Las últimas investigaciones de REALPOLITIK permitieron reconstruir una serie de relaciones familiares, institucionales y financieras alrededor del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Primero apareció su hermano Hugo Elbio Bianco dentro de Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), una organización históricamente vinculada con Banco Nación y posteriormente integrada a circuitos financieros de Banco Provincia, FOGABA y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Después, este medio reveló que el Club Social y Deportivo Tucumán de Quilmes, presidido por Carlos Bianco entre 2018 y 2020 y actualmente encabezado por Hugo Bianco, recibió asistencia económica durante los gobiernos de Alberto Fernández y de la intendenta quilmeña Mayra Mendoza.

Ahora, un nuevo dato amplía el entramado: Laura Edith López, pareja y conviviente de Hugo Elbio Bianco, fue contratada por el ministerio conducido por su cuñado y posteriormente destinada a la dirección de Compras y Contrataciones, una dependencia que interviene directamente en la administración de recursos, elaboración de pliegos, selección de oferentes y emisión de órdenes de compra.

Los registros comerciales, fiscales y laborales consultados por REALPOLITIK vinculan a López y Hugo Bianco con un mismo domicilio en Quilmes. No se trata, por lo tanto, de una coincidencia de apellidos ni de una relación circunstancial: López es la pareja del hermano del ministro y forma parte de su círculo familiar directo.

De un contrato por un mes a la planta temporaria

Según pudo reconstruir este medio, el ingreso de Laura Edith López al Estado bonaerense comenzó formalmente el 1 de diciembre de 2024. Mediante la disposición 145/2024, la subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del ministerio de Gobierno aprobó su contratación por el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de ese año.

El acto administrativo, firmado por la subsecretaria Cecilia Pérez Araujo, estableció para López un perfil de “Asistente Nivel II”, con una dedicación de treinta horas semanales y una contraprestación de 750 Unidades Retributivas de Contratación. La disposición sostuvo que resultaba “indispensable” contar con sus servicios y que reunía las condiciones de idoneidad, mérito y aptitud necesarias.

Aquella contratación duró formalmente apenas un mes, pero terminó convirtiéndose en la puerta de entrada a una relación más estable con la administración de Axel Kicillof.

El 30 de octubre de 2025, Carlos Bianco y la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila, firmaron la resolución conjunta 3947/2025. El acto designó a López como personal transitorio mensualizado de la planta temporaria, con una remuneración equivalente a la categoría 5 del agrupamiento administrativo y un régimen de cuarenta horas semanales.

La designación fue dispuesta con efecto retroactivo al 1 de abril de 2025 y se extendió hasta el 31 de diciembre. Es decir, fue formalizada por Bianco siete meses después de la fecha desde la cual se le reconocía vigencia. La documentación pública localizada no permite establecer bajo qué modalidad quedó encuadrada López entre enero y marzo de aquel año.

El anexo despeja cualquier duda sobre su destino: subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal, dirección General de Administración y, específicamente, dirección de Compras y Contrataciones (resolución conjunta 3947/2025).

La continuidad volvió a resolverse en 2026. El 22 de julio, otra resolución conjunta firmada por Carlos Bianco y Agustina Vila la designó retroactivamente desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2026.

López mantuvo la categoría 5, el agrupamiento administrativo, la jornada de cuarenta horas y el mismo lugar de prestación de servicios. La renovación fue formalizada casi siete meses después del comienzo del período que cubría (resolución conjunta 2204/2026).

De esta manera, la pareja de Hugo Bianco pasó de un contrato de servicios por un solo mes a integrar durante dos ejercicios consecutivos la planta temporaria del ministerio que conduce su cuñado. Y no fue destinada a una oficina secundaria o a una delegación territorial, sino a una de las dependencias más sensibles de cualquier estructura estatal.

Un área que interviene en pliegos, oferentes y órdenes de compra

La dirección de Compras y Contrataciones depende de la dirección General de Administración del ministerio de Gobierno. Sus funciones oficiales fueron delimitadas por el decreto 3/2024, firmado por Axel Kicillof y el propio Carlos Bianco.

Según esa estructura, el área debe intervenir directamente en la gestión previa y ejecución de toda compra o venta del ministerio, ejercer controles y fiscalización, elaborar junto con Presupuesto el programa anual de compras y contrataciones y participar en la confección de los pliegos.

También recibe y organiza los pedidos de adquisición y contratación de bienes o servicios, confecciona pliegos de condiciones particulares, circulares, dictámenes de preadjudicación y órdenes de compra. En otras palabras, es una dependencia que interviene en prácticamente todas las instancias administrativas que conectan al ministerio con proveedores privados.

La resolución de designación no detalla qué tareas concretas cumple López ni si participa en expedientes determinados. Tampoco existe, hasta el momento, documentación que permita atribuirle intervención personal en alguna adjudicación.

Pero su ubicación administrativa no resulta irrelevante. López posee antecedentes laborales en cuatro empresas privadas y, según pudo comprobar REALPOLITIK, por lo menos dos de ellas mantienen o mantuvieron negocios con organismos estatales.

