La polémica por la adjudicación de viviendas sociales en Dolores ya no golpea sólo a los presuntos beneficiarios. La nueva denuncia penal presentada por María Teresa Díaz también deja bajo presión al Instituto de la Vivienda bonaerense, el organismo que debía controlar quién recibía, quién ocupaba y si se cumplían las condiciones de permanencia en una unidad habitacional financiada con fondos públicos.

Luego de la presentación administrativa realizada ante el propio Instituto, la denunciante pidió ahora que la Justicia investigue si Mario Faustino Agüero, funcionario bonaerense, y Karina Ivana Salto obtuvieron o mantuvieron beneficios habitacionales estatales mediante información presuntamente incompatible con su situación real de residencia. Pero la pregunta política de fondo apunta más arriba: qué hizo el Estado bonaerense para verificar la ocupación efectiva de esas viviendas.

El planteo, según la documentación aportada por la denunciante, apunta a una posible defraudación a la administración pública, falsedad ideológica y otras figuras que pudieran surgir de la investigación. El eje es sensible: mientras la pareja aparece vinculada a una vivienda del plan federal de viviendas en Dolores, distintas constancias judiciales, testimoniales e informes sociales los ubicarían durante años en otra propiedad, situada en Ramos Mejía 255, inmueble que Díaz reclama como parte de su familia y que se encuentra involucrado en un juicio de desalojo.

El caso expone una zona incómoda para el Instituto de la Vivienda que conduce Diego Menéndez: si esa contradicción estaba documentada en expedientes judiciales y administrativos, la pregunta inevitable es por qué el organismo no detectó antes la situación o, si la detectó, por qué no avanzó con una revisión de fondo.

La denunciante sostiene además que la documentación entregada por el propio Instituto abriría una sospecha todavía más delicada: la existencia de dos nomenclaturas catastrales distintas, identificadas como manzana 314M y 314N, ambas vinculadas —según su presentación— a Agüero y Salto. Ese punto deberá ser corroborado oficialmente, pero obliga al organismo a dar una explicación básica: si se trataba de una sola vivienda, por qué la documentación exhibiría dos referencias catastrales; y si eran dos inmuebles, cómo se permitió semejante concentración de beneficios en una misma familia.

El control que no apareció

La documentación judicial aportada refuerza la línea que Díaz viene denunciando desde hace meses. En distintas testimoniales de la IPP 03-00004726/17, vecinos del entorno de Ramos Mejía ubican a Agüero, Salto y su grupo familiar en esa zona. En una declaración, una vecina sostuvo que “pegado a los dúplex vive Agüero Mario, junto a su esposa, llamada Karina Salto, y dos hijos varones”, y agregó que la familia vivía en Ramos Mejía 255.

A esa secuencia se suma un informe social de la defensoría departamental de Dolores. Allí, la perito asistente social se constituyó en Ramos Mejía 259 y entrevistó a Agüero, quien relató encontrarse casado con Salto y convivir con sus hijos. En el mismo informe se menciona que Salto se desempeñaba en una guardería y que Agüero trabajaba en el gobierno de Axel Kicillof.

La nueva denuncia penal toma esos antecedentes para sostener que los adjudicatarios habrían mantenido una situación habitacional distinta a la que debía justificar el acceso o permanencia en una vivienda social. La presentación también pide que se investigue quién ocupó efectivamente la unidad estatal, durante qué período, si hubo inspecciones posteriores y si el Instituto de la Vivienda o la municipalidad de Dolores, que conduce el intendente Juan Pablo García, fueron informados sobre eventuales cambios de ocupación.

El planteo incorpora además una discusión patrimonial. Un informe de dominio del Registro Automotor identifica a Agüero como titular de un vehículo Chery Tiggo 5 2.0 Luxury CVT, importado, modelo 2017, con Salto consignada como cónyuge y el bien registrado como ganancial.

Ese dato no prueba, por sí solo, una incompatibilidad automática con el acceso a una vivienda social. Pero en el contexto de una denuncia penal por presunta defraudación al Estado, suma un elemento que los investigadores deberán evaluar: si los beneficiarios cumplían los requisitos socioeconómicos y habitacionales exigidos por el programa.

La presentación también menciona expedientes civiles y penales anteriores, entre ellos causas por desalojo, estelionato y daños, además de actuaciones vinculadas a la ocupación de inmuebles en Ramos Mejía. En una presentación judicial, Agüero habría indicado que en 2008 adquirió la posesión de un inmueble mediante una operación con una persona de apellido Macía, con intervención de un tercero.

Para la denunciante, esa afirmación resulta clave: si Agüero y Salto decían residir o ejercer posesión sobre otro inmueble desde 2008, corresponde determinar qué información aportaron para acceder al beneficio habitacional, qué declararon sobre su situación familiar y si ocuparon efectivamente la vivienda adjudicada.

El municipio de Dolores y el Instituto de la Vivienda bonaerense quedan ahora frente a una situación difícil de esquivar. La primera denuncia ya había pedido revisar censos, controles municipales y ocupación efectiva. La nueva presentación penal eleva la apuesta y solicita medidas de prueba sobre el expediente completo de adjudicación, declaraciones juradas, informes sociales, relevamientos censales, inspecciones posteriores y toda documentación vinculada a la permanencia en el inmueble.

En una provincia donde millones de familias siguen esperando una solución habitacional, el caso obliga a una respuesta oficial. La pregunta ya no es sólo quién recibió la vivienda, sino qué hizo el Instituto de la Vivienda para comprobar que el beneficio cumpliera su finalidad social. Porque cuando una casa financiada por el Estado no llega a quien la necesita, el problema deja de ser un conflicto privado y pasa a ser una falla política del sistema. (www.REALPOLITIK.com.ar)