El amarre del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en el Puerto de Ushuaia generó un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Tierra del Fuego y la administración de Javier Milei. Mientras la provincia que gobierna Gustavo Melella cuestionó la presencia de una embarcación vinculada a la Corona británica en la capital fueguina, desde Nación defendieron la operación y aseguraron que no se vulneró ninguna norma.

En ese contexto, el diputado nacional fueguino Jorge “Koky” Araujo dialogó con REALPOLITIK y confirmó la presentación de un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para conocer en qué circunstancias se autorizó el ingreso del petrolero, qué controles se realizaron, quién estuvo detrás de la operación y qué fundamentos jurídicos se utilizaron.

Para el legislador, el episodio no puede reducirse a una cuestión administrativa. En su interpretación, están involucrados los hidrocarburos, los recursos naturales, la soberanía, el Atlántico Sur, Malvinas y el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia.

“Puerto intervenido, todo permitido”

El diputado sintetizó su posición con una frase contundente: “Puerto Intervenido, todo permitido”. Araujo sostuvo que Tierra del Fuego atraviesa “una situación muy delicada”, especialmente porque considera que el episodio se inscribe en un escenario de pérdida de soberanía.

“Hoy en la provincia de Tierra del Fuego estamos atravesando una situación muy delicada, sobre todo porque estamos hablando de pérdida de soberanía. Queremos saber y requerimos explicaciones claras, precisas y documentadas”.

Jorge "Koky" Araujo.

En ese marco, explicó los motivos por los cuales llevó la discusión al Congreso de la Nación Argentina: “Hemos presentado un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional para conocer en qué circunstancias se autorizó el ingreso y amarre en el puerto de Ushuaia de un barco con bandera británica, el buque petrolero VS Promise, un buque tanque destinado al transporte de petróleo crudo registrado bajo pabellón de la isla de Man, dependencia de la corona británica”.

El legislador detalló los puntos sobre los cuales pretende obtener respuestas oficiales: “Queremos saber quién autorizó su ingreso, qué controles se realizaron, qué transportaba, quién lo contrató, qué empresas estuvieron vinculadas a su operación y, fundamentalmente, si se respetó la legislación nacional y provincial vigente”.

La ley Gaucho Rivero, en el centro de la discusión

Uno de los principales interrogantes planteados por Araujo está relacionado con la aplicación de la ley Gaucho Rivero, normativa provincial vinculada con las restricciones a buques asociados al Reino Unido y las actividades hidrocarburíferas en la zona de Malvinas.

El diputado reclamó conocer qué análisis jurídico se realizó antes de permitir el ingreso de la embarcación: “Queremos saber si se analizó la ley Gaucho-Rivero y qué interpretación jurídica se realizó respecto a este buque registrado en el territorio dependiente de la corona británica”.

La intervención del Puerto de Ushuaia fue justificada por el Gobierno nacional invocando la defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos argentinos.

Los hechos ocurridos bajo la administración de la ANPyN exponen hoy una contradicción que no puede ser ignorada. pic.twitter.com/nCzI2CHvef

— Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS (@findelmundoar) August 24, 2026

Para Araujo, la controversia excede ampliamente la presencia circunstancial de un petrolero en la terminal fueguina: “Esto no es solamente el ingreso de un barco, estamos hablando de hidrocarburos, recursos naturales, soberanía, Atlántico Sur, Malvinas y del carácter estratégico del puerto de Ushuaia”.

Por ese motivo, reivindicó el rol del Congreso y reclamó documentación oficial antes que argumentos políticos: “El Congreso tiene la obligación de controlar y lo que estamos pidiendo es muy concreto, documentación, fundamentos jurídicos y respuesta, no explicaciones políticas”.

La responsabilidad de Nación, bajo la lupa

En la misma línea, la diputada nacional fueguina Andrea Freites dialogó con REALPOLITIK y cuestionó que el episodio pueda ser considerado un hecho portuario más. La legisladora puso el foco en la dimensión territorial y soberana de la cuestión Malvinas.

“No puede ser tomado como un hecho más lo que sucedió en el puerto de Ushuaia. Estamos hablando del ingreso y el amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia, en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para nosotros la cuestión Malvinas no es una consigna, es parte de nuestra provincia, es parte de nuestra historia”.

Freites reclamó que el episodio sea esclarecido y enumeró los datos que, según sostuvo, deben ser explicados por las autoridades nacionales: “Por eso esta situación merece ser esclarecida de manera absoluta, saber qué buque ingresó, de dónde venía, cuál era su actividad, qué autorizaciones tuvo y qué controles realizó el Estado Nacional para autorizar su ingreso”.

Andrea Freites. 

La diputada también señaló como un punto central la intervención del Puerto de Ushuaia, al recordar que desde enero de 2026 la administración nacional tiene una responsabilidad directa sobre lo que sucede en la terminal. “Además, algo que se debe tener en cuenta es que hay una contradicción que no la podemos dejar de lado. El gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia en enero del 2026, entonces hoy tiene una responsabilidad directa sobre lo que sucede dentro del puerto”.