Cuatro empleadoras privadas bajo la lupa

Los registros laborales consultados ubican el primer antecedente privado de Laura Edith López en AMACOM SRL, con una fecha de vinculación registrada el 1 de octubre de 2008.

AMACOM se desempeñaba dentro del rubro de telefonía celular y comercialización de servicios de comunicaciones, presentada en distintos antecedentes comerciales como agente oficial de Movistar. La empresa tuvo establecimientos en Quilmes y San Francisco Solano.

En diciembre de 2017, la municipalidad de Quilmes le concedió una habilitación comercial para un local de San Francisco Solano. Posteriormente también aparece la baja de otra habilitación correspondiente a un comercio ubicado en el centro de Quilmes. 

Hasta el momento, REALPOLITIK no encontró adjudicaciones, órdenes de compra ni pagos públicos otorgados a AMACOM por organismos nacionales, bonaerenses o porteños. Por lo tanto, no puede afirmarse que la empresa haya tenido negocios con el Estado.

El segundo antecedente corresponde a Desarrollo Humano SA, con una relación laboral registrada desde el 1 de marzo de 2009. La compañía funcionó como empresa de servicios eventuales, dedicada a suministrar personal temporario a otras firmas.

Desarrollo Humano no aparece como adjudicataria de contratos públicos en los registros relevados, pero sí accedió a un beneficio económico estatal.

En septiembre de 2009, la secretaría de Empleo de la Nación aprobó proyectos correspondientes al régimen de crédito fiscal. Desarrollo Humano quedó en el puesto 44 del orden de mérito, con un monto asignado de 297.480 pesos. Como la resolución habilitó la ejecución de los proyectos ubicados hasta el puesto 238, la empresa quedó dentro del grupo autorizado para acceder al beneficio (resolución 1027/2009).

No fue una licitación ni una contratación para prestar servicios al Estado, sino un beneficio fiscal destinado a proyectos de capacitación y empleo. La diferencia es relevante: Desarrollo Humano recibió asistencia estatal, pero no aparece como proveedora pública.

Diez años después, en diciembre de 2019, la propia sociedad comunicó su decisión de dar de baja la habilitación como empresa de servicios eventuales.

Asociart y Martínez de Alzaga: negocios comprobados con el sector público

El tercer antecedente laboral de López es Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo, identificada en las bases consultadas con una relación registrada desde el 1 de enero de 2014.

En este caso, los negocios estatales son comprobables. Asociart fue contratada por universidades nacionales, organismos públicos y municipios para brindar cobertura de riesgos del trabajo.

Por ejemplo, la Universidad Nacional del Sur le adjudicó en diciembre de 2017 una contratación por 7.998.694,56 pesos. Dos años después, la misma institución volvió a adjudicarle el servicio por 11.173.859,51 pesos. Ambos valores son históricos y corresponden a la moneda de cada período.

Más recientemente, en 2024, la municipalidad de Benito Juárez le adjudicó la cobertura de ART y enfermedades profesionales para sus trabajadores. Asociart fue la única oferente presentada y obtuvo la contratación con una alícuota del 1,40 por ciento. 

Que una aseguradora de riesgos del trabajo tenga clientes estatales no constituye por sí mismo una irregularidad. Sin embargo, confirma que una antigua empleadora de López participa regularmente en procedimientos de compras y contrataciones públicas.

El cuarto antecedente es Martínez de Alzaga SA, donde la vinculación laboral de López aparece registrada desde el 1 de mayo de 2014. La empresa se dedica a la tercerización de servicios, gestión de cobranzas, mora temprana, recupero extrajudicial, atención al cliente y tareas de back office.

También en este caso existe una relación comercial comprobada con el sector público. Banco Ciudad mantiene actualmente a Martínez de Alzaga dentro de su listado oficial de empresas encargadas de gestionar cobranzas.

En agosto de 2025, la entidad bancaria porteña la incluyó en la preadjudicación de un servicio de gestión de cobranzas de mora temprana por doce meses, prorrogables por otro año.

La propuesta contemplaba tres posiciones fijas, con un importe mensual de 1.611.003 pesos más IVA por cada una. El monto total previsto para Martínez de Alzaga alcanzaba hasta 83.167.128 pesos más IVA. En este punto, vale aclarar que el documento localizado por este medio corresponde a una preadjudicación.

La empresa ya registraba antecedentes similares con Banco Ciudad desde al menos 2015, también por servicios vinculados con el recupero de deuda y la gestión de mora temprana.

Los registros laborales no implican que exista un conflicto de intereses. El dato político, sin embargo, ya está acreditado. La pareja de Hugo Bianco fue contratada por el ministerio de su cuñado; el propio Carlos Bianco firmó su incorporación y renovación; y la ubicó administrativamente en el área encargada de tramitar compras, elaborar pliegos, intervenir en preadjudicaciones y confeccionar órdenes de compra.

El caso suma así un nuevo capítulo al entramado familiar revelado por REALPOLITIK: Hugo Bianco dentro de Garantizar SGR y al frente de un club beneficiado con asistencia estatal; y su pareja, Laura Edith López, incorporada por Carlos Bianco a una dependencia estratégica del ministerio que maneja. Una estructura donde los vínculos familiares vuelven a cruzarse con áreas sensibles de la administración pública bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)