aportaron más de 50 años a las Fuerzas Armadas y que hoy quedan desprotegidas", afirmó.

Asociación ilícita, ministros denunciados y parálisis administrativa

El abogado explicó además que en la presentación judicial se incorporó la figura penal de asociación ilícita agravada debido a la estructura organizacional involucrada. "Se da toda la tipificación penal porque involucra a oficiales, suboficiales de las fuerzas y funcionarios públicos actuando en más de una provincia. Además, la denuncia abarca a por lo menos 25 personas, incluyendo al ministro de Defensa y a los miembros de los últimos directorios", sostuvo.

Moltracio también apuntó a las irregularidades en el manejo económico de la entidad y la falta de respuestas en las sedes oficiales. "El circuito del dinero está, pero no sabemos dónde van a parar los fondos retenidos en tesorería. Vas a las oficinas y la respuesta sistemática de los empleados es que 'no hay plata'. Ni siquiera pueden cumplir con las funciones básicas", subrayó.

Por último, advirtió sobre la incertidumbre judicial en torno a la unificación de las denuncias presentadas ante la Justicia Federal. "El expediente pasó al Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, pero aún resta resolver qué magistrado asumirá la competencia unificada de las causas, que incluyen denuncias de la diputada Lourdes Arrieta y otros afiliados por falta de diálisis, insumos y cirugías urgentes. Mientras tanto, el filo de la motosierra sigue cayendo sobre los afiliados", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)