En ese sentido, cuestionó que desde el gobierno nacional se intente trasladar la responsabilidad a la provincia: “No puede mirar hacia otro lado, no puede trasladar responsabilidades, que es lo que hizo el vocero”.

Freites aclaró, además, que el reclamo no implica una oposición al desarrollo de la actividad portuaria fueguina, sino que apunta a establecer límites cuando están involucrados intereses soberanos: “Debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos y esto no significa que estemos en contra de la actividad portuaria, del turismo, del desarrollo económico, no, todo lo contrario, nosotros necesitamos tener un puerto activo, pujante, pero nunca a costa de relativizar nuestros intereses soberanos”, cerró.

El buque británico y las preguntas que ahora deberá responder Nación

Freites presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, para conocer con documentación respaldatoria las circunstancias que rodearon el ingreso, permanencia, amarre y operación del VS PROMISE, IMO N° 9351438, en el Puerto de Ushuaia.

El proyecto solicita información a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Cancillería Argentina, Prefectura Naval Argentina, secretaría de Energía y otros organismos sobre quién autorizó el amarre, qué funcionarios intervinieron, qué controles se realizaron, cuál fue el motivo de la escala, qué actividades desarrolló el buque, qué carga transportaba y qué empresas estuvieron vinculadas a la operación. También pide precisar si el petrolero realizó operaciones hidrocarburíferas en Río Cullen y si mantiene vínculos con actividades de exploración o explotación de recursos en la Cuenca de las Islas Malvinas.

El pedido pone especial énfasis en la intervención nacional del Puerto de Ushuaia y la aplicación de la Ley Gaucho Rivero. Freites solicitó conocer si antes de autorizar el ingreso se analizó jurídicamente la normativa provincial, qué organismos participaron de esa evaluación y quién tomó finalmente la decisión de permitir el amarre.

Además, reclamó saber si la Cancillería fue consultada previamente. En los fundamentos, la legisladora sostuvo que el objetivo no es obstaculizar la actividad portuaria, sino determinar las responsabilidades y garantizar que las decisiones adoptadas sobre una terminal estratégica para el Atlántico Sur estén debidamente fundamentadas y contemplen los intereses soberanos argentinos.

El impacto de los Tratados de Madrid en la soberanía del Atlántico Sur

En diálogo con este medio, el abogado Gustavo Zandonadi aportó otra mirada sobre el trasfondo del episodio y vinculó la posibilidad de que un buque británico opere en un puerto fueguino con las consecuencias que, según su interpretación, tuvieron los Tratados de Madrid de 1990.

“Esto es algo que es posible, o sea, llegar a tan alto nivel de humillación como país. Es posible por la vigencia de los tratados de Madrid de 1990, que firmó Domingo Cavallo como canciller y que después fue puesto por Menem como ministro de Economía justamente para dar cumplimiento, para poner en práctica esos tratados”.

Zandonadi recordó además el análisis realizado por el profesor Julio Carlos González sobre aquellos acuerdos y sostuvo que sus consecuencias excedieron la cuestión diplomática vinculada con Malvinas. “Los tratados hicieron posible que aquello que en el mapa figura como mar argentino, en la práctica sea mar anglo argentino”.

Buque británico petrolero VS Promise. 

Desde esa perspectiva, el abogado interpretó la llegada del petrolero británico a Tierra del Fuego como parte de un esquema geopolítico más amplio:

“Los tipos vienen y atracan en Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego para ellos no es más que una extensión de las Malvinas, es un barrio tras mano de las Malvinas, como toda la Patagonia, como todo lo que es el mar argentino que a partir de esos tratados, para ellos se convirtió en un río interior, es decir, para ellos navegar nuestro mar es como navegar un río interno de la propia Gran Bretaña”.

Las declaraciones de Zandonadi incorporan así una dimensión histórica al conflicto actual: desde su perspectiva, el problema no comienza con el VS Promise, sino que se inscribe en un proceso iniciado décadas atrás y relacionado con las condiciones establecidas en los acuerdos firmados con el Reino Unido.

Ravier defendió el ingreso del petrolero

La respuesta del gobierno nacional llegó a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien durante su conferencia de prensa explicó que el VS Promise había cargado petróleo crudo en la zona de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y posteriormente ingresó a Ushuaia para aprovisionarse.

Ravier remarcó que el buque no llegaba desde las Islas Malvinas y que su actividad previa se había desarrollado dentro de la propia provincia: “El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para aprovisionarse”.

El vocero presidencial utilizó ese argumento para sostener que la embarcación “no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”.

También puso el foco en la jurisdicción de la monoboya utilizada para cargar el crudo y sostuvo que el Gobierno fueguino había avalado inicialmente el ingreso: “A su vez la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar”.

La interpretación del gobierno sobre la ley Gaucho Rivero

Ravier también rechazó que el ingreso del VS Promise haya violado la legislación provincial. Según su interpretación, la ley Gaucho Rivero no establece una prohibición general para todos los buques relacionados con el Reino Unido, sino que alcanza a aquellos vinculados con la exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas.

“El accionar del buque no viola ninguna ley. La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas”.

El vocero presidencial Adrián Ravier. 

Y precisó: “En este caso, esa ley no aplica, en tanto la ley Gaucho Rivero no prohíbe indiscriminadamente el ingreso a puertos fueguinos de todo buque vinculado al Reino Unido. Su Artículo 2 alcanza aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas”.

A partir de esa interpretación, el gobierno nacional sostuvo que existieron competencias diferenciadas entre Nación y la provincia de Tierra del Fuego: “Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto”.

Ravier también negó que el episodio implique una afectación de los intereses soberanos argentinos: “No hay ninguna pérdida de soberanía, no hay ningún riesgo para la Argentina”.

Finalmente, defendió el impacto económico de la operación: “En todo caso, el aprovisionamiento de este buque también genera actividad económica dentro de Tierra del Fuego y, en todo caso, es una cuestión que está bajo la jurisdicción del gobierno de Tierra del Fuego”.

Araujo cruzó al gobierno por la intervención del puerto

Las explicaciones de Ravier fueron cuestionadas por Araujo, quien puso el foco en una cuestión central: el Puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por el gobierno nacional. El diputado recordó que el propio vocero presidencial había intentado trasladar la responsabilidad a la administración fueguina: “El vocero presidencial cargó las responsabilidades sobre el gobierno provincial diciendo que el que permitió el ingreso de este buque es el gobierno provincial”.

Para Araujo, esa explicación resulta contradictoria con la situación actual de la terminal: “Difícilmente puede hacer responsabilidad el gobierno provincial cuando el puerto de Ushuaia está intervenido por el gobierno nacional”. Y agregó: “Las autorizaciones obviamente vienen desde el gobierno nacional”.

Plan de entrega de la soberanía en el Atlántico Sur

El episodio del VS Promise no puede analizarse de manera aislada. La embarcación ingresó a una terminal cuya administración fue desplazada de la órbita provincial mediante una intervención nacional que Tierra del Fuego cuestionó judicialmente. La paradoja es evidente: Nación justificó el control del puerto por su carácter estratégico y por la necesidad de preservar los intereses argentinos en el Atlántico Sur, pero bajo esa misma administración terminó autorizándose el aprovisionamiento de un petrolero de bandera británica.

La situación adquiere todavía mayor dimensión cuando se la relaciona con el avance de Navitas Petroleum sobre el proyecto Sea Lion y otros activos hidrocarburíferos de la Cuenca Malvinas Norte. Mientras una empresa extranjera avanza sobre la explotación de recursos en las Islas, cuya soberanía la Argentina reclama, en el continente un buque bajo bandera británica pudo operar en el puerto estratégico de Ushuaia.

La secuencia resulta difícil de ignorar: el gobierno de Milei arrebató a Tierra del Fuego la administración de un puerto estratégico, permitió allí el aprovisionamiento de un buque de bandera británica y, al mismo tiempo, el Reino Unido y las empresas que operan bajo su autorización avanzan sobre los recursos hidrocarburíferos de Malvinas.

No se trata de episodios desconectados. La intervención de Ushuaia, la operación del VS Promise y el avance de la explotación hidrocarburífera en Malvinas exponen una misma discusión: qué lugar ocupa la defensa de la soberanía argentina en la política de Javier Milei hacia el Atlántico Sur.

Las decisiones adoptadas por la administración libertaria configuran una entrega deliberada de posiciones estratégicas y de soberanía argentina en el Atlántico Sur, en un contexto en el que los intereses británicos consolidan su presencia sobre las Islas y sus recursos naturales.

El pedido de informes de diputados de la oposición busca determinar las responsabilidades concretas detrás del amarre del petrolero. Pero el debate excede al VS Promise: mientras el Reino Unido avanza sobre los hidrocarburos de Malvinas, el gobierno libertario mantiene bajo control nacional el puerto estratégico de Ushuaia y permite allí la operación de un buque británico.

El caso deja abiertos varios interrogantes sobre el rumbo de la política nacional en el Atlántico Sur: ¿por qué un puerto intervenido por Nación terminó recibiendo a un buque de bandera británica?, ¿qué criterios se utilizaron para autorizar su ingreso?, ¿cómo se compatibiliza esa decisión con la defensa de la soberanía sobre Malvinas? Y, ante el avance de los proyectos hidrocarburíferos en las Islas, ¿el gobierno de La Libertad Avanza está dejando al libre albedrío de los británicos el uso de las aguas del Atlántico Sur que la Argentina reclama como propias? (www.REALPOLITIK.com.ar)